VII Convenio General del Sector de la Construcción 2023

Art. L1-1. Partes signatarias.

1. Son partes firmantes del presente Convenio General, de una parte, CCOO del

Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de

Trabajadores (UGT FICA), como representación sindical y, de otra parte, la

Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en representación empresarial.

2. Las partes signatarias se reconocen mutuamente legitimación para negociar el

presente Convenio.

Art. L1-2. Naturaleza jurídica.

1. El Convenio General del Sector de la Construcción ha sido negociado al amparo

del Título III del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) y, en particular, de conformidad con

los artículos 83 y 84 de dicho texto legal. Sus disposiciones tienen naturaleza normativa

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y eficacia general, por lo que obligan a todas las asociaciones y entidades comprendidas

dentro de sus ámbitos funcional, personal y territorial.

2. El presente Convenio queda abierto a la adhesión de otras organizaciones

sindicales y empresariales representativas en distintos ámbitos a los pactados, previo

acuerdo de las partes signatarias.

Art. L1-3. Ámbito funcional.

1. El presente Convenio General será de obligado cumplimiento en todas las

actividades propias del sector de la construcción, que son las siguientes:

a) Las dedicadas a la construcción y obras públicas.

b) La conservación y mantenimiento de infraestructuras.

c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.

d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos.

e) El comercio de la construcción mayoritario y exclusivista.

f) Las dedicadas a procesos de construcción industrializada.

2. Las actividades que integran el campo de aplicación de este Convenio General

se relacionan y detallan, a título enunciativo y no exhaustivo, en el Anexo I del mismo.

3. Asimismo, quedan integradas en el campo de aplicación de este Convenio

General, las empresas y los centros de trabajo que, sin estar incluidas expresamente en

el Anexo I, tengan como actividad principal las propias del sector de la construcción, de

acuerdo con el principio de unidad de empresa.

4. Teniendo en cuenta la concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo,

la complicación de la gestión de la prevención en éstos y lo dispuesto en la Ley

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, también estarán

sometidas a lo dispuesto en el Libro II en relación con las disposiciones mínimas de

seguridad y salud aplicables en las obras de construcción y en canteras areneras,

graveras y la explotación de tierras industriales, todas aquellas empresas que ejecuten

trabajos en los centros de trabajo considerados como obras.

Art. L1-4. Ámbito personal.

1. La normativa del presente Convenio general será de obligada y general

observancia para todas las empresas, entidades y personas trabajadoras de las

actividades enumeradas en el artículo anterior.

2. Se excluye del ámbito del presente Convenio general el personal de alta

dirección cuya relación laboral especial se regula en el Decreto 1382/1985, de 1 de

agosto. Este personal es de libre designación por la empresa. Su relación laboral se

regirá por su contrato de trabajo y, en su caso, por la normativa especial que le resulte de

aplicación.

Art. L1-5. Ámbito territorial.

Este Convenio General será de aplicación en todo el territorio del estado español.

Asimismo, será de aplicación a las personas trabajadoras contratadas en España al

servicio de empresas españolas del sector de la construcción en el extranjero, quienes

tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en

territorio español.

Art. L1-6. Ámbito material.

El Convenio General del Sector de la Construcción establece el marco normativo de

las relaciones de trabajo en el sector, regulando sus condiciones generales, con la doble

finalidad de homogeneizarlas y otorgarles carácter de permanencia y estabilidad.

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Su contenido se refiere a la regulación de las condiciones generales de trabajo a

aplicar en todo su ámbito y con la vigencia que en el propio Convenio se determina, a la

vez que comprende y desarrolla las materias reservadas a la negociación de ámbito

general previstas en el artículo 12 del presente Convenio.

Art. L1-7. Ámbito temporal.

1. El presente Convenio general extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre

de 2026. Su entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2022, surtiendo plenos

efectos desde esa fecha.

2. Una vez finalizada la vigencia de acuerdo con la cobertura otorgada por el

artículo 86.3 del E.T. y a fin de evitar el vacío normativo que en otro caso se produciría

una vez terminada la vigencia inicial del presente convenio general o la de cualquiera de

sus prórrogas, éste continuará rigiendo hasta que sea sustituido por otro tanto en su

contenido normativo como en el obligacional.

3. Durante su vigencia y de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 86.1,

párrafo segundo del E.T., las partes firmantes adquieren el compromiso de, con

independencia del ámbito temporal fijado en el apartado 1, revisar el presente Convenio

general en los supuestos tanto de modificaciones operadas por la legislación como en el

caso de remisiones a la capacidad que pueda otorgarse a la negociación colectiva para

poder adaptar a sus necesidades determinados aspectos en materia laboral.

Art. L1-8. Procedimiento de denuncia para la revisión del Convenio.

1. Cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio general podrá

solicitar por escrito a la otra la revisión del mismo con un mínimo de tres meses de

antelación al vencimiento del plazo inicial de las vigencias señaladas en el artículo

anterior o de cualquiera de sus prórrogas.

2. La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta concreta sobre

los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación y de

la propuesta se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de Trabajo.

3. La negociación del nuevo Convenio general, una vez denunciado el anterior,

deberá comenzar en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la

comunicación de la denuncia, constituyéndose en ese plazo la Comisión Negociadora.

4. El plazo máximo para la negociación del nuevo Convenio, en su caso, será de

ocho meses a partir del momento de expirar la vigencia del Convenio general anterior,

salvo para las materias contempladas en el artículo 7.2. del presente Convenio general

para los que el plazo será de 14 meses.

5. Para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el trascurso

de los plazos máximos de negociación establecidos en el apartado anterior sin

alcanzarse un acuerdo, las partes se adhieren y someten a los procedimientos no

judiciales de solución de conflictos establecidos o que puedan establecerse mediante

acuerdos interprofesionales de ámbito estatal.

Art. L1-9. Vinculación a la totalidad.

1. Las condiciones pactadas en el presente Convenio, cualquiera que sea su

naturaleza y contenido, forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación

práctica, serán consideradas globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con

vinculación a la totalidad del mismo.

2. En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción competente, en uso de las

facultades que le son propias, no aprobara o resolviera dejar sin efecto alguna de las

cláusulas de este Convenio, éste deberá ser revisado y reconsiderarse en su integridad.

A estos efectos, las partes signatarias de este Convenio general se comprometen a

reunirse dentro de los diez días hábiles siguientes al de la firmeza de la resolución

correspondiente con el objeto de resolver el problema planteado. Si en el plazo de

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cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha de la firmeza de la resolución en

cuestión las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar el

calendario de reuniones para la negociación del Convenio general en su totalidad.

Art. L1-10. Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que las personas trabajadoras

tengan reconocidas a título personal por las empresas al entrar en vigor del presente

Convenio general o cualquier otro de ámbito inferior, siempre y cuando fuesen más

favorables, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, respecto a los conceptos

cuantificables.

Estructura de la negociación colectiva

Art. L1-11. Estructura de la negociación colectiva del sector.

En virtud del presente Convenio general y de conformidad con los artículos 83.2

y 84.2 del E.T., la estructura de la negociación colectiva en el sector de la construcción

se articula en los siguientes niveles sustantivos de convenio:

a) Convenio General del Sector de la Construcción: establece la estructura de la

negociación colectiva en el sector y su contenido regula las condiciones generales de

trabajo a aplicar en todo el ámbito sectorial y con la vigencia que en el propio Convenio

general se establece buscando una homogeneización de las condiciones laborales de

las personas trabajadoras, facilitando su movilidad y protegiendo la unidad de mercado.

b) Acuerdos Sectoriales: los acuerdos sectoriales de carácter estatal que se

negocien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio general se

integrarán automáticamente como capítulos orgánicamente constitutivos del mismo,

previa intervención de la Comisión Paritaria del Sector. Estos acuerdos podrán tener por

objeto, entre otras materias, las siguientes:

– La aplicación concreta en el sector de acuerdos interconfederales.

– Cualesquiera otras materias que las partes acuerden.

Las materias reguladas en los Acuerdos Sectoriales tendrán la misma prioridad

aplicativa que corresponda de acuerdo con los criterios determinados en el artículo 13

del presente Convenio.

c) Convenios Colectivos Provinciales o, en su caso, de Comunidad Autónoma y de

ámbito inferior: serán de renovación periódica y tienen por objeto desarrollar las materias

propias de su respectivo ámbito de negociación así como aplicar en él los contenidos del

presente Convenio general y, en su caso, de los acuerdos de ámbito sectorial nacional

que se puedan producir durante la vigencia del Convenio General.

Art. L1-12. Articulación de la negociación colectiva.

1. En desarrollo de los artículos 83 y 84 del E.T., así como en cumplimiento de lo

previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el

Sector de la Construcción, se establecen los criterios en base a los que queda fijada la

articulación de la negociación colectiva en el sector:

a) Las materias contenidas en el presente Convenio general tendrán prioridad

aplicativa sobre cualesquiera otras disposiciones, salvo en aquellas en las que exista

remisión a otros ámbitos de negociación. En estos supuestos habrá que estar al carácter,

contenidos y alcance con que esté contemplada la remisión.

b) En aquellas materias en que así se establece expresamente, el presente

Convenio general tendrá carácter de norma exclusiva, en atención a su singular

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naturaleza. A estos efectos se enumeran a continuación las materias que no podrán ser

negociadas en ámbitos inferiores, quedando como aspectos reservados de forma

exclusiva a la negociación de ámbito estatal la totalidad de artículos comprendidos en el

correspondiente Libro, Título y Capítulo siguientes:

– Naturaleza jurídica, ámbitos y garantías: Libro Primero, Título Preliminar, Capítulo I,

artículos 3 al 10.

– Inaplicación de condiciones de trabajo: Libro Primero, Título Preliminar, Capítulo III,

artículos 14 al 17.

– Condiciones generales de prestación de trabajo: Libro Primero, Título I, Capítulos I

al XII, artículos 18 al 107.

– Contratación: Libro Primero, Título I, Capítulo II, artículos 22 al 27.

– Subcontratación: Libro Primero, Título I, Capítulo II, artículo 28.

– Subrogación: Libro Primero, Título I, Capítulo II, artículo 29 y la disposición

adicional cuarta.

– Clasificación profesional, grupos y áreas funcionales: Libro Primero, Título I,

– Productividad y/o tablas de rendimientos de alcance nacional: Libro Primero, Título

I, Capítulo V, artículos 39 al 47.

– Conceptos, estructura y cuantía de las percepciones económicas e incrementos,

tanto las salariales como las no salariales, salvo las percepciones no cuantificadas

numérica o porcentualmente en el presente Convenio: Libro Primero, Título I, Capítulo

VII, artículos 49 al 70.

– Modificaciones de las condiciones de trabajo: Libro Primero, Título I, Capítulo VII y

VIII, artículos 49 al 77.

– Régimen de indemnizaciones: Libro Primero, Título I, Capítulo VII, artículo 69.

– Jornada anual y descansos: Libro Primero, Título I, Capítulo VIII, artículos 71 a 75.

– Vacaciones anuales, licencias y permisos: Libro Primero, Título I, Capítulo VIII,

artículos 76 y 77.

– Movilidad funcional y geográfica: Libro Primero, Título I, Capítulo IX y X,

artículos 78 al 92.

– Suspensión, extinción de la relación laboral: Libro Primero, Título I, Capítulo XI,

artículos 93 al 99.

– Jubilación: Libro Primero, Título I, Capítulo XI, artículo 100.

– Condiciones básicas del régimen disciplinario: Libro Primero, Título I, Capítulo XII,

artículos 101 al 107.

– Órganos de representación de las personas trabajadoras en la empresa: Libro

Primero, Título II, artículos 108 al 110.

– Cuota a la Fundación Laboral de la Construcción: Libro Primero, Título V,

artículo 119.

– Órgano Paritario para la Prevención en la Construcción: Libro Segundo, Título I,

Capítulos I al V, artículos 121 al 137.

– Información y formación en seguridad y salud: Libro Segundo, Título III, Capítulos I

al III, artículos 138 al 153.

– Acreditación de la formación y Tarjeta Profesional de la Construcción: Libro

Segundo, Título III, Capítulo IV, Secciones primera a cuarta, artículos 154 al 166.

– Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo: Libro Segundo, Títulos

IV, Capítulos I al VII y Título IV, artículos 167 al 239.

– Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción: Libro

Tercero, artículo 240.

– Disposiciones transitorias primera a tercera, y disposiciones adicionales primera a

octava.

2. Las representaciones sindicales y empresariales firmantes expresan su voluntad

de que el presente Convenio general constituya referencia eficaz para establecer las

relaciones laborales en todo el sector de la construcción. A tal fin establecen que los

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ámbitos inferiores al estatal se deberán remitir al presente Convenio general en todas las

materias aquí reguladas, así como en calidad de derecho supletorio en el caso de que se

alcancen convenios o acuerdos de ámbito inferior, conformes a los términos y requisitos

del artículo 84.2 del E.T. y todo ello dado el carácter de norma prevalente dotada de

prioridad aplicativa absoluta que las partes le confieren al presente Convenio general.

3. De acuerdo con el artículo 84.3 del E.T. las partes firmantes establecen que en el

ámbito de una Comunidad Autónoma no se podrán negociar acuerdos o convenios que

afecten a lo dispuesto en el presente Convenio de ámbito estatal.

4. En lo que respecta a la negociación colectiva de ámbito provincial o, en su caso,

autonómico son materias específicas de esta concertación colectiva las siguientes:

a. El contenido obligacional de los convenios.

b. La concreción cuantitativa de las percepciones económicas no cuantificadas

numérica o porcentualmente en el presente Convenio.

c. La distribución de la jornada anual de trabajo efectivo y su regulación en cuanto a

horarios y calendarios.

d. Periodo de prueba.

e. Desarrollo del régimen disciplinario.

f. Concreción de todas aquellas medidas de flexibilidad en la empresa, tanto

funcional como geográfica, no establecidas expresamente en el presente Convenio.

g. Aplicar en su respectivo ámbito los contenidos de los acuerdos de ámbito

sectorial nacional que se puedan producir durante la vigencia del presente Convenio.

h. Cualesquiera otras materias no reguladas por los convenios de ámbito superior.

i. Cualesquiera otras materias remitidas por los convenios de ámbito superior a los

de ámbito inferior.

5. Los Convenios de ámbito provincial o, en su caso, autonómicos serán

prevalentes y por lo tanto gozarán de prioridad aplicativa sobre los convenios de ámbito

inferior, y ello respecto de las materias específicamente citadas anteriormente, y de las

acordadas en su ámbito.

6. Todo lo señalado en los apartados anteriores se establece sin perjuicio de lo

establecido en el artículo 84.1 y 2 del E.T.

Art. L1-13. Reglas de concurrencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del E.T., los supuestos de

concurrencia entre convenios colectivos de distinto ámbito se resolverán aplicando las

siguientes reglas o principios:

a) Principio de jerarquía: será unidad preferente de negociación la de ámbito

estatal, por lo que toda concurrencia conflictiva entre ésta y la de ámbitos inferiores se

resolverá con sujeción al contenido material acordado en el presente Convenio, sin

perjuicio del respeto a las normas de derecho necesario establecidas en la legislación

vigente en cada momento, y específicamente en lo establecido en el artículo 84.2 del ET.

En cualquier caso y sobre la base de lo establecido en el artículo 84.4 del E.T., resulta

preferente para el Sector de la Construcción lo negociado en el ámbito estatal en el

presente Convenio.

Los convenios colectivos de ámbito provincial o, en su caso, autonómico, que estén

en vigor cuando inicie su eficacia el presente Convenio general se entenderán

automáticamente acogidos a las condiciones reguladas en el mismo, en virtud de la

prioridad aplicativa del convenio sectorial estatal en los términos de lo dispuesto en el

artículo 12.1 del presente Convenio.

b) Principios de complementariedad y subsidiariedad: el presente Convenio general

complementa los contenidos de los convenios colectivos de ámbito inferior, siendo

además derecho supletorio en todo lo no previsto expresamente en los mismos.

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c) Principio de territorialidad: será de aplicación el convenio provincial o, en su

caso, autonómico, vigente en el lugar de prestación efectiva de los servicios.

Inaplicación de condiciones de trabajo

Art. L1-14. Concepto.

1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad

respecto del empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que

conduzcan a la aplicación de aquellas medidas que, con carácter preventivo y

coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello mediante la suspensión, siempre con

carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio general sobre determinadas

condiciones de trabajo.

Dichas medidas tendrán por objeto la inaplicación temporal y efectiva del Convenio,

todo ello dentro del marco legal y convencional establecido.

2. Este procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo se entiende sin

perjuicio de lo establecido en el artículo 82.3 del E.T.

Art. L1-15. Materias afectadas.

A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal podrá afectar a las siguientes

materias establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa que

resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del E.T.:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé

el artículo 39 del E.T.

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

Art. L1-16. Causas.

Con independencia de lo establecido en el artículo 82 del E.T., se podrá proceder a la

inaplicación, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa

alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su

situación y perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a

las posibilidades de mantenimiento del empleo; estas causas se entenderán que

concurren, entre otros supuestos, cuando el «resultado de explotación por empleado»

(es decir dicho resultado dividido entre el número promedio de personas trabajadoras

empleadas equivalentes a jornada completa del correspondiente periodo) o de «ventas»

a nivel nacional de la empresa en el último ejercicio o en los doce últimos meses sea

inferior en un 12 por ciento al promedio del resultado de explotación por empleado o

ventas en el respectivo ejercicio anterior o en los doce meses precedentes a los últimos

tomados, considerándose por tanto que existe una causa objetiva para la inaplicación.

A efectos indemnizatorios, en los casos de extinciones derivadas del artículo 50 del

E.T. o de despidos reconocidos o declarados improcedentes por causas ajenas a la

voluntad de la persona trabajadora durante la inaplicación del Convenio se tomará como

base del salario el que se debería percibir en el caso de que no se inaplicase el

Convenio.

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Art. L1-17. Procedimiento.

1. Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación

previstas en el artículo anterior comunicarán a los representantes de las personas

trabajadoras su deseo de acogerse a la misma.

En los supuestos de ausencia de representantes de las personas trabajadoras en la

empresa, se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos del sector que

estuvieran legitimados para formar parte de la Comisión Negociadora del Convenio

Colectivo de aplicación a la misma, salvo que de las personas trabajadoras atribuyan su

representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4

del E.T.

En ambos casos se comunicará el inicio del procedimiento a la Comisión Paritaria del

convenio provincial, o en su caso autonómico, o estatal.

2. El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa,

abriéndose un período de consultas con la representación de las personas trabajadoras

o comisión designada o las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre

que sumen la mayoría de los miembros del Comité de Empresa o entre los delegados de

personal.

Dicho período, que tendrá una duración no superior a 15 días, versará sobre las

causas motivadoras de la decisión empresarial, debiendo facilitar la empresa junto con la

comunicación citada en el párrafo anterior, la documentación que avale y justifique su

solicitud; entre otra posible y a meros efectos enunciativos se señala la siguiente:

Memoria explicativa, Cuentas auditadas y/o presentadas en el Registro Mercantil,

Balance de situación y cuenta de resultados y Avance de cuentas anuales previstas, o en

defecto de la anterior la documentación de carácter similar que se adecúe a las

concretas circunstancias de la empresa.

Si la inaplicación se fundamenta en el indicado porcentaje de descenso sobre el

«Resultado de explotación» o de «ventas» se deberá aportar la documentación de la

cual se desprenda la situación de la empresa y que deberá estar necesariamente

auditada o, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil.

3. Cuando el período de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que concurre

alguna de las posibles causas identificadas como de inaplicación en el artículo anterior y

sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude,

dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.

El acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo

afectado, quien a su vez remitirá copia del mismo a la Comisión Paritaria Estatal.

El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud, según sean las materias

afectadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, tanto la retribución a percibir por

las personas trabajadoras como, en su caso, la concreción de las restantes y posibles

materias inaplicadas.

En ningún caso dicha inaplicación podrá prolongarse más allá del momento que

resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.

El acuerdo de inaplicación no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones

establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas

por razones de género así como las establecidas en materia de «jornada» y «horario y

distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y

hombres.

4. En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, las partes

remitirán a la Comisión Paritaria del Convenio afectado la documentación aportada junto

con el Acta recogida en el Anexo VIII acompañada de las alegaciones que,

respectivamente, hayan podido realizar.

La Comisión, una vez examinado los documentos aportados, deberá pronunciarse

sobre si en la empresa solicitante concurren o no alguna/s de las causas de inaplicación

previstas en el artículo anterior.

Si la Comisión Paritaria lo considera necesario, recabará la documentación

complementaria que estime oportuna así como los asesoramientos técnicos pertinentes.

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Cuando el convenio afectado sea bien provincial o afecte a una comunidad

autónoma uniprovincial será competente para conocer la solicitud de inaplicación la

Comisión Paritaria Provincial.

Cuando los convenios afectados correspondan a dos o más provincias o a una

comunidad autónoma, la competencia la ostentará la Comisión Paritaria del Convenio

Estatal, o en su caso autonómico, a la que se le remitirá, junto con el Acta del Anexo VIII,

toda la documentación aportada por la empresa acompañada de las alegaciones que

hayan podido efectuarse.

Esta Comisión será igualmente competente para el caso de que los convenios

afectados sean supraautonómicos.

Dado que la inaplicación de condiciones de trabajo es materia reservada al ámbito

estatal, la Comisión Paritaria Estatal, cuando así lo considere necesario y previa

audiencia de las partes, podrá intervenir en la tramitación y/o resolución final que pueda

adoptarse sobre las solicitudes planteadas ante las Comisiones Provinciales o, en su

caso, de ámbito superior.

Tanto la Comisión Paritaria del Convenio Provincial, o en su caso Autonómico, como

la Estatal dispondrán de un plazo máximo de 7 días para resolver la inaplicación

solicitada, requiriendo los acuerdos, en cualquier caso, el voto favorable de, al menos,

el 75% de cada una de las dos representaciones, sindical y empresarial.

En su caso, la Comisión deberá determinar con exactitud las materias afectadas por

la inaplicación. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación

establecido así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas

y relativas a la discriminación retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y

distribución del tiempo de trabajo y referida a la Ley para la Igualdad.

5. En el supuesto de que la Comisión Paritaria competente no alcance acuerdo, y

dando cumplimiento al mandato recibido por las partes contenido en el Anexo VIII del

presente Convenio, las discrepancias se someterán a un arbitraje vinculante en cuyo

caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas

y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en su caso a los motivos establecidos

en el artículo 91 del E.T.

Tal y como señala el Anexo VIII del presente Convenio general y a los efectos del

sometimiento a arbitraje, será la propia Comisión Paritaria competente la que en el plazo

de los cinco días siguientes a la finalización del plazo para resolver remitirá las

actuaciones y documentación al correspondiente Servicio Interconfederal de Mediación y

Arbitraje (SIMA) u otro organismo equivalente al que se hayan adherido en el ámbito

correspondiente.

Si la Comisión Paritaria competente fue la provincial las actuaciones las remitirá al

SIMA de la provincia correspondiente.

Cuando la competencia haya estado atribuida a la Comisión Paritaria Estatal, las

actuaciones se remitirán por ésta al SIMA Estatal.

De acuerdo con lo anterior el arbitraje se someterá y dictará con la intervención,

formalidades y procedimiento establecidos en el vigente Acuerdo sobre Solución

Extrajudicial de Conflictos y asumido por el vigente Convenio Sectorial Estatal en el

artículo 120.

Para el caso de que en el futuro y durante la vigencia del presente Capítulo

referente a «Inaplicación de Condiciones de Trabajo», se estableciesen, mediante

Acuerdos Interprofesionales que afecten al presente Convenio, nuevos procedimientos

de aplicación general y directa para solventar las discrepancias, incluido el arbitraje

vinculante, surgidos en la negociación de los acuerdos establecidos en los

artículos 41.6 y 82.3 del E.T., las partes firmantes del presente Convenio Estatal se

adaptarán, en su caso, a los procedimientos que se establezcan en los citados

Acuerdos Interprofesionales.

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TÍTULO I

Condiciones de prestación del trabajo

Condiciones generales de ingreso

Art. L1-18. Ingreso en el trabajo.

1. La admisión del personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones

generales vigentes sobre colocación, así como las disposiciones especiales según el tipo

de trabajo o circunstancias de la persona trabajadora.

2. Las empresas están obligadas a comunicar a los servicios públicos de empleo,

en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de

trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito,

en los términos previstos en el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que

se regula el contenido de los Contratos de trabajo y de sus copias básicas a los servicios

públicos de empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquellos.

3. Asimismo, la empresa deberá enviar o remitir a los citados servicios la copia

básica de los contratos de trabajo, previamente entregada a la representación de las

personas trabajadoras, si la hubiere. En todo caso se le entregará una copia completa

del contrato a la persona trabajadora.

4. Se prohíbe emplear a personas trabajadoras menores de 18 años para la

ejecución de trabajos en las obras, sin perjuicio de lo establecido en el presente

Convenio general referente al contrato para la formación en alternancia y al contrato

formativo para la obtención de la práctica profesional.

5. La acreditación de la categoría profesional por la Tarjeta Profesional de la

Construcción no obliga a la empresa a la contratación de la persona trabajadora con esa

categoría.

Art. L1-19. Pruebas de aptitud.

1. Las empresas, previamente al ingreso, podrán realizar a los interesados las

pruebas de selección, prácticas y psicotécnicas, que consideren necesarias para

comprobar si su grado de aptitud y su preparación son adecuados a la categoría

profesional y puesto de trabajo que vayan a desempeñar.

2. La persona trabajadora, con independencia de su categoría profesional y antes

de su admisión en la empresa, será sometida a un control de salud, según se establece

en el artículo siguiente.

3. Una vez considerada apta, la persona trabajadora contratada deberá aportar la

documentación necesaria para la formalización del contrato de trabajo.

Art. L1-20. Vigilancia y control de salud.

1. Las partes acuerdan una serie de disposiciones acerca de la vigilancia y control

de la salud, que son las contenidas en los siguientes apartados, sin perjuicio de cuantas

obligaciones y criterios se establecen, en cuanto a la vigilancia de la salud, en el

artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. La empresa garantizará a las personas trabajadoras a su servicio la vigilancia de

su estado de salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, tanto en el

momento previo a la admisión como con carácter periódico.

3. Los reconocimientos médicos periódicos posteriores al de admisión serán de

libre aceptación para la persona trabajadora, si bien, a requerimiento de la empresa,

deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos reconocimientos.

No obstante, previo informe de la representación de las personas trabajadoras, la

empresa podrá establecer el carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en

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que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la

salud de las personas trabajadoras o para verificar si el estado de salud de la persona

trabajadora puede constituir un peligro para la misma, para las demás personas

trabajadoras o para otras personas relacionadas con la empresa. En particular, la

vigilancia de la salud será obligatoria en todos aquellos trabajos de construcción en que

existan riesgos por exposición a amianto, en los términos previstos en el Real

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las Disposiciones mínimas

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

4. En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo

de la persona trabajadora y en los periódicos, además, los gastos de desplazamiento

originados por los mismos serán a cargo de la respectiva empresa, quién podrá

concertar dichos reconocimientos con entidades que cuenten con personal sanitario con

competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

Art. L1-21. Período de prueba.

1. Salvo lo dispuesto en ámbitos inferiores podrá concertarse por escrito un período

de prueba que en ningún caso podrá exceder de:

a) Técnicos titulados superiores y medios: seis meses.

b) Empleados:

– Niveles III, excepto titulados medios, IV y V: tres meses.

– Niveles VI al X: dos meses.

– Resto de personal: quince días naturales.

c) Personal Operario:

– Encargados y Capataces: un mes.

– Resto de personal: quince días naturales.

2. Durante el período de prueba la persona trabajadora tendrá los derechos y

obligaciones correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que

desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la

relación laboral que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su

transcurso sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho

a indemnización alguna, debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.

3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el

contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a

efectos de permanencia en la empresa.

4. Los titulares de la Tarjeta Profesional de la Construcción expedida por la

Fundación Laboral de la Construcción con contrato de fijo de obra u otra modalidad de

contrato temporal, estarán exentos del período de prueba para los trabajos de su

categoría profesional, siempre que conste en su Tarjeta Profesional haber acreditado su

cumplimiento en cualquier empresa anterior.

Contratación

Art. L1-22. Contratación.

El ingreso al trabajo –que podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las

modalidades de contratación reguladas en el E.T., disposiciones complementarias y en el

presente Convenio– será para un puesto de trabajo concreto. Éste viene determinado

por las tareas o funciones que desempeñe la persona trabajadora, la categoría

profesional que le corresponda dentro de la clasificación vigente y por el centro de

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trabajo donde se desempeñe la actividad, de manera que cualquier modificación en

alguno de los factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo.

Art. L1-23. Contrato fijo de plantilla.

1. El contrato fijo de plantilla es el que conciertan la empresa y la persona

trabajadora para la prestación laboral de éste en la empresa por tiempo indefinido. Ésta

será la modalidad normal de contratación a realizar por la empresa y las personas

trabajadoras en todos los centros de trabajo de carácter permanente.

2. Con el objeto de fomentar la contratación indefinida, se podrá usar esta

modalidad contractual en los supuestos previstos en la legislación vigente.

Art. L1-24. Otras modalidades de contratación.

1. Contrato de duración determinada por circunstancias de la producción.

a) Las personas trabajadoras que formalicen contratos de duración determinada

por circunstancias de la producción, conforme a lo establecido en el artículo 15.1 del E.T.

tendrán derecho, una vez finalizado el contrato por expiración del tiempo convenido, a

percibir una indemnización de carácter no salarial por cese del 7 por 100 calculada sobre

los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable devengados durante la

vigencia del contrato, y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el

citado artículo 49.1.c) del E.T.

b) La duración máxima de los contratos de duración determinada por circunstancias

de la producción celebrados de acuerdo al indicado artículo 15.1 del E.T. se podrá

ampliar hasta un año; en caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración

inferior a los doce meses, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una

única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración de

doce meses.

2. Contrato de puesta a disposición.

Las empresas afectadas por el presente Convenio general y las Empresas de

Trabajo Temporal podrán concertar contratos de puesta a disposición.

De conformidad con el artículo 8.b) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se

regulan las Empresas de Trabajo Temporal y el artículo 17, apartado 6, de la

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de

trabajo, las empresas afectadas por el presente Convenio general no podrán celebrar

contratos de puesta a disposición para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que

expresamente se determinan en el Anexo VII del presente Convenio general, y ello por

razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los mismos. A

estos contratos les será de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Las personas trabajadoras contratadas para ser cedidas a empresas usuarias

tendrán derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la

aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo establecidas en el

correspondiente convenio colectivo sectorial que les corresponderían de haber sido

contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.

b) A estos efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las

referidas a la remuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los

períodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.

c) La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o

variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el indicado convenio

colectivo sectorial aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas a dicho puesto de

trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la parte proporcional correspondiente al descanso

semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones. Será responsabilidad

de la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales de la persona

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trabajadora y, a tal efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar las retribuciones a

que se refiere este párrafo en el contrato de puesta a disposición de la persona

trabajadora.

d) Asimismo, las personas trabajadoras contratadas para ser cedidas tendrán

derecho a que se les apliquen las mismas disposiciones que a las personas trabajadoras

de la empresa usuaria en materia de protección de las mujeres embarazadas y en

período de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y

mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir

las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las

creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.

e) Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado la persona

trabajadora tendrá derecho, además, a recibir una indemnización económica a la

finalización del contrato de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la

cantidad que resultaría de abonar una indemnización por cese del 7 por 100 calculada

sobre todos los conceptos salariales de las tablas del convenio sectorial aplicable

devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y cuando no haya establecida

otra por Ley y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el

artículo 11.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de

trabajo temporal. En este caso la indemnización podrá ser prorrateada durante la

vigencia del contrato.

f) Las personas trabajadoras cedidas por las empresas de trabajo temporal deberán

poseer la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales

necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y

experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. Siempre que se

posible esta formación se corresponderá con la prevista en el Libro II del presente

Convenio general. Las personas trabajadoras cedidas deberán estar en posesión de la

Tarjeta Profesional de la Construcción, cuando ello sea procedente.

g) Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios de transporte, de

comedor, de guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la

empresa usuaria durante el plazo de duración del contrato de puesta a disposición en las

mismas condiciones que las personas trabajadoras contratadas directamente por la

empresa usuaria.

h) La empresa usuaria deberá informar a las personas trabajadoras cedidas por

empresas de trabajo temporal, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin

de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que a las

personas trabajadoras contratadas directamente por aquella. Esta información podrá

facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de

trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la

transmisión de la información.

3. Contrato de formación en alternancia.

El contrato de formación en alternancia tendrá por objeto compatibilizar la actividad

laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la

formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades

formativas del Sistema Nacional de Empleo, tendentes al adecuado desempeño de un

oficio o puesto de trabajo cualificado en el sector de la construcción. Sus condiciones

principales son:

a) Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional. No

obstante, se podrán realizar contratos vinculados a estudios de formación profesional o

universitaria con personas que posean otra titulación siempre que no haya tenido otro

contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del mismo sector

productivo.

b) Si el contrato se suscribe en el marco de certificados de profesionalidad de

nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en alternancia de empleo–

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formación, que formen parte del Catálogo de especialidades formativas del Sistema

Nacional de Empleo, el contrato solo podrá ser concertado con personas de hasta treinta

años.

c) La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá

estar directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la

contratación laboral, coordinándose e integrándose en un programa de formación

común, elaborado en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por

las autoridades laborales o educativas de formación profesional o Universidades con

empresas y entidades colaboradoras. Además, el tipo de trabajo que debe prestar la

persona trabajadora en formación estará directamente relacionado con las tareas propias

del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto de contrato. Entre estas tareas se

incluyen las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilios y herramientas

empleados en la labor conjunta con la diligencia correspondiente a su aptitud y

conocimientos profesionales.

d) La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o

entidad de formación y otra designada por la empresa. La persona tutora de empresa

debe contar con la formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá como

función dar seguimiento al plan formativo individual en la empresa, según lo previsto en

el acuerdo de cooperación concertado con el centro o entidad formativa.

e) Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o

inscritas y los centros universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de

cooperación, elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos

individuales donde se especifique el contenido de la formación, el calendario y las

actividades y los requisitos de tutoría para el cumplimiento de sus objetivos.

f) Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada por el

centro o entidad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, como la

correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro.

g) La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa

formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse

al amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo largo de diversos periodos

anuales coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo.

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima

legal establecida y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma

asociado al contrato formativo, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta

la obtención de dicho título, certificado, acreditación o diploma sin superar nunca la

duración máxima de dos años.

h) Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo

formativo de formación profesional y titulación universitaria, certificado de profesionalidad

o itinerario de especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas del

Sistema Nacional de Empleo.

No obstante, podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias

empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de

especialidades del Catálogo citado, siempre respondan a distintas actividades vinculadas

y sin que la duración máxima de todos los contratos pueda exceder el límite de dos años.

i) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado

a las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por

ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada

máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto,

de la jornada máxima legal.

j) No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o

puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad

por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo

superiora seis meses.

k) Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán

realizar horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en

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el artículo 35.3 del E.T. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

Excepcionalmente, podrán realizarse actividades laborales en los citados periodos

cuando las actividades formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el

plan formativo no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la

actividad.

l) No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.

m) La retribución de las personas contratadas con un contrato de formación en

alternancia se ajustará a los siguientes porcentajes, aplicables al salario del nivel

retributivo de las tablas de cada convenio provincial de aplicación para el grupo

profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas, en

proporción al tiempo de trabajo efectivo:

60 % el primer año.

75 % el segundo año.

Esta retribución no podrá ser en ningún caso inferior al salario mínimo

interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

n) Asimismo, la persona trabajadora contrada para la formación en alternancia

tendrá derecho a una cuantía por fin del contrato del 4,5 por 100 calculado sobre los

conceptos salariales de las tablas del convenio devengados durante la vigencia del

contrato, calculados conforme a los criterios establecidos en la letra m) de este apartado.

4. Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional.

El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de

estudios está destinado a personas con un título universitario, título de grado medio o

superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación

profesional o título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema

educativo. Sus condiciones principales son:

a) Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario

o de un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del

sistema de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002,

de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como con

quienes posean un título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema

educativo, que habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral.

b) El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá

concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona

con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No

podrá suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado

actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a

tres meses, sin que se computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas

que formen parte del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado que

habilita esta contratación.

c) La duración de este contrato que no podrá ser inferior a seis meses, tendrá una

duración máxima de un año.

d) Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por

tiempo superior a los máximos previstos en virtud de la misma titulación o certificado

profesional. Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma empresa para

el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previstos, aunque se trate

de distinta titulación o distinto certificado. Los títulos de grado, máster y doctorado

correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación,

salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato para la realización de

práctica profesional la persona trabajadora estuviera ya en posesión del título superior de

que se trate.

e) Se podrá concertar un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de

las duraciones establecidas en el artículo 21.1 del presente Convenio.

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f) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional

adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del contrato. La empresa elaborará

el plan formativo individual en el que se especifique el contenido de la práctica

profesional, y asignará tutor o tutora que cuente con la formación o experiencia

adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del objeto del

contrato.

g) A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la

certificación del contenido de la práctica realizada.

h) Las personas contratadas con contrato de formación para la obtención de

práctica profesional no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto

previsto en el artículo 35.3 del E.T.

i) La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será de un 70 por ciento aplicable

al salario del nivel retributivo de las tablas de cada convenio provincial de aplicación para

el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas,

en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Esta retribución no podrá ser en ningún caso

inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

j) Se estará a lo que reglamentariamente se desarrolle respecto al alcance de la

formación correspondiente al contrato de formación para la obtención de prácticas

profesionales, particularmente, en el caso de acciones formativas específicas dirigidas a

la digitalización, la innovación o la sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de

microacreditaciones de los sistemas de formación profesional o universitaria.

5. Disposiciones comunes a los contratos formativos.

El contrato de formación en alternancia y el contrato formativo para la obtención de la

práctica profesional comparten una serie de normas comunes:

a) La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un

contrato formativo comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones,

incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

b) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines

de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y

violencia de género interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) El contrato deberá formalizarse por escrito e incluirá obligatoriamente el texto del

plan formativo individual, especificando el contenido de las prácticas o la formación y las

actividades de tutoría para el cumplimiento de sus objetivos. Igualmente, incorporará el

texto de los acuerdos y convenios que se establezcan con centros de formación

profesional, las entidades formativas y los centros universitarios.

d) Los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no serán de

aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con los colectivos en

situación de exclusión social previstos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en

que sean contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y

activas en el registro administrativo correspondiente. Reglamentariamente se

establecerán dichos límites para adecuarlos a los estudios, al plan o programa formativo

y al grado de discapacidad y características de estas personas.

e) Las empresas que estén aplicando algunas de las medidas de flexibilidad interna

reguladas en los artículos 47 y 47 bis del E.T. podrán concertar contratos formativos

siempre que las personas contratadas bajo esta modalidad no sustituyan funciones o

tareas realizadas habitualmente por las personas afectadas por las medidas de

suspensión o reducción de jornada.

f) Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no podrá

concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato

formativo a efectos de antigüedad en la empresa.

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g) Los contratos formativos celebrados en fraude de ley o aquellos respecto de los

cuales la empresa incumpla sus obligaciones formativas se entenderán concertados

como contratos indefinidos de carácter ordinario.

h) Se estará a lo que reglamentariamente se establezca en cuanto a los requisitos

que deben cumplirse para la celebración de los contratos formativos, tales como el

número de contratos por tamaño de centro de trabajo, las personas en formación por

tutor o tutora, o las exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla.

i) La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de las personas

trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la

contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas

formativos individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se

desarrollará la actividad de tutorización.

Asimismo, en el supuesto de diversos contratos vinculados a un único ciclo,

certificado o itinerario en los términos referidos en el apartado 3.h), la empresa deberá

trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras toda la información de la

que disponga al respecto de dichas contrataciones.

j) Las empresas que pretendan suscribir contratos formativos, podrán solicitar por

escrito al servicio público de empleo competente, información relativa a si las personas a

las que pretenden contratar han estado previamente contratadas bajo dicha modalidad y

la duración de estas contrataciones. Dicha información deberá ser trasladada a la

representación legal de las personas trabajadoras y tendrá valor liberatorio a efectos de

no exceder la duración máxima de este contrato.

Art. L1-25. Contrato indefinido adscrito a obra.

1. El artículo dos del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas

urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la

transformación del mercado de trabajo modifica la disposición adicional tercera de la

Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el Sector de la

Construcción regula la posibilidad de la extinción del contrato indefinido adscrito a obra

por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción.

De acuerdo con la citada disposición adicional tercera, sin perjuicio de lo previsto en

la sección 4.ª del capítulo III del título I del E.T., los contratos de trabajo indefinidos

adscritos a obra celebrados en el ámbito de las empresas del sector de la construcción,

podrán extinguirse por motivos inherentes a la persona trabajadora conforme a lo

dispuesto en el presente artículo, que resultará aplicable con independencia del número

de personas trabajadoras afectadas.

Tendrán la consideración de contratos indefinidos adscritos a obra aquellos que

tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras

de construcción, teniendo en cuenta las actividades establecidas en el ámbito funcional

del presente Convenio.

No es de aplicación la extinción por causas inherentes aquí regulada respecto de las

personas trabajadoras que forman parte del personal de estructura. Del mismo modo no

será de aplicación para todas aquellas personas trabajadoras con contratos indefinidos

suscritos con la empresa con anterioridad al 31 de diciembre de 2021. En estos

supuestos la finalización de la relación laboral se regirá por las condiciones generales

previstas en el E.T.

2. La finalización de la obra en la que presta servicios la persona trabajadora

determinará la obligación para la empresa de efectuarle una propuesta de recolocación,

previo desarrollo, de ser preciso, de un proceso de formación.

Este proceso será siempre a cargo de la empresa y podrá realizarse directamente o

a través de una entidad especializada, siendo preferente la formación que imparta la

Fundación Laboral de la Construcción con cargo a las cuotas empresariales. Dicha

formación se impartirá dentro de la jornada ordinaria de las personas trabajadoras

siempre que las circunstancias organizativas de la empresa lo permitan. Cuando las

circunstancias organizativas de la empresa no lo permitan se efectuará fuera de la

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jornada ordinaria pero el tiempo empleado en las horas efectivas de formación del curso

tendrá la consideración de tiempo de trabajo ordinario siendo retribuido a valor de hora

ordinaria de la tabla del convenio aplicable o compensado en tiempo de descanso

equivalente, no teniendo en ningún caso la consideración de horas extraordinarias.

En el caso de que la recolocación lo requiera, el proceso de formación tendrá una

duración de un máximo de 20 horas, según lo previsto en los apartados 1 y 2 del Anexo

XII del presente Convenio, y dicho proceso se adecuará al puesto, nivel, función y grupo

profesional que corresponda a la persona trabajadora, constituyendo requisito básico de

acceso a dicha formación que ésta resulte necesaria en función, tanto de la propuesta

formulada como del hecho de que no concurran cualquiera de los motivos de extinción

establecidos en el apartado 5 de la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

El indicado proceso de formación podrá desarrollarse con antelación a la finalización

de la obra.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por finalización de las

obras y servicios la terminación real, verificable y efectiva de los trabajos desarrollados

por la persona trabajadora.

Asimismo, tendrán la consideración de finalización de obra la disminución real del

volumen de obra por la realización paulatina de las correspondientes unidades de

ejecución debidamente acreditada, así como la paralización, definitiva o temporal, de

entidad suficiente, de una obra, por causa imprevisible para la empresa y ajena a su

voluntad.

La finalización de la obra deberá ser puesta en conocimiento de la representación

legal de las personas trabajadoras, en su caso, así como de las comisiones paritarias de

los convenios de ámbito correspondiente o, en su defecto, de los sindicatos

representativos del sector, con cinco días de antelación a su efectividad y dará lugar a la

propuesta de recolocación prevista en este artículo.

4. La propuesta de recolocación prevista en este artículo será formalizada por

escrito mediante una cláusula que se anexará al contrato de trabajo.

Esta cláusula, que deberá precisar las condiciones esenciales, ubicación de la obra y

fecha de incorporación a la misma, así como las acciones formativas exigibles para

ocupar el nuevo puesto, será sometida a aceptación por parte de la persona trabajadora

con quince días de antelación a la finalización de su trabajo en la obra en la que se

encuentre prestando servicios.

5. Una vez efectuada la propuesta de recolocación, el contrato indefinido adscrito a

obra podrá extinguirse por motivos inherentes a la persona trabajadora cuando se dé

alguna de las siguientes circunstancias:

a) La persona trabajadora afectada rechaza la recolocación.

b) La cualificación de la persona afectada, incluso tras un proceso de formación o

recualificación, no resulta adecuada a las nuevas obras que tenga la empresa en la

misma provincia, o no permite su integración en éstas, por existir un exceso de personas

con la cualificación necesaria para desarrollar sus mismas funciones.

Los criterios de prioridad o permanencia que deben operar en caso de existir un

exceso de personas con la cualificación necesaria para desarrollar las mismas funciones

dentro del mismo área funcional, nivel, función, grupo profesional y características de

este (criterios generales, formación y tareas) según lo contenido en el Anexo X y XI del

presente convenio general, seguirán el siguiente orden:

A) Persona trabajadora con más tiempo de servicio y experiencia en la empresa

para el mismo puesto a ocupar en la nueva obra.

B) Persona trabajadora con más tiempo de antigüedad en la empresa.

c) La inexistencia en la provincia en la que esté contratada la persona trabajadora

de obras de la empresa acordes a su cualificación profesional, nivel, función y grupo

profesional una vez analizada su cualificación o posible recualificación.

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En el supuesto a) anterior, la persona trabajadora deberá notificar por escrito a la

empresa la aceptación o rechazo de la propuesta en el plazo de siete días desde que

tenga conocimiento de la comunicación empresarial. Transcurrido dicho plazo sin

contestación se entenderá que la persona trabajadora rechaza la propuesta de

recolocación.

En los supuestos recogidos en los apartados b) y c) precedentes, la empresa deberá

notificar la extinción del contrato a la persona trabajadora afectada con una antelación de

quince días a su efectividad. No obstante, la empresa podrá sustituir este preaviso por

un importe equivalente a los días de preaviso omitidos calculado sobre los conceptos

salariales de las tablas del convenio colectivo que resulte de aplicación, todo ello sin

perjuicio de la notificación escrita del cese. El citado importe deberá incluirse en el recibo

de salario con la liquidación correspondiente al cese.

La extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora

deberá ser puesta en conocimiento de la representación legal de las personas

trabajadoras con una antelación de siete días a su efectividad y dará lugar a una

indemnización del 7 por ciento calculada sobre los conceptos salariales establecidos en

las tablas del convenio colectivo que resulte de aplicación y que hayan sido devengados

durante toda la vigencia del contrato.

Art. L1-26. Contrato fijo-discontinuo.

1. Dadas las peculiaridades de las actividades enmarcadas en el ámbito funcional

del presente Convenio, establecido en el artículo 3, se hace preciso regular la modalidad

contractual de fijo- discontinuo en el sector de la construcción.

Se determina que en contratas, subcontratas y concesiones administrativas el plazo

máximo de inactividad se corresponderá con el período de tiempo en el que no sea

precisa la prestación de servicios de la persona trabajadora porque la actividad de la

empresa no lo requiera o por no existir necesidad de incrementar la plantilla, en la

provincia en la cual aquélla suscribió el contrato de trabajo.

2. El contrato deberá necesariamente formalizarse por escrito y, tal y como se

establece en el artículo 16.2 del E.T., deberá reflejar los elementos esenciales de la

actividad laboral, entre otros, la duración del período de actividad, la jornada y su

distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin

perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento.

3. La persona trabajadora deberá ser llamada cada vez que la actividad de la

empresa en la provincia lo requiera, debiéndose efectuar el llamamiento gradualmente

en función de las necesidades de la empresa y del volumen de trabajo a desarrollar en

cada momento.

El llamamiento se efectuará con una antelación mínima de cinco días, por burofax,

correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio que garantice que la

notificación se ha realizado con suficientes garantías. Éste deberá indicar la fecha de

incorporación y el centro de trabajo, y se enviará al domicilio que la persona trabajadora

haya comunicado a la empresa, siendo aquélla la única responsable de informar a la

empresa de cualquier cambio en los datos de contacto para el envío de la citada

comunicación.

La ausencia de contestación en el plazo indicado, o la no incorporación en la fecha

indicada por la empresa en su comunicación, se entenderán como dimisión de la

persona trabajadora.

El orden de llamamiento se regirá por los siguientes criterios:

a) Área funcional, grupo profesional y características de este (criterios generales,

formación y tareas) según lo contenido en el Anexo X.

b) Años de servicio y experiencia en la empresa.

En el caso de que dos o más personas trabajadoras cumpliesen los anteriores

criterios, según el orden en el que se indican, y se produjese igualdad en todos ellos,

-- 23 of 214 --

corresponderá a la empresa determinar a qué persona o personas trabajadoras se les

efectúa el llamamiento.

4. En los casos de contratos fijos-discontinuos adscritos a una o varias obras,

cuando se produzca la finalización de ésta o éstas, entendida como tal la terminación

real, verificable y efectiva de los trabajos a realizar en la misma o mismas, o cuando la

realización paulatina de las correspondientes unidades de obra hagan innecesario el

número de las personas trabajadoras contratadas para su ejecución, los contratos de

trabajo fijo-discontinuos se interrumpirán, pasando las personas trabajadoras a período

de inactividad, causando baja en la Seguridad Social.

Los contratos fijos-discontinuos no adscritos a una o varias obras se interrumpirán

cuando desaparezca la necesidad que motivó su llamamiento, pasando las personas

trabajadoras a período de inactividad, causando baja en la Seguridad Social.

5. Si el fin del llamamiento coincidiese con la terminación de la actividad, entendida

ésta en los términos del apartado anterior, y no se produjese, sin solución de

continuidad, un nuevo llamamiento, la empresa satisfará a la persona trabajadora una

cuantía por fin de llamamiento del 5,5 por ciento calculada sobre los conceptos salariales

de las tablas del Convenio aplicables devengados durante el último período de actividad.

Estando en período de inactividad, y dentro de los siguientes veinticinco meses al

inicio de dicho período, podrá extinguirse el contrato por dimisión de la persona

trabajadora, teniendo derecho ésta a percibir una cuantía del 1,5 por ciento calculada

sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicables devengados durante

el último período de actividad.

Asimismo, el contrato de trabajo podrá extinguirse de común acuerdo a partir del

vigesimoquinto mes, percibiendo la persona trabajadora una cuantía del 1,5 por ciento

calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicables

devengados durante el último período de actividad.

6. Las cuantías a las que se refiere el apartado anterior no serán compatibles y, por

tanto, se procederá a su compensación, con las indemnizaciones que pudieran

corresponder por la extinción del contrato de trabajo en los supuestos recogidos en los

artículos 40, 41, y del 50 al 55 del E.T.; en el contrato de trabajo podrá incluirse una

cláusula en virtud de la cual la persona trabajadora autoriza a la empresa a practicar la

compensación de las cuantías a las que se refiere el apartado anterior respecto del

importe de la indemnización.

7. Al amparo de lo previsto en el artículo 16.5 del E.T. se acuerda la creación de

una bolsa sectorial de empleo, que gestionará la Fundación Laboral de la Construcción

directamente, o a través de sus organizaciones territoriales.

En la bolsa sectorial de empleo, que tendrá carácter provincial, podrán integrarse

voluntariamente aquellas personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo que formen

parte del ámbito personal del presente convenio. La Fundación Laboral de la

Construcción elaborará el procedimiento, y articulará el funcionamiento, de la citada

bolsa sectorial de empleo, a fin de que las personas trabajadoras que estén interesadas

puedan enviar sus currículas.

Las empresas del sector podrán solicitar a la Fundación Laboral de la Construcción

currículas de personas trabajadoras, que formen parte de la bolsa de empleo, que

cumplan con los perfiles que necesiten cubrir.

La bolsa sectorial de empleo se organizará por medio de delegaciones provinciales.

La coordinación de todas ellas corresponderá a la Fundación Laboral de la Construcción,

que podrá dictar directrices organizativas.

En el ámbito provincial, los convenios colectivos provinciales podrán desarrollar las

normas de funcionamiento de la bolsa y establecer los instrumentos, en todo caso

paritarios, de gestión de la misma.

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Art. L1-27. Contrato fijo-discontinuo a tiempo parcial para formadores.

El contrato fijo-discontinuo a tiempo parcial se podrá celebrar, única y

exclusivamente, para la realización de los trabajos de prestación intermitente que

desempeñen los docentes que atiendan las actividades de formación.

1. El contrato deberá formalizarse por escrito y atenerse en todo caso a lo

establecido en el apartado 2 del artículo 16 del E.T.

2. El llamamiento se efectuará con una antelación mínima de cinco días, por

burofax, correo certificado con acuse de recibo, o por cualquier otro medio que garantice

que la notificación se ha realizado con suficientes garantías, y se enviará al domicilio que

la persona trabajadora haya comunicado a la empresa, siendo aquélla la única

responsable de informar a la empresa de cualquier cambio de domicilio para el envío de

la citada comunicación. Este llamamiento deberá indicar el nombre de la acción

formativa, la fecha prevista de incorporación al puesto de trabajo, la fecha de inicio

prevista de la acción formativa, la fecha prevista de finalización, la duración prevista y el

centro de trabajo previsto.

El llamamiento se efectuará en el siguiente orden:

− Persona trabajadora con más tiempo de servicio y experiencia en la empresa para

el mismo puesto,

− Persona trabajadora con más tiempo de antigüedad en la empresa.

3. De conformidad con el apartado 7 del indicado artículo 16 del E.T., para el caso

de existencia de puestos vacantes de carácter fijo ordinario, las solicitudes de conversión

voluntaria se cubrirán a criterio de la dirección de la empresa, quien las considerará, en

su caso, en el mismo orden que el llamamiento.

4. De acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del apartado 4 del

artículo 16 del E.T., cuando esta contratación fija-discontinua a tiempo parcial se

justifique por la celebración de contratas, subcontratas o con motivo de concesiones

administrativas el período máximo de inactividad será de doce meses. Una vez cumplido

dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o definitivas que procedan.

Art. L1-28. Subcontratación.

1. Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecución de obras o

servicios responderán en los términos establecidos en el artículo 42 del E.T. y en la

Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la

construcción, teniendo en cuenta que esta Ley es específica para el sector en estos

temas.

2. Asimismo, se extenderá la responsabilidad a la indemnización de naturaleza no

salarial por muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas de

accidente de trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 69 del presente

Convenio, quedando limitado el ámbito de esta responsabilidad exclusivamente respecto

de las personas trabajadoras de las empresas subcontratadas obligadas por el presente

Convenio.

Art. L1-29. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o

vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y

conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado.

1. Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo de las

personas trabajadoras empleadas por empresas y entidades que se sucedan mediante

cualquier modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata de

conservación y/o mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas, redes

de agua, así como concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de

aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado a que se refiere el artículo 3, apartado

-- 25 of 214 --

b) y el Anexo l, apartado b) del presente Convenio, se establece, con carácter exclusivo

para tales actividades, la obligación de subrogación del personal entre las empresas

saliente y entrante, la cual se llevará a cabo conforme a los requisitos y condiciones que

se detallan en el presente artículo.

En las contratas de redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y

conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado la subrogación de

personal establecida en el punto anterior será de aplicación a los contratos municipales

para las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del

presente Convenio en el «Boletín Oficial del Estado». Todo ello sin perjuicio de lo

establecido en el vigente Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras

Públicas de la Comunidad de Madrid.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico cualquier

modalidad de contratación pública, referida a las actividades anteriormente descritas,

que pasa a ser desempeñada, de modo parcial o total, por una determinada empresa,

sociedad, organismo público u otro tipo de entidad, sea cual sea la forma jurídica que

adopten.

2. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o cesión de una

contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la

sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de

que se trata, las personas trabajadoras de la empresa saliente adscritas a dicha contrata

pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad

objeto de la contrata, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la

empresa sustituida.

Dado el carácter de mejora de la legislación vigente que supone la subrogación

prevista en este artículo, se establece expresamente que tales derechos y obligaciones

quedarán limitados exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por la

persona trabajadora con la empresa saliente de la contrata, sin que la empresa entrante

se encuentre vinculada por cualquier contrato o pacto anterior a aquél, particularmente a

efectos de años de servicio, indemnizaciones por despido y cualesquiera otros

conceptos que tomen en consideración el tiempo de prestación de servicios, a menos

que ya tuviera reconocido la persona trabajadora tales derechos mediante sentencia

judicial firme con anterioridad a producirse la subrogación y le hubieran sido

comunicados a la empresa entrante en el plazo y forma regulados en este artículo.

3. Será requisito necesario para tal subrogación que las personas trabajadoras

lleven prestando sus servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro

meses antes de la fecha de finalización efectiva de la misma, sea cual fuere la modalidad

de su contrato de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período

de cuatro meses, hubieran trabajado en otra contrata. El personal o personas

trabajadoras que no reúnan estos requisitos y condiciones no tendrán derecho a ser

subrogados.

También se producirá la mencionada subrogación del personal en cualquiera de los

siguientes supuestos:

a) Personas trabajadoras, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el

momento de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de

cuatro meses en la misma y se encuentre en situación de suspensión de su contrato de

trabajo por alguna de las causas establecidas en el artículo 45 del E.T.

b) Personas trabajadoras con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los

trabajadores mencionados en el apartado anterior, con independencia de su antigüedad

y mientras dure su contrato.

c) Personas trabajadoras de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan

incorporado a la contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la

siguiente contrata, aunque no lleven los cuatro meses de antigüedad.

d) Personas trabajadoras que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o

total, dentro de los últimos cuatro meses anteriores a la finalización efectiva de la

contrata.

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4. Al objeto de garantizar la transparencia en el proceso de licitación, la empresa o

entidad en la que se extinga o concluya el contrato, en el momento de iniciarse el

procedimiento estará obligada a tener a disposición de las empresas licitadoras la

relación de todo el personal objeto de la posible subrogación en la que se especifique,

nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la

Seguridad Social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de

disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran

percibiendo, especificando los mismos y sus importes.

5. Asimismo, será requisito imprescindible para que opere esta subrogación que la

empresa a la que se le extinga o concluya el contrato, notifique por escrito la obligación

de subrogación a la nueva empresa adjudicataria o entidad que asuma la contrata en el

término improrrogable de quince días naturales anteriores a la fecha efectiva de

finalización de la contrata, o de quince días a partir de la fecha de comunicación

fehaciente del cese, facilitándole al mismo tiempo los siguientes documentos:

a) Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la

seguridad social y primas de accidentes de trabajo de todas las personas trabajadoras

cuya subrogación se pretende o corresponda.

b) Fotocopia de las cuatro últimas nóminas o recibos de salarios mensuales las

personas trabajadoras afectadas por la subrogación.

c) Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización de la Seguridad Social de los últimos

cuatro meses, en los que figuren las personas trabajadoras afectadas.

d) Fotocopia del parte de alta en la seguridad social de las personas trabajadoras

afectadas.

e) Relación de todo el personal objeto de la subrogación, en la que se especifique

nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la

seguridad social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de

disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran

percibiendo, especificando los mismos y sus importes.

f) Fotocopia de los contratos de trabajo que tengan suscritos las personas

trabajadoras afectadas.

g) Toda la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales.

h) En su caso, documentación acreditativa de las situaciones a que se refiere el

apartado 3, párrafos a, b, c y d del presente artículo.

Asimismo, será necesario que la empresa saliente acredite documentalmente a la

entrante, antes de producirse la subrogación, mediante copia de documento diligenciado

por cada persona trabajadora afectada, que éste ha recibido de la empresa saliente su

liquidación de partes proporcionales de sus retribuciones hasta el momento de la

subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna. A estos efectos, las personas

trabajadoras que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al producirse

la subrogación las disfrutarán con la nueva adjudicataria del servicio, que sólo deberá

abonar la parte proporcional del período que a ella corresponda, ya que el abono del otro

período corresponde al anterior adjudicatario, que deberá efectuarlo en la

correspondiente liquidación.

6. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo

desempeñada por una o distintas empresas o entidades se fragmenten o dividan en

distintas partes, zonas o servicios al objeto de su posterior adjudicación, pasarán a estar

adscritos al nuevo titular aquellas personas trabajadoras que cumplan con los requisitos

previstos en el apartado 3 de este artículo referidos a la anterior contrata, y respecto de

los que la empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones

establecidas en el apartado 5 del mismo.

7. En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aquéllas

se agrupen en una o varias, la subrogación de personal operará respecto de todas

aquellas personas trabajadoras que cumplan con los requisitos previstos en el

apartado 3 de este artículo referidos a alguna de las anteriores contratas, y respecto de

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los que la empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones

establecidas en el apartado 5 del mismo.

8. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a

que vincula, empresa o entidad cesante, nueva adjudicataria y persona trabajadora, por

lo que, cumplidos los requisitos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 del presente

artículo, operará en todos los supuestos de sustitución de contratas, partes o zonas de

las mismas que resulten de la fragmentación o división de las mismas, así como en las

agrupaciones que de aquéllas puedan efectuarse, aun tratándose de las normales

sustituciones que se produzcan entre empresas o entidades que lleven a cabo la

correspondiente actividad. Todo ello con independencia de los supuestos de sucesión de

empresa en los que se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del E.T.

9. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este artículo

en el caso de que el organismo público que adjudica la contrata suspendiese la actividad

objeto de la misma por un período no superior a doce meses.

10. Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma deberá

mantener las condiciones económicas y sociales de este Convenio, si éste fuera el que

le es de aplicación en la empresa cesante en el momento de la subrogación, aunque la

empresa cesionaria o entrante viniese aplicando a sus personas trabajadoras

condiciones inferiores en virtud de un convenio estatutario de empresa. La aplicación de

las condiciones del presente Convenio general se mantendrá hasta la finalización de la

vigencia establecida en esta materia en el artículo 7 referido al ámbito temporal, punto 2

del presente Convenio.

Clasificación profesional

Art. L1-30. Clasificación profesional.

1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 22 del E.T. y respondiendo a las

necesidades actuales del trabajo en el sector, se establece un sistema de clasificación

profesional de las personas trabajadoras del sector de la construcción en grupos

profesionales.

2. La clasificación profesional se estructura en ocho grupos profesionales con tres

áreas funcionales: Gestión técnica, diseño y planificación; Producción y actividades

asimiladas; y Servicios transversales.

3. En el anexo X del presente Convenio general se define el contenido de cada una

de las áreas y grupos profesionales.

4. En el anexo XI del presente Convenio general se recoge la Tabla de

equivalencias profesionales entre la clasificación anterior dividida en categorías

profesionales y la nueva clasificación en grupos profesionales con sus correspondientes

niveles retributivos.

Ordenación y prestación del trabajo

Art. L1-31. Ordenación del trabajo.

1. La ordenación del trabajo es facultad de la empresa o persona en quien ésta

delegue, y debe ejercerse con sujeción a lo establecido en el presente Convenio general

y demás normas aplicables.

2. La persona trabajadora está obligada a cumplir las órdenes e instrucciones de la

empresa en el ejercicio regular de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos

trabajos, operaciones o actividades se le ordenen dentro del general cometido de su

competencia profesional. Entre ellas están incluidas las tareas complementarias que

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sean indispensables para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y limpieza

de las máquinas, herramientas y puesto de trabajo que estén a su cargo durante la

jornada laboral, así como cumplir con todas las instrucciones referentes a prevención de

riesgos laborales.

3. La implantación de cualquier sistema por parte de la empresa de tecnologías de

la información deberá respetar en todo momento la normativa de protección de datos, y

en concreto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y de la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de

los derechos digitales, así como cualquier otra normativa que resulte de aplicación o que

la sustituya.

En cualquier caso las medidas que se adopten deben ser proporcionales a la

finalidad que tengan, respetando la dignidad y el derecho a la protección de datos,

teniendo en cuenta no obstante que ya que deriva de la existencia de una relación

laboral no se requiere consentimiento de la persona trabajadora.

Deberá en todo caso cumplirse con los deberes de información previa a las personas

trabajadoras afectadas que se establecen en la legislación vigente. Asimismo cuando

estas medidas tengan carácter colectivo o plural deberá informarse previamente a su

implantación a los representantes de las personas trabajadoras, indicando la finalidad

que se persigue.

Art. L1-32. Prestación del trabajo y obligaciones específicas.

1. La prestación de trabajo, vendrá determinada por lo convenido al respecto en el

contrato. La clase y extensión de la prestación serán las que marquen las Leyes, el

presente Convenio, los convenios de ámbito inferior, el contrato individual, las órdenes e

instrucciones de la empresa en el ejercicio regular de sus facultades directivas y, en su

defecto, los usos y costumbres.

2. Normalmente sólo se prestará el trabajo corriente. No obstante, temporalmente y

por necesidad urgente de prevenir males o de remediar accidentes o daños sufridos,

deberá la persona trabajadora prestar mayor trabajo u otro distinto del acordado, con

obligación por parte de la empresa de indemnizarle de acuerdo con la normativa

aplicable al respecto.

3. La empresa deberá guardar la consideración debida a la dignidad humana de la

persona trabajadora, así como tener en cuenta la capacidad real de las personas

trabajadoras discapacitadas, que, en su caso, le presten sus servicios, al adoptar y

aplicar medidas de control y vigilancia del cumplimiento de la prestación de trabajo.

4. La persona trabajadora deberá dar cuenta inmediata a sus superiores de los

entorpecimientos que observe en la realización de su trabajo así como de las faltas o

defectos que advierta en los útiles, máquinas, herramientas o instalaciones relacionadas

con su cometido que, a su vez, deberá mantener en adecuado estado de funcionamiento

y utilización en lo que de ella dependa.

5. Fuera de los centros de trabajo o de su jornada laboral, queda prohibida, salvo

expresa autorización de la empresa o de quienes la representen, la utilización de

máquinas, herramientas, aparatos, instalaciones o locales de trabajo, así como el uso de

máquinas, útiles o aparatos propios en los trabajos encomendados.

6. Para la debida eficacia de la política de prevención de riesgos laborales, las

personas trabajadoras vienen obligadas a utilizar los medios de protección que les

facilite la empresa en cumplimiento de la normativa reguladora correspondiente, así

como atenerse a las instrucciones recibidas, a las disposiciones legales y a lo

establecido en el Libro II del presente Convenio.

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Art. L1-33. Trabajo «a tiempo».

Salvo norma, disposición o pacto en contrario, se presume que la prestación de

trabajo se concierta en la modalidad denominada «a tiempo», en la que la retribución se

fija atendiendo a la duración del trabajo y al rendimiento normal en la categoría y

especialidad correspondientes, al que se hace referencia en el artículo 42 del presente

Convenio, y cuya contrapartida la constituyen las tablas salariales de los convenios

colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad autónoma, del sector.

Art. L1-34. Sistemas científicos o de «trabajo medido».

1. En estos sistemas, que se caracterizan por intentar llevar a cabo, a través de una

serie más o menos compleja de operaciones, una medición técnica del rendimiento, y

tienen como finalidad conseguir que éste sea superior al normal que viene obteniéndose,

el rendimiento de la prestación de trabajo será el que en ellos se establezca.

2. En su implantación deberá concederse el necesario período de adaptación y se

respetará el salario que se había alcanzado anteriormente, pudiendo dar lugar a la

movilidad y redistribución del personal que requiera la nueva organización del trabajo.

3. Si durante el período de adaptación la persona trabajadora alcanzara

rendimientos superiores a los normales, tendrá derecho a percibir la diferencia entre el

rendimiento normal y el superior que haya conseguido, regularizándose su situación, en

su caso, cuando el sistema sea definitivamente implantado, de acuerdo con las tarifas

que el mismo contenga.

4. Estos sistemas exigirán el establecimiento de una fórmula clara y sencilla para el

cálculo de las retribuciones correspondientes.

5. Previamente a su implantación o revisión colectivas, deberá solicitarse, a los

representantes legales de los trabajadores, el informe a que se refiere el artículo 64.4.d)

del E.T., deberán emitir éstos en el plazo de quince días, estando sujetas dichas

implantación o revisión a lo dispuesto en el artículo 41 del E.T.

Art. L1-35. Trabajo por tarea, a destajo o por unidad de obra, con primas a la

producción o con incentivo.

1. Se caracterizan estos sistemas por poner en relación directa la retribución con la

producción del trabajo, con independencia, en principio, del tiempo invertido en su

realización y por tener como objetivo la consecución de un rendimiento superior al

normal.

2. El trabajo a tarea consiste en la realización, por jornada, de una determinada

cantidad de obra o trabajo.

Si la persona trabajadora termina la tarea antes de concluir la jornada diaria, la

empresa podrá ofrecerle, y éste aceptar o no, entre continuar prestando sus servicios

hasta la terminación de la jornada, o que abandone el trabajo, dando por concluida la

misma.

En el primer caso, la empresa deberá abonar el tiempo que medie entre la

terminación de la tarea y la conclusión de la jornada diaria, como si se tratase de horas

extraordinarias, pero sin que se computen éstas al efecto del límite fijado para las

mismas en el artículo 35.2 del E.T. y sin que pueda exigirse durante dicho período un

rendimiento superior al normal.

3. En los trabajos a destajo o por unidad de obra, y a efectos de su retribución, sólo

se atiende a la cantidad y calidad de la obra o trabajo realizado, pagándose por piezas,

medidas, trozos, conjuntos o unidades determinadas, independientemente del tiempo

invertido en su realización, si bien puede estipularse un plazo para su terminación, en

cuyo caso, deberá terminarse dentro de él, pero sin que pueda exigirse, en este caso, un

rendimiento superior al normal.

4. En los trabajos que se presten a su aplicación, podrán establecerse primas a la

productividad o incentivos, de tal forma que a los mayores rendimientos que se alcancen

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en el trabajo correspondan unos ingresos que guarden, respecto a los normales, al

menos, la misma proporción que la de dichos rendimientos en relación con los normales.

5. Si en cualquiera de los sistemas previstos en este artículo la persona trabajadora

no alcanzase el rendimiento previsto por causa no imputable a la empresa ni al

trabajador, éste tendrá derecho, al menos, al salario fijado para su categoría profesional

en el convenio colectivo aplicable más un 25 por 100.

6. Previamente a su implantación o revisión colectivas de estos sistemas, en cuanto

suponen casos subsumibles en los supuestos de hecho del artículo 64.5.f) del E.T.,

deberá solicitarse, en su caso, a la representación legal de las personas trabajadoras el

informe a que dicho precepto se refiere, y que deberán éstos emitir en el plazo

improrrogable de quince días estando sujetas dichas implantación o revisión a lo

dispuesto en el artículo 41 del E.T.

Art. L1-36. Discreción profesional.

Como manifestación de los deberes generales de colaboración y buena fe que rigen

la prestación del trabajo, la persona trabajadora está obligada a mantener los secretos

relativos a la explotación y negocios de la empresa.

Art. L1-37. Deberes de la empresa.

En relación con la prestación de trabajo, la empresa está obligada a facilitar a las

personas trabajadoras cuantos medios sean precisos para la adecuada realización de su

cometido, así como los medios de protección necesarios a efectos de su seguridad y

salud en el trabajo, tal y como se establece en el Libro Segundo del presente Convenio,

y velar por el uso efectivo de los mismos, y en general a respetar los derechos laborales

de las personas trabajadoras establecidos en el artículo 4 del E.T.

Art. L1-38. Reclamaciones de las personas trabajadoras.

Sin perjuicio del derecho que asiste a las personas trabajadoras de acudir y plantear

sus reclamaciones ante la autoridad administrativa o jurisdiccional competente, podrán

presentarlas ante la empresa en que presten servicio, a través de sus representantes

legales o sus superiores.

Las empresas tratarán de resolver estas reclamaciones en el plazo más breve

posible, con objeto de evitar o reducir su planteamiento formal en las mencionadas

instancias.

Productividad y tablas de rendimientos

Art. L1-39. La productividad como bien jurídicamente protegido.

La productividad es un bien constitucionalmente protegido cuya mejora constituye un

deber básico de las personas trabajadoras, debiendo colaborar los representantes

legales de éstas con la dirección de la empresa en orden a conseguir su incremento.

Art. L1-40. Rendimiento en los sistemas de «trabajo medido».

Cuando se empleen sistemas de organización científica del trabajo o de «trabajo

medido», las normas de implantación o aplicación de estos sistemas deberán establecer

el rendimiento normal o exigible que se deba alcanzar así como las tarifas retributivas

aplicables en función de los mayores rendimientos que, en su caso, se consigan,

elaboradas de forma tal que el cálculo de la retribución correspondiente resulte claro y

sencillo.

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Art. L1-41. Rendimiento en los sistemas de trabajo con prima o incentivo.

En caso de aplicarse estos sistemas colectivos de trabajo, y como en el supuesto del

artículo anterior, en su normativa de implantación o aplicación deberá figurar el

rendimiento normal o exigible, y las tarifas retributivas correspondientes, elaboradas de

forma que los ingresos respectivos guarden entre sí, al menos, la misma proporción que

los rendimientos correspondientes.

Art. L1-42. Rendimiento en el sistema de trabajo «a tiempo».

1. Como se dispone en el artículo 33 del presente Convenio, se presume que este

sistema rige la prestación de trabajo, salvo disposición o pacto en contrario.

2. En este sistema la retribución será la que corresponda de acuerdo con la tabla

salarial del convenio colectivo provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma

aplicable, y para su determinación se atenderá al tiempo de duración de la prestación de

trabajo, siempre que la persona trabajadora alcance, en dicho tiempo, el rendimiento

normal exigible al mismo.

Art. L1-43. Establecimiento de tablas de rendimiento.

1. En el sistema de trabajo a tiempo, y en relación con aquellas actividades, oficios

o especialidades y categorías incursas en el ámbito de aplicación del presente Convenio,

cuyos rendimientos se presten con mayor facilidad a ser medidos con criterios objetivos

o materiales, se establecerán tablas de rendimientos normales que, tras los oportunos

acuerdos de la Comisión Sectorial de Productividad que en el mismo se crea y de la

Comisión Negociadora se irán incorporando como Anexo al presente Convenio.

2. Después de la publicación del presente Convenio general podrá acordarse a

nivel provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma el establecimiento de nuevas

tablas de rendimientos normales, o la ampliación de las existentes con nuevas unidades,

o su revisión, de acuerdo con la Comisión Sectorial de Productividad, que dictará las

oportunas normas de homogeneización y aprobará, en su caso, el tratamiento diferencial

que resulte justificado, todo ello en el supuesto de que las unidades correspondientes no

vengan recogidas en el Anexo oportuno del presente Convenio. Todo ello sin perjuicio de

lo dispuesto en el artículo 84.2 del E.T.

3. En relación con los rendimientos normales, la Comisión Sectorial de

Productividad podrá autorizar las adaptaciones que se le propongan a nivel provincial, o,

en su caso, de comunidad autónoma, y que entienda estén justificadas.

Art. L1-44. Tablas de rendimientos y retribuciones.

1. La obtención de los rendimientos normales que se establezcan en las tablas

aplicables en cada caso, será requisito necesario para tener derecho a la percepción de

los salarios estipulados en las tablas salariales del convenio colectivo provincial o, en su

caso, de comunidad autónoma correspondiente, salvo lo dispuesto en el apartado

siguiente.

2. Será considerada disminución voluntaria del rendimiento no alcanzar los

rendimientos fijados en la tabla de rendimientos normales aplicable, en su caso, salvo

causa justificada que, de darse, implicará el derecho a la percepción íntegra del salario

estipulado para el rendimiento normal correspondiente.

Art. L1-45. Revisión de tablas de rendimientos.

Los rendimientos estipulados en las tablas sólo podrán ser objeto de revisión cuando

lo acuerde la Comisión Negociadora del presente Convenio, a propuesta no vinculante

de la Comisión Sectorial de Productividad.

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Art. L1-46. Condiciones de aplicación.

Las propias tablas de rendimientos establecerán sus condiciones de aplicación así

como la forma y, en su caso, el período de entrada en vigor, debiendo recoger, como

regla general, que el cómputo de la medición será semanal y referido a cada jornada de

trabajo.

Art. L1-47. Verificación de su cumplimiento.

La empresa podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los

rendimientos de la tabla, en su caso, aplicable, debiendo seguir, para ello, las siguientes

reglas:

a) A la persona trabajadora que vaya a ser sometido a medición se le comunicará

previamente.

b) Los resultados de la medición de cada jornada se consignarán en parte de

trabajo confeccionado al efecto, que deberá ser firmado diariamente por la persona

trabajadora y la empresa o persona que la represente, y, en caso de negativa de una de

ellas, por dos testigos, quedando en poder de ambas partes copia de dicho documento.

c) El período de medición mínimo será de una semana laboral, computándose los

resultados por el valor medio alcanzado en el período que se utilice.

Promoción en el trabajo

Art. L1-48. Ascensos, procedimiento.

1. El ascenso de las personas trabajadoras a tareas o puestos de trabajo que

impliquen mando o especial confianza serán de libre designación y revocación por la

empresa.

2. Para ascender, cuando proceda, a una categoría profesional superior se

establecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, teniendo en cuenta la

formación, méritos y permanencia de la persona trabajadora en la empresa, pudiendo

tomar como referencia, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) Titulación adecuada.

b) Conocimiento del puesto de trabajo.

c) Historial profesional.

d) Haber desempeñado función de superior categoría profesional.

e) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales deberán

ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempeñar.

Percepciones económicas: conceptos y estructura

Art. L1-49. Percepciones económicas.

1. Del conjunto de percepciones económicas, en dinero o en especie, que la

persona trabajadora obtiene en la relación de trabajo por cuenta ajena, unas las percibe

como retribución o contraprestación directa por la prestación de su trabajo y son las que

constituyen el salario, otras las recibe como compensación de gastos, como

prestaciones y sus complementos e indemnizaciones o por modificaciones en su relación

de trabajo, no formando ninguna de ellas parte del salario por ser percepciones de

carácter extrasalarial.

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2. Percepciones económicas salariales:

a) Salario base es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo

exclusivamente a la unidad de tiempo con el rendimiento normal y exigible, en los

términos del artículo 42.2 del presente Convenio.

b) Complementos salariales o cantidades que, en su caso, deban adicionarse al

salario base, atendiendo a las siguientes circunstancias distintas de la unidad de tiempo:

– Personales, tales como antigüedad consolidada, en su caso, y el complemento de

discapacidad.

– De puesto de trabajo, tales como las derivadas de trabajo nocturno o

excepcionalmente tóxico, penoso o peligroso.

– De calidad o cantidad de trabajo, tales como primas, incentivos, destajos, pluses

de actividad o asistencia u horas extraordinarias.

– Las cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente a sus personas

trabajadoras.

– Las pagas extraordinarias y la retribución de vacaciones.

3. Percepciones económicas no salariales:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social y sus complementos.

b) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por la

persona trabajadora como consecuencia de su actividad laboral, tales como

herramientas y ropa de trabajo, así como las cantidades que se abonen en concepto de

dietas, gastos de viaje o locomoción, pluses extrasalariales, y aquellas diferencias de

alquiler o coste de vivienda que viniera percibiendo la persona trabajadora.

c) Las indemnizaciones por ceses, movilidad geográfica, suspensiones,

extinciones, resoluciones de contrato o despido y accidente de trabajo y enfermedad

profesional.

4. Aquellos complementos salariales que tengan carácter funcional o circunstancial,

como los de puesto de trabajo, los de calidad o cantidad de trabajo realizado, y las

cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente, se considerarán no

consolidables en el salario de la persona trabajadora y no se computarán como base de

las percepciones enumeradas en el apartado 2 de este artículo.

Art. L1-50. Estructura de las percepciones económicas en los convenios provinciales

o, en su caso, autonómicos y de ámbitos inferiores.

1. Con objeto de racionalizar y homogeneizar la estructura de las percepciones

económicas de los diferentes convenios del sector de la construcción, las partes

signatarias del presente Convenio general consideran necesario fijar, con carácter

general, los conceptos salariales y extrasalariales que pueden formar parte de la tabla de

percepciones económicas.

a) Los conceptos son los siguientes:

– Salario base.

– Gratificaciones extraordinarias.

– Pluses salariales.

– Pluses extrasalariales.

b) En el concepto gratificaciones extraordinarias se entiende incluida la retribución

de vacaciones.

c) En pluses salariales se consideran incluidos todos los complementos que se

pacten en cada convenio que constituyan contraprestación directa del trabajo y no

compensación de gastos originados por asistir o realizar el trabajo.

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d) En pluses extrasalariales se consideran incluidos cuantos conceptos se pacten

en los convenios de carácter indemnizatorio de gastos originados a la persona

trabajadora por la prestación de su trabajo, tales como distancia, transporte, recorrido,

herramientas y ropa de trabajo.

2. Dentro del citado espíritu de homogeneización y racionalización, se acuerda

establecer las proporciones que deben guardar algunos de los conceptos en relación con

el total anual pactado en las tablas de percepciones económicas de cada convenio

colectivo de ámbito inferior a éste en las siguientes proporciones.

a) Los conceptos de salario base y gratificaciones extraordinarias definidos en el

artículo anterior, sumados, deberán quedar comprendidos entre el 65 por 100 y el 75

por 100 del total anual de las tablas del convenio para cada categoría o nivel. Aquellos

convenios en los que la proporción de estos dos conceptos siga siendo superior al 75

por 100 del total anual, la mantendrán.

b) Los pluses extrasalariales, sumados, estarán comprendidos, entre el 5 por 100 y

el 7 por 100 del total anual de las tablas del convenio, para cada categoría o nivel

retributivo.

c) Los pluses salariales, sumados, ocuparán el restante porcentaje que resulte de

aplicar los dos criterios anteriores sobre el total anual de las tablas del convenio para

cada categoría o nivel retributivo.

3. Además de los conceptos reseñados podrán existir en el recibo de salarios de

las personas trabajadoras las restantes percepciones a que hace referencia el artículo

anterior.

Art. L1-51. Devengo de las percepciones económicas.

1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes

que, para cada categoría y nivel, establezcan los convenios colectivos de ámbito inferior.

2. Los pluses salariales de convenio se devengarán durante los días efectivamente

trabajados por los importes que, para cada categoría y nivel, fijen los convenios

colectivos de ámbito inferior.

3. Los pluses extrasalariales de convenio se devengarán durante los días de

asistencia al trabajo por los importes que fijen los convenios colectivos de ámbito inferior.

4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente

forma:

a) Paga de junio: de 1 de enero a 30 de junio.

b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre.

5. En los diferentes convenios colectivos de ámbito inferior a éste se podrá

establecer para cada categoría profesional y nivel la remuneración bruta anual

correspondiente, el salario diario, mensual o ambos, y el precio de la hora ordinaria,

conforme a lo establecido en el presente Convenio.

Art. L1-52. Contribuciones empresariales al plan de pensiones de empleo simplificado

del sector de la construcción.

1. Los importes de las contribuciones empresariales al plan de pensiones, a las que

se refiere el artículo 56, apartado 2, del presente Convenio, deberán establecerse en los

convenios provinciales o, en su caso, autonómicos, para cada uno de los niveles

profesionales:

a) Los importes de los años 2022 y 2023, dentro de los tres meses siguientes a la

entrada en vigor del plan de pensiones.

b) Los importes del año 2024, dentro del primer trimestre de dicho año.

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c) Los importes, en su caso, de los años 2025 y siguientes, en cada uno de los

años, dentro de los tres meses siguientes a que se fijen las contribuciones empresariales

al plan de pensiones por el presente Convenio.

2. Si los convenios provinciales o, en su caso, autonómicos no estableciesen los

importes en los plazos establecidos en el apartado anterior, la Comisión Paritaria del

presente Convenio general podrá, en función de lo dispuesto en su artículo 112.1.h),

establecerlos para los respectivos ámbitos provinciales o, en su caso, autonómicos.

3. La contribución empresarial al plan de pensiones se hará constar en el recibo de

salarios como percepción en especie, mientras tenga dicha consideración, debiendo

figurar como un concepto diferenciado y claramente identificable.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando la empresa no

tuviese obligación de efectuar contribuciones al plan de pensiones.

Art. L1-53. Remuneración bruta anual y remuneración mínima bruta anual.

1. La remuneración bruta anual mencionada en el artículo anterior comprenderá

todas las percepciones económicas pactadas en cada convenio, por nivel y categoría

profesional.

De acuerdo con las formas de devengo, la remuneración bruta anual vendrá dada

por la siguiente fórmula:

R.A. = SB × 335 + [(PS + PE) × (Número de días efectivos de trabajo)] + Vacaciones + PJ + PN

Siendo:

R.A. = Remuneración Anual.

S.B. = Salario Base.

P.S. = Pluses salariales.

P.E. = Pluses extrasalariales.

P.J. = Paga de junio.

P.N. = Paga de Navidad.

2. Se establece una remuneración mínima bruta anual para el sector de la

construcción para los años 2022, 2023 y 2024, para las personas trabajadoras a jornada

completa, computándose a estos efectos la totalidad de los conceptos retributivos a percibir.

Los convenios provinciales deberán adaptar sus tablas salariales, a la siguiente tabla

de remuneración mínima bruta anual por niveles profesionales:

2022 2023 2024

Nivel XII. 17.919,57 18.457,16 18.964,73

Nivel XI. 18.188,36 18.734,01 19.249,19

Nivel X. 18.461,17 19.015,01 19.537,92

Nivel IX. 18.738,09 19.300,23 19.830,99

Nivel VIII. 19.019,16 19.589,73 20.128,45

Nivel VII. 19.304,42 19.883,56 20.430,36

Nivel VI. 19.593,99 20.181,81 20.736,81

Nivel V. 19.887,89 20.484,53 21.047,85

Nivel IV. 20.186,21 20.791,79 21.363,57

Nivel III. 20.488,99 21.103,66 21.684,01

Nivel II. 20.796,32 21.420,21 22.009,26

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3. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias por las que atraviesa el sector

y en algunas provincias especialmente deprimidas, los convenios provinciales que en

sus tablas salariales y por todos los conceptos y cómputo anual se vean afectados por la

presente remuneración mínima bruta anual fijada en el presente Convenio general

adaptarán las mismas mediante los acuerdos pertinentes que se adopten en su ámbito.

4. Todo lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 84.2 del E.T.

Art. L1-54. Pago de las percepciones económicas.

1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se

abonarán mensualmente por períodos vencidos y dentro de los cinco primeros días

hábiles del mes siguiente al de su devengo, aunque la persona trabajadora tendrá

derecho a percibir quincenalmente anticipos cuya cuantía no será superior al 90 por 100

de las cantidades devengadas.

2. Las empresas deberán efectuar el abono de las percepciones, y en su caso de

los anticipos a cuenta, antes referidos, exclusivamente por medio de transferencia

bancaria.

3. La persona trabajadora deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o

incorporación a la misma, su Número de Identificación Fiscal (NIF), de conformidad con

la normativa aplicable al respecto, así como el número de cuenta de una entidad

bancaria o financiera en donde desea percibir sus percepciones, y en su caso los

anticipos a cuenta, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior

4. Se exceptúan de la exclusividad del pago por medio de transferencia bancaria

dispuesto en el apartado 2 las percepciones económicas no salariales y los finiquitos, a

los que se refieren los artículos 49.3.c) y 99, respectivamente, del presente Convenio,

pudiéndose abonar los mismos mediante cheque.

Art. L1-55. Incrementos económicos.

1. Las tablas provinciales del año 2021 y vigentes durante el ejercicio se

actualizarán en un 3,00 por 100 con efectos desde el día 1 de enero de 2022, las

vigentes en 2022 se actualizarán en un 3,00 por ciento con efectos del día 1 de enero

de 2023 y las vigentes en 2023 se actualizarán en un 2,75 por ciento con efectos del

día 1 de enero de 2024.

2. El importe de las dietas y medias dietas de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 86.6 del presente Convenio general se fijará en el marco de los respectivos

convenios colectivos provinciales o, en su caso, autonómicos.

3. Las tablas salariales de los convenios provinciales de los años 2023 y 2024

deberán actualizarse, de acuerdo con los incrementos establecidos en el apartado 1,

dentro del primer trimestre de cada uno de los respectivos años.

Respecto de aquellas tablas salariales que llegadas dichas fechas no se hayan

actualizado, podrá la Comisión Paritaria del presente Convenio, en función de lo

dispuesto en su artículo 112.1.g), fijar la cuantía de las mismas para los respectivos

ámbitos provinciales.

4. Cláusula de garantía salarial. Se establece una cláusula de garantía salarial, de

manera que si la suma de la tasa anual del índice de Precios de Consumo (IPC) general

de los meses de diciembre de los años 2022, 2023 y 2024, publicado por el Instituto

Nacional de Estadística, se situara en un nivel superior al 10,0%, y siempre con un

máximo de un 13,0%, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2025 las tablas

salariales del año 2024, sin efectos retroactivos, de manera que el 50,0% de ese exceso

irá en un 50,0% a incremento de las tablas salariales y el otro 50,0% a contribución al

plan de pensiones de las personas trabajadoras en alta en la empresa a dicha fecha de 1

de enero de 2025; la contribución al plan de pensiones se llevará a cabo en los términos

y condiciones que se determinen en el Libro Tercero al que se refiere el artículo

siguiente, y para aquellas personas partícipes que se definan en el mismo

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Art. L1-56. Plan de pensiones.

1. Se acuerda la formalización a nivel estatal de un plan de pensiones de empleo

simplificado en el sector de la construcción, en los términos y condiciones que figuran en

el Libro Tercero del presente Convenio, conforme a lo establecido en la Ley de

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y su desarrollo reglamentario.

2. La contribución empresarial, durante la vigencia del contrato de trabajo, por

aquellas personas trabajadoras que se estableciesen como partícipes en el Libro Tercero

al que se refiere el apartado anterior, será la siguiente:

a) En 2022, de un 1,00 por ciento del importe de los conceptos salariales de las

tablas de 2021 del convenio colectivo que resulte de aplicación, si la persona trabajadora

prestase servicios durante todo el año 2022 a tiempo completo o, en su defecto, de la

parte proporcional correspondiente.

b) En 2023, de un 1,00 por ciento del importe de los conceptos salariales de las

tablas de 2021 del convenio colectivo que resulte de aplicación, si la persona trabajadora

prestase servicios durante todo el año 2023 a tiempo completo o, en su defecto, de la

parte proporcional correspondiente.

c) En 2024, de un 1,00 por ciento del importe de los conceptos salariales de las

tablas de 2021 del convenio colectivo que resulte de aplicación, más un 0,25 por ciento

del importe de los conceptos salariales de las tablas de 2023 del convenio colectivo que

resulte de aplicación, si la persona trabajadora prestase servicios durante todo el

año 2024 a tiempo completo o, en su defecto, de la parte proporcional correspondiente.

d) En 2025 se renegociarán las contribuciones al plan de pensiones.

3. Las contribuciones correspondientes al año 2022, y a los meses del año 2023

anteriores a la integración del Plan en el Fondo de Pensiones, se ingresarán en la

Entidad Depositaria dentro de los 90 días siguientes a la citada integración y a que se

hayan cumplido los trámites y requisitos establecidos en la normativa de aplicación.

Art. L1-57. Absorción y compensación.

1. Las percepciones económicas cuantificadas que se establezcan por los

convenios de cualquier ámbito en el sector de la construcción tendrán el carácter de

mínimas en su ámbito de aplicación.

2. A la entrada en vigor de un nuevo Convenio o disposición legal aplicables, las

empresas afectadas podrán absorber y compensar los aumentos o mejoras que aquéllos

contengan, cuando las percepciones económicas realmente abonadas a las personas

trabajadoras, cualquiera que sea su origen, sean superiores en su conjunto y cómputo

anual.

3. La absorción y compensación sólo se podrán efectuar comparando globalmente

conceptos de naturaleza salarial o de naturaleza extrasalarial y en cómputo anual.

Art. L1-58. Antigüedad consolidada.

Como consecuencia del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción sobre el

concepto económico de antigüedad firmado el 18 de octubre de 1996 (BOE de 21 de

noviembre de 1996), se asumen por ambas partes firmantes los siguientes compromisos:

a) Las personas trabajadoras mantendrán y consolidarán los importes a los que

tuvieran derecho, por el complemento personal de antigüedad, el 21 de noviembre

de 1996.

Al importe anterior así determinado se adicionará, en su caso, a cada persona

trabajadora que ya viniera percibiendo alguna cuantía por este concepto, el importe

equivalente a la parte proporcional de antigüedad que la persona trabajadora tuviera

devengada y no cobrada al 21 de noviembre de 1996, calculándose por defecto o por

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exceso, por años completos. Para el cálculo de los importes de esta parte de antigüedad

devengada y no cobrada se tendrán en cuenta los importes que para cada categoría y

nivel fije cada convenio de ámbito inferior.

b) Los importes obtenidos, al amparo de lo previsto en la letra a) se mantendrán

invariables y por tiempo indefinido como un complemento retributivo «ad personam», es

decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, extinguiéndose

juntamente con la extinción del contrato de la persona trabajadora afectada con su

empresa. Dicho complemento retributivo «ad personam» se reflejará en los recibos

oficiales de salario con la denominación de «antigüedad consolidada».

Art. L1-59. Complemento por discapacidad.

1. Las personas trabajadoras que, reconocidos por el organismo oficial

correspondiente, acrediten los grados de discapacidad que se recogen a continuación,

percibirán como complemento personal las cantidades que se detallan:

Grados de discapacidad

comprendido entre el

Importe bruto por mes

natural del complemento

–

Euros

13 por 100 y 22 por 100. 17

23 por 100 y 32 por 100. 24

33 por 100 o superior. 34

2. El grado de discapacidad será único y generará, por tanto, el derecho a un solo

complemento no pudiendo, en consecuencia, acumularse al grado ya existente otro

superior que pudiera reconocerse con posterioridad. Si el grado de discapacidad se

redujese el complemento a percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento reconocido.

3. En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento,

ayuda o prestación que responda a la compensación de situaciones análogas a la

establecida en el presente artículo, aquélla podrá aplicar al pago de este complemento

personal la cantidad que ya venga abonando por similar concepto sin que, por tanto, se

genere el derecho a un pago duplicado.

Art. L1-60. Gratificaciones extraordinarias.

1. La persona trabajadora tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones

extraordinarias al año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre antes de los

días 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente.

2. La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se determinará,

para cada uno de los niveles y categorías, en la tabla de cada convenio colectivo de

ámbito inferior al presente, sea cual fuere la cuantía de la remuneración y la modalidad

del trabajo prestado.

3. Dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cualquiera de las

causas de suspensión del contrato previstas en el artículo 45 del E.T.

Art. L1-61. Prohibición del prorrateo y proporcionalidad en el devengo de las pagas

extraordinarias.

1. Se prohíbe para los nuevos contratos el prorrateo de las pagas extraordinarias y

de la indemnización por finalización de contrato, prohibiéndose por tanto, con carácter

general el pacto por salario global. El prorrateo de las pagas extraordinarias o el de la

indemnización por finalización de contrato se considerarán como salario ordinario

correspondiente al período en que indebidamente se haya incluido dicho prorrateo, todo

ello salvo lo establecido en el párrafo siguiente.

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2. El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su

permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será abonado

proporcionalmente conforme a los siguientes criterios:

a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural,

devengará la paga en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el

mismo.

b) Al personal que cese en el semestre respectivo, se le hará efectiva la parte

proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.

c) El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial,

devengará las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado.

Art. L1-62. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos.

1. A las personas trabajadoras que tengan que realizar labores que resulten

excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas, deberá abonárseles un incremento

del 20 por 100 sobre su salario base. Si estas funciones se efectuaran durante la mitad

de la jornada o en menos tiempo, el plus será del 10 por 100.

2. Las cantidades iguales o superiores al plus fijado en este artículo que estén

establecidas o se establezcan por las empresas, serán respetadas siempre que hayan

sido concedidas por los conceptos de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad,

en cuyo caso no será exigible el abono de los incrementos fijados en este artículo.

Tampoco vendrán obligadas a satisfacer los citados aumentos aquellas empresas que

los tengan incluidos, en igual o superior cuantía, en el salario de calificación del puesto

de trabajo.

3. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional

penosidad, toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los indicados incrementos no

teniendo, por tanto, carácter consolidable.

4. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado trabajo, labor o

actividad debe calificarse como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso,

corresponde a la jurisdicción competente resolver lo procedente.

5. Aquellos convenios colectivos provinciales que a la entrada en vigor del presente

Convenio General tengan reconocido un plus penoso, tóxico o peligroso superior, lo

mantendrán como condición más beneficiosa.

6. Las partes firmantes reconocen la importancia que tiene para el conjunto del

sector la progresiva desaparición de este tipo de trabajos o, cuando menos, la reducción

al mínimo posible de las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad que

repercuten negativamente en la salud y seguridad de las personas trabajadoras teniendo

estos trabajos, en cualquier caso, carácter transitorio y coyuntural.

Art. L1-63. Trabajos nocturnos.

1. El personal que trabaje entre las veintidós horas y las seis de la mañana,

percibirá un plus de trabajo nocturno equivalente al 25 por 100 del salario base de su

categoría.

2. Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese inferior a cuatro horas, se

abonará el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas exceden

de cuatro, se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada.

3. Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje sólo una hora del

periodo nocturno el plus a percibir equivaldrá al 1 por 100 del salario base de su

categoría.

Art. L1-64. Pluses extrasalariales.

1. Con el fin de compensar los gastos que se producen a las personas trabajadoras

para acudir a sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los mismos,

que constituye una característica de este sector, y cualquiera que sea la distancia a

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recorrer, se podrá establecer un plus extrasalarial de distancia y transporte, calculado por

día efectivo de trabajo que, de igual cuantía para todos los grupos y categorías, se

determinará en tabla anexa a cada convenio colectivo de ámbito inferior al presente.

2. Otros pluses extrasalariales, como los de herramientas y ropa de trabajo, se

podrán establecer en los convenios de ámbito inferior para compensar los gastos

originados a la persona trabajadora, dentro de los límites establecidos en el

artículo 50.2.b) del presente Convenio.

Art. L1-65. Corrección del absentismo.

Las partes signatarias del presente Convenio general reconocen el grave problema

que para nuestra sociedad supone el absentismo y el quebranto que en la economía

produce el mismo cuando se superan determinados niveles, así como la necesidad de

reducirlo, dada su negativa incidencia en la productividad.

En consecuencia, y tendiendo siempre a un aumento de la presencia de la persona

trabajadora en su puesto de trabajo, se incluirán en los convenios colectivos de ámbito

inferior al presente cláusulas tendentes a la corrección del absentismo.

Al efecto, y en orden a la consecución del fin perseguido, se deberá incluir en los

convenios colectivos la estipulación siguiente u otra análoga:

– Plus o prima de Asistencia y Actividad

El indicado plus o prima, cuando se pacte, se devengará por cada día efectivamente

trabajado con el rendimiento normal exigible y, mediante tabla anexa, se determinará la

cuantía del mismo de forma que su importe por día de trabajo disminuya o sea

decreciente a medida que aumenten las horas de ausencia de la persona trabajadora.

Al determinarse este plus salarial en las tablas de cada convenio colectivo se tendrá

en cuenta el límite porcentual establecido en el artículo 50.2.c) del presente Convenio.

Art. L1-66. Realización de horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias, en todo caso y por su naturaleza, serán voluntarias de

acuerdo con las disposiciones vigentes, excepto las que tengan su causa en fuerza mayor.

La realización de horas extraordinarias requiere de petición escrita y consentimiento

expreso y previo por parte de la empresa y de la aceptación expresa por parte de la

persona trabajadora.

Art. L1-67. Límite de horas extraordinarias.

1. Se consideran horas extraordinarias, además de las que tengan su causa en

fuerza mayor, las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas,

cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia que

altere el proceso normal de producción.

2. El número de horas extraordinarias que realice cada persona trabajadora, salvo

en los supuestos de fuerza mayor, no excederá de 80 al año.

Art. L1-68. Retribución de las horas extraordinarias.

1. Los importes de las horas extraordinarias para cada una de las categorías o

niveles se determinarán, en tabla anexa, en los convenios colectivos de ámbito inferior al

presente.

2. Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso productivo,

podrán compensar la retribución de las horas extraordinarias por tiempos equivalentes

de descanso.

3. En el supuesto de que se realizara la compensación prevista en el párrafo

anterior, las horas extraordinarias compensadas dentro de los cuatro meses siguientes a

-- 41 of 214 --

su realización, no se computarán a los efectos de los límites fijados para las mismas en

el artículo anterior.

Art. L1-69. Indemnizaciones.

1. Se establecen las siguientes indemnizaciones para todas las personas

trabajadoras afectadas por este Convenio:

a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el

importe de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del convenio aplicable

vigente en cada momento.

b) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez,

derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será de 47.000 euros.

c) En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o

Enfermedad profesional será de 28.000 euros.

2. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización

se hará efectiva a la persona trabajadora accidentada o, en caso de fallecimiento, a los

herederos legales de la persona trabajadora.

3. Las indemnizaciones previstas en los apartados b) y c) del apartado 1 del

presente artículo serán consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que

pudieran ser reconocidas como consecuencia de la declaración de la responsabilidad

civil de la empresa por la ocurrencia de alguna de las contingencias contempladas en

este artículo, debiendo deducirse de éstas en todo caso habida cuenta de la naturaleza

civil que tienen las mismas y ambas partes le reconocen.

4. A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se

considerará como fecha del hecho causante aquélla en la que se produce el accidente

de trabajo o la causa determinante de la enfermedad profesional.

Art. L1-70. Complemento en caso de hospitalización.

Con independencia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora por

incapacidad temporal derivada de enfermedad común y profesional, accidente laboral o

no laboral, y sólo para los casos que sea necesaria la hospitalización, las empresas

abonarán un complemento que, sumado a las prestaciones reglamentarias, garantice

el 100 por 100 en del salario base y pluses salariales establecidos en el convenio

provincial respectivo durante la aludida hospitalización y los sesenta días siguientes,

siempre que continúe la situación de incapacidad temporal.

Tiempo de trabajo

Art. L1-71. Jornada.

1. La jornada ordinaria anual durante la vigencia del presente convenio general

será de 1.736 horas.

2. La jornada ordinaria semanal será de cuarenta horas durante toda la vigencia del

presente Convenio general.

3. Aquellos convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente tengan

una jornada inferior, la mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser

alcanzados por éste.

4. Las empresas que, de acuerdo con la representación legal de las personas

trabajadoras, establezcan un calendario distribuyendo la jornada laboral pactada antes

del día 30 de enero de cada año en los centros estables y en las obras con objeto de

coordinar las actividades en la empresa, se regirán por el mismo. En dicho calendario se

establecerán los días laborables y las horas diarias, que no podrán ser más de nueve.

-- 42 of 214 --

En ausencia de calendario pactado en los centros de trabajo en los plazos previstos

se observará el calendario establecido en el convenio provincial o, en su caso,

autonómico aplicable.

5. Cada convenio colectivo provincial o, en su caso, autonómico, establecerá un

calendario laboral distribuyendo la jornada anual pactada. Dicho calendario, operará

siempre que no se pacte entre la empresa y los representantes legales de las personas

trabajadoras una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo.

6. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones climatológicas que inciden sobre

las diversas ubicaciones de los centros de trabajo se pactará, en su caso, en cada

convenio provincial la distribución variable de la jornada máxima anual, sin que en

ningún caso se puedan sobrepasar nueve horas ordinarias de trabajo efectivo diarias.

Cuando se proceda a una distribución variable de la jornada se pactará la

distribución variable correspondiente del salario global.

7. En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario

laboral pactado en el convenio provincial o, en su caso, autonómico, o para el propio

centro de trabajo.

8. La empresa garantizará el registro diario de jornada de sus personas

trabajadoras que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada

de trabajo.

A tal fin, la empresa organizará el registro diario de jornada de sus personas

trabajadoras a través de medios, tales como anotaciones en papel con firma de la

persona trabajadora, aplicaciones informáticas, tarjetas de identificación electrónica o

cualquier otro medio o soporte que acredite la conformidad de la persona trabajadora

con el registro efectuado.

Dichos medios deberán identificar de manera suficiente los registros obligatorios que

correspondan a la presencia de las personas trabajadoras en el centro de trabajo en

cada día laborable, festivo o no laborable, teniendo en consideración las distintas

modalidades posibles que tienen las empresas en relación al establecimiento de las

distintas fórmulas de prestación del trabajo, entre otras, horario fijo, jornada flexible,

teletrabajo, jornada parcial, jornada reducida, jornada partida, jornada continuada,

jornada intensiva, etc.

Las personas trabajadoras deberán hacer uso de los medios organizados por la

empresa a efectos de registro de jornada.

9. Se considerará tiempo de trabajo efectivo de acuerdo con la

Directiva 2003/88/CE, y el artículo 34.1 del E.T., aquél en que la persona trabajadora se

encuentre a disposición de la empresa y en el ejercicio efectivo de su actividad y

funciones para las que fue contratada.

A fin de cuantificar el tiempo de trabajo efectivo con carácter generalizado, en el

Tablón de Anuncios de cada centro de trabajo donde figure el correspondiente calendario

laboral y como información de la empresa se podrán recoger las pausas que, previa

consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, si la hubiere, o con las

propias personas trabajadoras, no se consideren como tiempo de trabajo efectivo.

10. Cada empresa implementará su propio registro diario de jornada respecto de

sus personas trabajadoras.

No obstante, en los supuestos de subcontratación previo acuerdo entre la empresa

contratista o principal y la empresa subcontratista, ésta última podrá utilizar los medios

de registro diario de jornada de la contratista o principal, siempre que se identifique a

cada persona trabajadora y a su respectiva empresa a los efectos de poder deducir

posibles responsabilidades en caso de incumplimiento de la obligación de registro diario

de jornada.

Del posible acuerdo de utilización de los medios de registro de jornada de la empresa

principal por el subcontratista, se dará cuenta a la representación legal de las personas

trabajadoras de ambas empresas.

11. De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.9 del E.T. los registros

permanecerán a disposición de las personas trabajadoras y de sus representantes

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legales para su consulta. Para ello se facilitará la consulta a las personas trabajadoras

respecto de su propio registro cuando éstas lo consideren necesario, así como a la

representación legal de las personas trabajadoras (evitando los datos de identificación

personal) dentro de su respectivo ámbito de competencia (empresa o centro de trabajo)

cuando existan controversias o diferencias concretas en relación con los registros de

alguna persona trabajadora, pudiéndose fijar entre la empresa y la citada representación,

a los efectos de racionalizar la consulta, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo,

plazos periódicos para el ejercicio de este derecho.

Los representantes legales de las personas trabajadoras deberán guardar la

oportuna reserva y proteger los datos consultados de acuerdo con la normativa vigente

de protección de datos personales, así como con lo establecido en el artículo 64 y 65.2

del E.T.

12. Todo lo anterior, sin perjuicio de las opciones que, con independencia de lo

establecido a través de la negociación colectiva, puedan complementar las empresas de

acuerdo a lo fijado en el párrafo segundo del artículo 34.9 del E.T.

Art. L1-72. Prolongación de la jornada.

La jornada de las personas trabajadoras con funciones de mantenimiento y

reparación de instalaciones o maquinaria necesarias para la reanudación o continuidad

del proceso productivo, así como del personal que ponga en marcha o cierre el trabajo

de los demás, podrá ampliarse por el tiempo preciso sin que el exceso sobre la jornada

ordinaria se compute como horas extraordinarias, debiendo abonarse, como mínimo, a

prorrata del valor de la hora extraordinaria de trabajo.

Art. L1-73. Turnos de trabajo.

1. Las empresas podrán establecer turnos de trabajo por razones económicas,

técnicas, organizativas o de producción, de conformidad con los artículos 36 y 41 del E.T.

2. Las empresas que, por las características de su actividad, necesiten establecer

jornada ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, organizarán los turnos de

tal modo que, salvo adscripción voluntaria, cada persona trabajadora no podrá

permanecer en el turno de noche más de dos semanas consecutivas.

3. En las empresas en que se realice actividad laboral por equipos de trabajo en

régimen de turnos, se podrá computar por períodos de hasta cuatro semanas el medio

día de descanso semanal previsto en el apartado 1 del artículo 37 del E.T. y en los

términos que establezca la vigente normativa al respecto.

4. En las empresas que tengan establecidos sistemas de turnos, el trabajador viene

obligado a permanecer en su puesto de trabajo hasta la llegada del relevo. El tiempo

trabajado durante la espera, sin perjuicio de su abono a prorrata del valor de la hora

extraordinaria de trabajo, no se computará como jornada extraordinaria.

Art. L1-74. Recuperación de horas no trabajadas.

El 70 por 100 de las horas no trabajadas por interrupción de la actividad debido a

causas de fuerza mayor, accidentes atmosféricos, inclemencias del tiempo, falta de

suministros o cualquier otra causa no imputable a la empresa, se recuperarán a razón de

una hora diaria en los días laborables siguientes, previa comunicación a las personas

trabajadoras afectadas y, en su caso, a sus representantes legales en el centro de

trabajo.

En el supuesto de que la referida interrupción alcance un período de tiempo superior

a veinticuatro horas efectivas de trabajo, se estará a lo dispuesto en materia de

suspensión del contrato por causa de fuerza mayor en el presente Convenio.

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Art. L1-74-bis. Adaptación de las condiciones de trabajo ante la concurrencia de

temperaturas elevadas extremas derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.

Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la

actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, las evaluaciones de riesgos

laborales de las empresas deberán contener medidas adecuadas para la protección de

las personas trabajadoras frente a los riesgos relacionados con fenómenos

meteorológicos adversos derivados de temperaturas elevadas extremas.

Las evaluaciones de riesgos laborales deberán tomar en consideración, además de

los fenómenos mencionados, las características de la tarea que se desarrolle y las

características personales o el estado biológico conocido de la persona trabajadora.

Dentro de los términos contemplados en la disposición adicional única del Real

Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo, la empresa podrá adaptar las condiciones y

horarios de trabajo de los días en los que se emitan avisos de nivel naranja o rojo por la

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por la concurrencia de fenómenos

meteorológicos adversos derivados de temperaturas elevadas extremas, y las medidas

contempladas en las evaluaciones de riesgos laborales no garanticen la protección de

las personas trabajadoras, de conformidad a las reglas que se establecen a

continuación:

1. Emitido el aviso de fenómeno meteorológico adverso, de nivel naranja o rojo, por

la AEMET, la empresa procederá a adaptar, en cumplimiento de la obligación que

impone el Real Decreto, las condiciones de trabajo de las horas y días afectados por

dicho aviso, siguiendo las reglas fijadas al respecto en el presente artículo. En todo caso,

se priorizará la sustitución de la realización de las tareas inicialmente previstas por la

realización de otras tareas que no impliquen riesgos relacionados con fenómenos

meteorológicos adversos derivados de temperaturas elevadas extremas.

2. Si no fuera posible la realización de esas otras tareas, la adaptación de las

condiciones de trabajo podrá consistir, tanto en la reducción o modificación de la jornada

diaria prevista, como en la alteración de la hora de inicio y/o finalización de la misma, y

se podrá llevar a cabo por vía de:

a) Intentar, en la medida de lo posible, realizar la jornada de forma continuada

b) Adelantar la hora de inicio de la jornada diaria

c) Postponer la hora de inicio de la jornada diaria

d) Interrumpir la jornada diaria

e) Interrumpir y reanudar la jornada diaria, con un máximo de 2 horas de intervalo

f) Adelantar la hora de finalización de la jornada diaria

g) Postponer la hora de finalización de la jornada diaria

3. Si se interrumpiesen tareas durante la jornada diaria, éstas se podrán reanudar

en el mismo día en las horas en las que no concurran dichos fenómenos meteorológicos

adversos o, de concurrir, se garantice la debida protección de la persona trabajadora. Si

la empresa plantease que la reanudación conllevara terminar la jornada laboral más

tarde del horario inicialmente previsto, y siempre que ello sea posible, tanto desde el

punto de vista organizativo y productivo, como que la legislación municipal o autonómica

que fuese de aplicación permita la ampliación de horarios para la las obras y trabajos de

construcción, modificación, reparación o derribo de edificios e infraestructuras, deberá

comunicarlo a la representación legal de las personas trabajadoras del centro de trabajo,

y la realización de jornada fuera del horario ordinario habrá de contar con el

consentimiento expreso de la persona trabajadora.

4. Siempre que ello sea posible, tanto desde el punto de vista organizativo y

productivo, como que la legislación municipal o autonómica que fuese de aplicación

permita la ampliación de horarios para la obras y trabajos de construcción, modificación,

reparación o derribo de edificios e infraestructuras, se podrán adelantar y/o posponer las

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horas de inicio y de terminación de la jornada diaria inicialmente previstas. La

postposición de la hora de terminación de la jornada diaria inicialmente prevista no podrá

llevarse a cabo durante el período de jornada continuada establecida en los convenios

colectivos provinciales o, en su caso, autonómicos, salvo que medie el consentimiento

expreso de la persona trabajadora.

5. La empresa, para la adaptación de las condiciones de trabajo enumerada en el

apartado 2 de los días afectados por aviso de nivel naranja o rojo emitido por la AEMET

por la concurrencia de fenómenos meteorológicos adversos derivados de temperaturas

elevadas extremas, deberá preavisar a la persona trabajadora, y comunicar a la

representación legal de las personas trabajadoras del centro de trabajo, con un mínimo

de setenta y dos horas (antelación con la que la AEMET emite la información). Si la

persona trabajadora no pudiese atender a esta adaptación de las condiciones de trabajo

por razones de conciliación de su vida familiar, personal y laboral, no podrá ser objeto de

ningún tipo de procedimiento disciplinario, sin perjuicio de que dicha persona trabajadora

deba, en su caso, recuperar el tiempo no trabajado en los términos fijados en el presente

artículo.

6. Si la AEMET desactivase el aviso de fenómeno meteorológico adverso de nivel

naranja o rojo para el o los días que la empresa hubiese preavisado de la adaptación de

las condiciones de trabajo, si aquella quisiera dejar sin efecto ésta, deberá recabar el

consentimiento expreso de la persona trabajadora lo antes posible y, en cualquier caso,

antes del inicio de la jornada laboral del día en cuestión, y comunicarlo a la

representación legal de las personas trabajadoras del centro de trabajo.

7. Cuando la AEMET emitiese un «aviso especial» o «excepcional», en los

términos definidos por la misma (coincidencia de determinados fenómenos

meteorológicos adversos, la intensidad de los mismos, su duración temporal o su

coincidencia con épocas o eventos de marcada importancia social que puedan

incrementar el impacto de los fenómenos meteorológicos adversos), no será exigible el

preaviso establecido en el apartado 5 para la adaptación de las condiciones de trabajo.

En estos supuestos la empresa no podrá en ningún caso aplicar el régimen disciplinario

respecto de aquella persona trabajadora que no pudiese atender, por razones de

conciliación de su vida familiar, personal y laboral, a la adaptación de las condiciones de

trabajo, sin perjuicio de que dicha persona trabajadora deba, en su caso, recuperar el

tiempo no trabajado en los términos fijados en el presente artículo. Tampoco será

exigible dicho preaviso si el día, y/o el posterior a éste, en el que se emitiese el aviso de

nivel naranja o rojo por parte de la AEMET no fuese laborable, debiendo la empresa

preavisar a la persona trabajadora de la adaptación de las condiciones de trabajo con la

mayor antelación posible y, en todo caso, al inicio de la jornada del primer día laborable.

8. Las horas de desarrollo de la jornada diaria prevista que hayan sido modificadas

se abonarán en el mes en el que inicialmente se iban a prestar, sin perjuicio de que la

prestación efectiva del trabajo se efectúe en otra fecha.

9. La persona trabajadora deberá recuperar el 70 por 100 de las horas de trabajo

de los días afectados por los avisos de nivel naranja o rojo emitidos por la AEMET por la

concurrencia de fenómenos meteorológicos adversos derivados de temperaturas

elevadas extremas que dieron lugar a que no trabajase la totalidad de la jornada diaria

prevista, debiendo conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de

dicha recuperación; la recuperación deberá llevarse a cabo dentro de los 6 meses

siguientes al día en que se produjo la adaptación de las condiciones de trabajo.

En todo caso, serán de aplicación prioritaria las reglas específicas en materia de

recuperación de horas de trabajo no trabajadas como consecuencia de la emisión de

avisos de nivel naranja o rojo por la AEMET por la concurrencia de fenómenos

meteorológicos adversos derivados de temperaturas elevadas extremas que

expresamente estuviesen regulados en pactos de empresa o en convenios colectivos de

ámbito inferior, siempre que estos últimos lo hubiesen regulado con posterioridad a la

entrada en vigor de la disposición adicional única del Real Decreto 486/1997, de 14 de

abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

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lugares de trabajo, introducida por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, y en

ambos se estableciese una recuperación inferior.

10. Durante la prestación del trabajo a que se refiere al apartado anterior, deberán

respetarse, en todo caso, los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos

legal y convencionalmente, así como la duración máxima de la jornada diaria regulada

en el presente Convenio general y, en su caso, en los convenios provinciales.

11. En el caso de que se produjeran cambios normativos que afectasen, total o

parcialmente, al contenido del presente artículo, las partes firmantes del presente

Convenio general se comprometen a realizar las adaptaciones a los mismos que resulten

oportunas, debiéndose mantener, en todo caso, la finalidad, espíritu y objeto del mismo.

Art. L1-75. Jornadas especiales.

Se exceptúan de la aplicación del régimen de jornada ordinaria de trabajo, previsto

con carácter general en el presente Convenio general, las actividades siguientes:

a) La jornada de los porteros, guardas y vigilantes, será de setenta y dos horas

semanales, remunerándose a prorrata de su salario base las que excedan de la jornada

ordinaria establecida, con carácter general, en el presente Convenio general. En

cualquier caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de

septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

b) En la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de

especial penosidad derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o

como consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición inhabitual del

cuerpo al trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a treinta

y cinco horas sin que, su distribución diaria pueda en ningún caso, exceder de seis

horas.

c) Los trabajos en los denominados «cajones de aire comprimido» tendrán la

duración que señala la normativa específica al respecto.

d) Las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos

excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos, podrán pactar su sustitución por

reducciones de jornada, en los términos que, en cada caso, se establezcan.

Art. L1-76. Vacaciones.

1. El personal afectado por el presente Convenio, sea cual fuere su modalidad de

contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un período de vacaciones anuales

retribuidas de treinta días naturales de duración, de los cuales veintiún días tendrán que

ser laborables, pudiéndose distribuir éstos en periodos de al menos diez días laborables

e, iniciándose, en cualquier caso, su disfrute, en día laborable que no sea viernes.

2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de

servicios en la empresa sólo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional

correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año.

3. El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No

obstante, el personal que cese durante el transcurso del año, tendrá derecho al abono

del salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como

concepto integrante de la liquidación por su baja en la empresa.

4. A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo

efectivamente trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea

cual fuere su causa. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una

incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo segundo

del artículo 38.3 del E.T. que imposibilite a la persona trabajadora disfrutarlas, total o

parcialmente, durante el año natural a que corresponden, la persona trabajadora podrá

hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de

dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. Finalizado dicho

plazo se perderá el mismo si al vencimiento de éste la persona trabajadora continuase

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de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia que pudiera existir entre la

retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad temporal.

5. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la

empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad

temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de

suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del

E.T., se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad

temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le

correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año

natural a que correspondan.

6. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad

temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que

imposibilite a la persona trabajadora disfrutarlas, total o parcialmente, durante al año

natural al que corresponden, la persona trabajadora podrá hacerlo una vez finalice su

incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del

final del año en que se hayan originado.

7. El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario,

tendrá carácter ininterrumpido.

8. La retribución de vacaciones consistirá en la cantidad fija establecida en las

tablas salariales de los respectivos convenios colectivos provinciales o de comunidad

autónoma.

9. En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 del E.T.

Art. L1-77. Permisos y licencias.

1. La persona trabajadora, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo

acreditada urgencia, y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del

trabajo, manteniendo el derecho a la percepción de todos aquellos conceptos

retributivos, que no se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación efectiva

de la actividad laboral, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales, en caso de matrimonio.

b) Dos días naturales –de los cuales al menos uno deberá ser laborable–, por

nacimiento o adopción de un hijo. En el caso de personas trabajadoras no comunitarios o

comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que

acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de cinco

días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la

empresa, pero siendo exclusivamente retribuidos los cinco días antes señalados.

c) Un día, por matrimonio de hijo.

d) Tres días laborables, por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho y parientes

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona

trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días

laborables; en el caso de personas trabajadoras no comunitarias o comunitarias de

países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten efectivamente

la realización del desplazamiento a su país de origen, de seis días laborables,

pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero siendo

exclusivamente retribuidos los seis días antes señalados.

e) Cinco días laborables, por enfermedad o accidente grave, hospitalización o

intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge,

pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,

incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra

persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo

domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella.

f) Un día, por traslado del domicilio habitual.

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g) Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los

estudios que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación

profesional de carácter público o privado, reconocidos.

Cuando por los motivos expresados en los apartados b), c), d) y e), la persona

trabajadora necesite efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos señalados en los

mismos se incrementarán en dos días naturales, salvo las personas trabajadoras no

comunitarias o comunitarias no colindantes con España que se acojan a lo dispuesto en

los últimos incisos de los apartados b) y d).

2. Los supuestos contemplados en los apartados precedentes –cuando concurran

las circunstancias previstas en los mismos– se extenderán asimismo a las parejas de

hecho siempre que consten inscritas en el registro correspondiente.

3. En las mismas condiciones que las previstas en el apartado 1 del presente

artículo, la persona trabajadora podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario

para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal,

comprendido el ejercicio de sufragio activo. Cuando conste en una norma legal un

período determinado de ausencia, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a su

duración y compensación económica.

En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo

público, la persona trabajadora perciba una compensación económica, cualquiera que

sea su denominación, se descontará el importe de la misma de la retribución a que

tuviera derecho en la empresa.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido, suponga la imposibilidad de

prestación de trabajo en más del 25 por 100 de las horas laborables en un período de

tres meses, la empresa se encuentra facultada para decidir el paso de la persona

trabajadora afectada a la situación de excedencia forzosa, con todos los efectos

inherentes a la misma.

4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o

acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del E.T., las personas trabajadoras

tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos

fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La

duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento,

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su

jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los

términos previstos en el acuerdo a que llegue con la empresa.

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho

individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra

persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. No obstante, si dos personas

trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante,

podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de

funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso

la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas

trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación.

Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras

ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá

extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del

salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.

5. La persona trabajadora que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado

directo a algún menor de doce años o a una persona con discapacidad que no

desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo

diaria, con la disminución proporcional del salario, entre al menos un octavo y un máximo

de la mitad de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o

pareja de hecho, o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,

incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad,

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accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad

retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho

individual de las personas trabajadoras. No obstante, si dos o más personas

trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto

causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y

objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito,

debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de

ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación.

Movilidad funcional

Art. L1-78. Cambio de puesto de trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del presente Convenio, se entiende por

movilidad funcional la que se deriva de la facultad que tiene la empresa para decidir el

cambio de puesto de trabajo de sus personas trabajadoras cuando lo estime necesario

para la buena marcha de la organización, siempre que se efectúe sin perjuicio de los

derechos económicos y profesionales que correspondan a éstos, y se respeten las

limitaciones exigidas por las titulaciones académicas o profesionales que se requieran

para ejercer la prestación laboral de que se trate y la pertenencia al grupo profesional

correspondiente, pudiéndose realizar entre las diferentes áreas funcionales que recoge

la clasificación profesional del presente Convenio.

Art. L1-79. Trabajos de nivel retributivo superior.

1. Por necesidades organizativas, de producción o de contratación, la persona

trabajadora podrá ser destinada a ocupar un puesto de un nivel retributivo superior al

que tuviera reconocido, por plazo que no exceda de seis meses durante un año, u ocho

durante dos años, teniendo derecho a percibir, mientras se encuentre en tal situación, la

remuneración correspondiente a la función efectivamente desempeñada.

2. Transcurrido dicho período, la persona trabajadora podrá reclamar de la empresa

la clasificación profesional adecuada, y, si ésta no resolviese favorablemente al respecto,

en el plazo de quince días hábiles, y previo informe, en su caso, de los representantes

legales de las personas trabajadoras, podrá reclamarla ante la jurisdicción competente, y

surtirá efectos, si es estimada la reclamación y una vez firme la resolución

correspondiente, a partir del día en que el interesado solicitó, por escrito, su adecuada

clasificación.

3. Cuando se realicen funciones de un nivel retributivo superior, pero no proceda el

ascenso por no reunir el interesado los requisitos precisos al respecto, la persona

trabajadora tendrá derecho a percibir la diferencia retributiva existente entre el nivel

retributivo asignado y el de la función efectivamente realizada.

4. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto, los trabajos de un grupo profesional

superior que la persona trabajadora realice, de común acuerdo con la empresa, con el fin

de prepararse para el ascenso.

5. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, salvo en lo que se refiere a la

retribución, en los supuestos de incapacidad temporal, maternidad, permisos y

excedencias, en los que la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las

circunstancias que lo hayan motivado.

Art. L1-80. Trabajos de nivel retributivo inferior.

1. La empresa por necesidades perentorias, transitorias o imprevisibles, podrá

destinar a una persona trabajadora a realizar tareas correspondientes a un nivel

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retributivo inferior al suyo por el tiempo imprescindible, y comunicándolo, a los

representantes legales de las personas trabajadoras, si los hubiere, no pudiendo el

interesado negarse a efectuar el trabajo encomendado, siempre que ello no perjudique

su formación profesional. En esta situación, la persona trabajadora seguirá percibiendo

la remuneración que, por su nivel retributivo y función anterior, le corresponda.

2. A una persona trabajadora no se le podrá imponer la realización de trabajos

propios de un nivel retributivo inferior durante más de tres meses al año, mientras todas

las personas trabajadoras del mismo grupo profesional no hayan rotado en la realización

de dichas tareas.

No se considerarán, a efectos del cómputo, los supuestos de avería o fuerza mayor.

3. Si el destino de un nivel retributivo inferior hubiera sido solicitado por la propia

persona trabajadora, se le asignará a éste la retribución que le corresponda por la

función efectivamente desempeñada, pero no se le podrá exigir que realice trabajos de

un nivel retributivo superior a aquél por el que se le retribuye.

Art. L1-81. Personal con discapacidad.

1. El personal que, por edad u otra circunstancia, haya experimentado una

disminución en su capacidad para realizar las funciones que le competen, podrá ser

destinado por la empresa a trabajos adecuados a sus condiciones actuales, siempre que

existan posibilidades para ello, asignándosele la clasificación profesional que proceda de

acuerdo con sus nuevos cometidos, así como la remuneración correspondiente a su

nueva categoría profesional.

2. Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocupados por

personas con discapacidad, tendrán preferencia para desempeñarlos, a igualdad de

condiciones, y en su caso, las personas trabajadoras de la propia empresa en los

términos expresados en el apartado anterior.

3. La persona trabajadora que no esté conforme con su paso a la situación de

capacidad disminuida o con la nueva categoría que se le asigne, podrá interponer la

oportuna reclamación ante la jurisdicción competente.

Art. L1-82. Trabajos susceptibles de originar un perjuicio para la salud sin merma de la

capacidad laboral.

1. Cuando una persona trabajadora, sin merma de su capacidad laboral, pudiera

resultar, previsiblemente y con cierto fundamento, perjudicado en su salud, con motivo u

ocasión del trabajo que habitualmente realiza, a criterio del médico de empresa o

facultativo designado por ésta a tal efecto, podrá ser destinado por la empresa a un

nuevo puesto de trabajo, si lo hubiese, en el que no exista tal riesgo o peligro y

adecuado a su nivel de conocimientos y experiencia, asignándosele la clasificación

profesional correspondiente a sus nuevas funciones, así como la remuneración que

corresponda a éstas.

2. Si la persona trabajadora no estuviese conforme con el cambio de puesto, podrá

interponer la oportuna reclamación ante la jurisdicción competente.

Movilidad geográfica

Art. L1-83. Conceptos generales.

1. Las empresas podrán desplazar a su personal a otros centros de trabajo distintos

de aquel en que presten sus servicios durante cualquier plazo de tiempo, fundamentando

dicho desplazamiento en razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o

de contratación.

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Esta facultad deriva, por una parte, del carácter móvil del trabajo en las empresas del

sector, como consecuencia de la inevitable temporalidad de la realización de su

actividad, y a tenor de la excepción prevista en el artículo 40.1 del E.T. y, por otra, de la

competencia atribuida la empresa en materia de ordenación del trabajo en el artículo 31

del presente Convenio.

2. Cuando el desplazamiento se produzca a un centro de trabajo situado en distinto

término municipal y que, además, diste 15 kilómetros o más del centro de trabajo de

partida y de la residencia habitual de la persona trabajadora, dará lugar a los siguientes

conceptos compensatorios:

a) Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, se devengarán

dietas, si no puede pernoctar en su residencia habitual, y medias dietas, si puede

pernoctar en ella.

b) Si el desplazamiento es de duración superior a un año, e implica cambio de

residencia, se devengará una indemnización compensatoria en la cuantía y condiciones

establecidas en el apartado siguiente. Además, se devengarán los gastos de viaje de la

persona trabajadora y su familia, los gastos de traslado de muebles y enseres y cinco

días de dieta por cada persona que viaje de las que compongan la familia y convivan con

la persona trabajadora desplazada.

3. La indemnización compensatoria, establecida en el apartado anterior para el

supuesto de desplazamiento superior a un año que implique cambio de residencia, se

aplicará conforme a las siguientes reglas:

a) Será equivalente al 35 por 100 de las percepciones anuales brutas de la persona

trabajadora en jornada ordinaria y de carácter salarial en el momento de realizarse el

cambio de centro; el 20 por 100 de las mismas al comenzar el segundo año; el 10

por 100 al comenzar el tercer año y el 10 por 100 al comenzar el cuarto año, siempre

sobre la base inicial.

b) En caso de que se produzca un nuevo desplazamiento de duración superior a un

año, con cambio de residencia, antes de transcurridos cuatro años desde el anterior, se

dará por finalizada la secuencia indemnizatoria iniciándose una nueva, tomando como

base la retribución que se viniera percibiendo en ese momento.

De la indemnización percibida por el primer desplazamiento no se deducirá cantidad

alguna de la anualidad en curso al fijar la nueva secuencia indemnizatoria.

c) En el supuesto de que se extinguiera el contrato de trabajo antes de

transcurridos cuatro años desde un desplazamiento de duración superior a un año, con

cambio de residencia, solamente se devengará la parte proporcional de la indemnización

compensatoria correspondiente a la anualidad en que se produzca la extinción.

4. En los desplazamientos voluntarios mediante petición escrita de la persona

trabajadora, no procederán las compensaciones y derechos regulados en este capítulo.

Art. L1-84. Preaviso, ejecutividad e impugnación de la orden de desplazamiento.

1. Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, la empresa

deberá preavisar por escrito a la persona trabajadora con una antelación mínima de tres

días, o cinco si el desplazamiento es superior a tres meses, haciendo constar las

condiciones y duración prevista.

2. Si el desplazamiento es de duración superior a un año, el preaviso será de

treinta días para la incorporación inicial de la persona trabajadora al nuevo puesto, sin

perjuicio de que realice a su conveniencia el traslado de familia, muebles y enseres, a

cuyos efectos la empresa facilitará y costeará los viajes necesarios a su localidad de

origen. El desplazamiento deberá ser comunicado simultáneamente a los representantes

de las personas trabajadoras.

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3. No se requerirá preaviso cuando la persona trabajadora pueda pernoctar en su

residencia habitual. En los casos de urgente necesidad, el preaviso no podrá ser inferior a

cinco días laborables, en el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses.

4. En todos los casos, la orden de desplazamiento es ejecutiva para la persona

trabajadora, sin perjuicio de la posible impugnación judicial.

Art. L1-85. Descanso.

1. Por cada tres meses de desplazamiento continuado de duración que no exceda

de un año, sin posibilidad de pernoctar en el lugar de residencia habitual, la persona

trabajadora tendrá derecho a un mínimo de cuatro días laborables retribuidos en dicho

lugar, sin computar como tales los de viaje, cuyos billetes o su importe, serán de cuenta

de la empresa.

Tales días de descanso deberán hacerse efectivos dentro del término de los quince

días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de vencimiento de cada período de

tres meses de desplazamiento.

2. Por acuerdo individual, podrá pactarse la acumulación de estos días,

añadiéndose, incluso, al período de vacaciones.

Art. L1-86. Dietas.

1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o

compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o

compensación de los gastos de manutención y alojamiento de la persona trabajadora,

ocasionados como consecuencia de la situación de desplazamiento.

2. La persona trabajadora percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del

desplazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre

por día natural.

3. Cuando la empresa organice y coste la manutención y alojamiento del personal

desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, solamente

satisfará el 20 por 100 de la dieta completa.

4. Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, la

persona trabajadora afectada tenga necesidad de realizar la comida fuera de su

residencia habitual, no le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la

citada residencia. La media dieta se devengará por día efectivo trabajado.

5. Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con independencia de la

retribución de la persona trabajadora y en las mismas fechas que ésta; pero en los

desplazamientos de más de una semana de duración, aquél podrá solicitar anticipos

quincenales a cuenta, y a justificar, sobre las mencionadas dietas.

6. El importe de la dieta completa y de la media dieta será fijado en el marco de los

convenios colectivos de ámbito inferior.

7. La dieta completa no se devengará en los casos de suspensión legal del contrato

de trabajo, salvo en los casos de incapacidad temporal en los que la empresa mantenga

el desplazamiento.

Art. L1-87. Locomoción.

Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como

consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a

disposición de la persona trabajadora, ya abonándole la compensación correspondiente.

Art. L1-88. Prioridad de permanencia.

Tienen prioridad para ser los últimos en ser afectados por cualquier desplazamiento a

población distinta del lugar de su residencia habitual, los representantes legales de las

personas trabajadoras, dentro de su categoría y especialidad profesional u oficio.

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Art. L1-89. Condiciones de trabajo en el centro de llegada o destino.

1. El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y

calendario vigente en la obra o centro de trabajo de llegada. No obstante, en el supuesto

de que la jornada de trabajo correspondiente al centro de origen, fuese inferior a la del

de llegada, se abonará el exceso como horas extraordinarias, que no computarán para el

límite del número de dichas horas.

2. La dieta o media dieta, en su caso, a percibir por el personal desplazado, será la

que corresponda de acuerdo con el convenio colectivo provincial del lugar de llegada.

3. La persona trabajadora desplazada deberá facilitar, en cuanto de él dependa,

cuantos trámites fuesen precisos en orden a la regularización de su nueva situación.

Art. L1-90. Obras de larga extensión.

1. Son aquellas en las que el lugar de prestación de trabajo resulta variable a lo

largo de un determinado territorio o zona, bien sea mediante tajos continuos o

discontinuos, pudiendo abarcar varios términos municipales o incluso provincias, pero de

tal modo que, a efectos técnicos y de organización empresarial, formen parte de una

única unidad estructural.

2. La prestación de actividad laboral a lo largo de cualesquiera de los tajos o

centros de trabajo integrantes de esta modalidad de obras, no constituye desplazamiento

en sentido técnico, por lo que tales supuestos están excluidos del régimen jurídico

previsto en el presente capítulo, si bien el tiempo invertido en esta movilidad dentro de la

obra se computará como trabajado.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, si como consecuencia de la

prestación de servicios en estas obras, la persona trabajadora no pudiera pernoctar en el

lugar de su residencia habitual, devengará el derecho a la percepción de dieta completa,

así como a ser resarcido por la empresa de los gastos de viaje de ida y vuelta al lugar

específico de trabajo.

4. Cuando las citadas obras discurran por ámbitos territoriales correspondientes a

varias provincias, será de aplicación, en su caso, la dieta del convenio colectivo del lugar

de prestación efectiva de la actividad de la persona trabajadora. En el caso de que un

determinado tajo o centro de trabajo se encuentre en el límite geográfico entre dos

provincias, será de aplicación la del convenio colectivo correspondiente al lugar donde se

preste la actividad laboral durante un mayor período de tiempo.

Art. L1-91. Traslado de centro de trabajo.

1. El traslado total o parcial de las instalaciones que no exija cambio de residencia

habitual a las personas trabajadoras afectadas, será facultad de la empresa, previo

informe, en su caso, de los representantes legales de las personas trabajadoras, que

deberán emitirlo en el plazo de quince días, a partir de aquél en que se les haya

notificado la decisión correspondiente.

2. Si dicho traslado supusiera cambio de residencia habitual, a falta de aceptación,

en su caso, por parte de los representantes legales de las personas trabajadoras, habrá

que estar, para poder llevarlo a efecto, a las restantes disposiciones establecidas, al

respecto, en el artículo 40.2 del E.T., y en cuanto a sus condiciones, a lo previsto a tales

efectos en el presente Convenio.

Art. L1-92. Residencia habitual.

1. Se entenderá por residencia habitual de la persona trabajadora la que haya

señalado ésta, lo que es preceptivo, al ingresar en la empresa, debiendo comunicar a

ésta los cambios que se produzcan al respecto durante la vigencia del correspondiente

contrato de trabajo.

2. Los cambios de residencia habitual de la persona trabajadora que se produzcan

durante el transcurso de la relación laboral, y que no se hayan comunicado por ésta a su

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empresa, no producirán ningún efecto en relación con las disposiciones del presente

Convenio general y demás normativa que sea de aplicación.

3. Los cambios de residencia habitual de la persona trabajadora, que no vengan

obligados por decisiones de su empresa, no darán lugar, por sí solos, a derecho o

compensación alguna a su favor, aunque, como es preceptivo, le deban ser

comunicados a ésta.

4. A los efectos del presente capítulo, se entenderá que un desplazamiento implica

cambio de residencia habitual, cuando razonablemente imposibilite o haga

especialmente gravoso u oneroso a la persona trabajadora el desplazamiento diario al

centro de destino desde dicha residencia, atendidas las circunstancias de distancia y

tiempo invertido en recorrerla.

En ningún caso se entenderá que un desplazamiento implica cambio de residencia,

cuando, con respecto al centro de trabajo de destino, se produzca alguna de las

siguientes circunstancias:

a) Que esté ubicado en el mismo término municipal que el de procedencia.

b) Que se encuentre más próximo de la residencia habitual de la persona

trabajadora que el centro de procedencia.

Suspensión y extinción de la relación laboral

Art. L1-93. Causas y efectos de la suspensión.

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo de las partes.

b) Las consignadas válidamente en el contrato.

c) Incapacidad temporal de las personas trabajadoras.

d) Nacimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un

menor de nueve meses, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de

conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo

regulen, de menores de seis años o de menores de edad mayores de seis años con

discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del

extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente

acreditadas por los servicios sociales competentes.

e) Ejercicio de cargo público representativo.

f) Privación de libertad de la persona trabajadora, mientras no exista sentencia

condenatoria.

g) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.

h) Fuerza mayor temporal.

i) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que impidan la

prestación y la aceptación del trabajo.

j) Excedencia forzosa.

k) Ejercicio del derecho de huelga.

l) Cierre legal de la empresa.

m) Por decisión de la persona trabajadora que se vea obligada a abandonar su

puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el

trabajo.

3. Cuando la suspensión venga motivada por alguna de las causas previstas en los

epígrafes f) y g) del apartado 1 de este artículo, y salvo acuerdo entre las partes, el

tiempo de suspensión no computará a efectos de años de servicio.

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Art. L1-94. Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor temporal.

1. A efectos de la causa de suspensión prevista en la letra h) del apartado 1 del

artículo anterior, tendrán la consideración de fuerza mayor temporal, entre otras, siempre

que resulten imprevisibles, o siendo previsibles, resulten inevitables, las situaciones

siguientes:

a) Imposibilidad de recepción de acopios, materiales o suministro de los mismos.

b) Corte del suministro de energía, por causas ajenas a la empresa.

c) Fenómenos climatológicos que impidan la normal realización de los trabajos.

d) Paralización de la obra o parte de ésta, por orden gubernativa, resolución

administrativa u otras causas similares ajenas a la voluntad de la empresa, sin perjuicio

de lo establecido, al respecto, para el contrato fijo de obra y el contrato indefinido

adscrito a obra, en el presente Convenio.

e) Paralización de la actividad de las personas trabajadoras en la obra, acordada

por decisión mayoritaria de los representantes legales de aquéllas o, en su caso, de los

delegados de prevención, cuando dicha paralización se mantenga con posterioridad y en

contra del preceptivo pronunciamiento en el plazo de veinticuatro horas de la autoridad

laboral.

f) En todos estos supuestos, se aplicará el procedimiento previsto en el

artículo 47.5 de E.T. en relación con el artículo 51.7 del E.T.

Art. L1-95. Excedencia forzosa.

1. Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la Ley darán lugar al derecho

a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su

vigencia. El reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que

motivó la excedencia, perdiéndose el derecho al reingreso si se solicita transcurrido este

plazo.

2. La duración del contrato de trabajo no se verá interrumpida por la situación de

excedencia forzosa de la persona trabajadora, y en el caso de llegar el término del

contrato durante el transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato, previa su

denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario.

Art. L1-96. Excedencias voluntarias, por cuidado de familiares y las reguladas por

pacto de las partes.

1. La persona trabajadora con al menos, una antigüedad en la empresa de un año,

tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria

por un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. La persona trabajadora

en excedencia, conservará un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual

o similar categoría a la suya, que hubiera o se produjeran en la empresa, siempre que lo

solicite con, al menos, un mes de antelación al término de la excedencia. El tiempo de

excedencia no computará a efectos de años de servicio.

2. Las personas trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia, no

superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por

naturaleza, como por adopción o en los supuestos de guarda con fines de adopción o

acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la

resolución judicial o administrativa. El período de duración de la excedencia podrá

disfrutarse de forma fraccionada.

También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos

años, salvo que se establezca una duración superior por acuerdo entre las partes, las

personas trabajadoras para atender el cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de un

familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluido el familiar

consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente, enfermedad o

discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

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En caso de que dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen

este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio

simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento debidamente motivadas

por escrito debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el

disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de

conciliación.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia,

el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que la persona trabajadora permanezca en situación de excedencia

conforme a lo establecido en este apartado será computable a efectos de años de

servicio y la persona trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación

profesional, a cuya participación deberá ser convocada por la empresa, especialmente

con ocasión de su incorporación, la cual deberá ser solicitada con, al menos, un mes de

antelación al término de la excedencia. Durante el primer año tendrá derecho a la

reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a

un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga

reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de

trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia

numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de

categoría especial.

3. Durante el período de excedencia, la persona trabajadora no podrá prestar sus

servicios en otra empresa que se dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá

automáticamente su derecho de reingreso.

4. En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes.

Art. L1-97. Causas y efectos de la extinción.

En cuanto a la extinción del contrato de trabajo, se estará a lo dispuesto en la

legislación vigente y, en concreto, a lo establecido en el E.T. en sus artículos 49 a 57,

ambos inclusive, y a las especialidades previstas en presente Convenio general para el

contrato fijo de obra, contrato indefinido adscrito a obra, contrato fijo-discontinuo y otras

modalidades de contratación.

Art. L1-98. Ceses.

La extinción del contrato, según el carácter del mismo, se ajustará a los siguientes

requisitos:

a) Durante el período de prueba, las empresas y las personas trabajadoras podrán

dar por terminado el contrato de trabajo sin necesidad de preaviso y sin derecho a

indemnización alguna.

b) En los contratos temporales, la extinción se producirá cuando transcurra el plazo

de duración fijado en los mismos, previa su denuncia, en su caso.

c) En cuanto al contrato fijo de obra y al contrato fijo-discontinuo, se estará a lo

dispuesto al respecto en la regulación que de los mismos se efectúa en el presente

Convenio.

d) En cuanto al contrato indefinido adscrito a obra, se estará a lo dispuesto al

respecto en la regulación que del mismo se efectúa en la disposición adicional tercera de

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la

construcción, y en el presente Convenio, pudiendo las empresas utilizar, a efectos de

propuesta de recolocación con preaviso de extinción por causas inherentes a la persona

trabajadora, como de propuesta de recolocación efectiva, el modelo que se contiene

como Anexo XVI del presente Convenio.

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Art. L1-99. Finiquitos.

1. El recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa y persona trabajadora,

para que surta plenos efectos liberatorios, deberá ser conforme al modelo que figura

como Anexo III del presente Convenio general y con los requisitos y formalidades

establecidos en los números siguientes. La Confederación Nacional de la Construcción

lo editará y proveerá de ejemplares a todas las organizaciones patronales provinciales.

2. Toda comunicación de cese o de preaviso de cese, deberá ir acompañada de

una propuesta de finiquito en el modelo citado. Cuando se utilice como propuesta, no

será preciso cumplimentar la parte que figura después de la fecha y lugar.

3. El recibo de finiquito será expedido por la organización patronal correspondiente,

numerado, sellado y fechado y tendrá validez únicamente dentro de los quince días

naturales siguientes a la fecha en que fue expedido. La organización patronal que lo

expida, vendrá obligada a llevar un registro que contenga los datos anteriormente

expresados.

4. Una vez firmado por la persona trabajadora, este recibo de finiquito surtirá los

efectos liberatorios que le son propios.

5. En los supuestos de extinción de contrato por voluntad de la persona

trabajadora, no serán de aplicación los apartados 2 y 3 de este artículo.

6. La persona trabajadora podrá estar asistida por un representante de las

personas trabajadoras, o en su defecto por un representante sindical de los sindicatos

firmantes de presente Convenio, en el acto de la firma del recibo de finiquito.

Art. L1-100. Jubilación.

1. La disposición adicional décima del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores, en su redacción dada por la disposición final primera de la Ley 21/2021,

de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras

medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de

pensiones, habilita a los convenios colectivos suscritos a partir del 1 de enero de 2022 a

suscribir cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento

por la persona trabajadora de una determinada edad.

2. De una manera general, posibilita la extinción del contrato de trabajo cuando la

persona trabajadora tenga una edad igual o superior a 68 años, siempre que se cumplan

los siguientes requisitos:

a) La persona trabajadora afectada por la extinción del contrato de trabajo deberá

reunir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al

cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.

b) La medida deberá vincularse, como objetivo coherente de política de empleo

expresado en el convenio colectivo, al relevo generacional a través de la contratación

indefinida y a tiempo completo de, al menos, una nueva persona trabajadora.

Los objetivos coherentes de política de empleo del sector de la construcción se

centran en la estabilidad en el empleo, que se alcanza a través de la articulación del

contrato de trabajo indefinido adscrito a obra a través de la Ley 32/2006, de 18 de

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, de la

ampliación de la duración del contrato por circunstancias de la producción hasta la

duración máxima de un año, de la subrogación de personal en las contratas a las que se

hace mención en el artículo 27, y de la regulación del contrato de trabajo fijo-discontinuo.

Con todas estas medidas, el sector de la construcción hace una apuesta decidida por el

relevo generacional, intentando atraer a personas trabajadoras a un sector de actividad

en el que la carencia de mano de obra es una evidencia.

3. Igualmente, la disposición adicional décima a la que se hace referencia en el

apartado 1 establece que los convenios colectivos podrán rebajar el límite de los 68 años

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hasta la edad ordinaria de jubilación fijada por la normativa de la Seguridad Social,

cuando la tasa de ocupación de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena afiliadas a la

Seguridad Social en alguna de las actividades económicas correspondientes al ámbito

funcional del convenio sea inferior al 20 por ciento de las personas ocupadas en las

mismas, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) La persona afectada por la extinción del contrato de trabajo deberá reunir los

requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por

ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.

b) En el CNAE al que esté adscrita la persona afectada por la aplicación de esta

cláusula concurra una tasa de ocupación de empleadas inferior al 20 por ciento sobre el

total de personas trabajadoras a la fecha de efectos de la decisión extintiva. Este CNAE

será el que resulte aplicable para la determinación de los tipos de cotización para la

cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

c) Cada extinción contractual en aplicación de esta previsión deberá llevar

aparejada simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos,

una mujer en la mencionada actividad.

4. Las partes firmantes del presente convenio general establecen que las empresas

podrán extinguir el contrato de trabajo de aquellas personas trabajadoras que cumplan

con los requisitos que se recogen en los apartados 2 y 3, respectivamente, cuya

extinción lleve aparejada la contratación en los términos que se establecen en los

mismos para cada uno de ellos.

5. La persona trabajadora afectada por la extinción del contrato de trabajo, a

requerimiento de la empresa efectuado con una antelación mínima de dos meses, estará

obligada a facilitar a la empresa certificado de vida laboral expedido por el organismo

competente, a fin de verificar el cumplimiento o no de los requisitos exigidos para tener

derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad

contributiva.

6. La decisión extintiva de la relación laboral será con carácter previo comunicada

por la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras y a la propia

persona trabajadora afectada.

7. Se prevé en el presente Convenio general la posibilidad de acudir a la jubilación

anticipada y parcial como medidas encaminadas a mejorar la estabilidad y calidad en el

empleo en el sector de la construcción, medidas que podrán ser adoptadas por las

empresas dentro de las figuras que jurídicamente lo permitan.

Faltas y sanciones

Art. L1-101. Criterios generales.

La empresa podrá sancionar, como falta laboral, las acciones u omisiones de las

personas trabajadoras que se produzcan con ocasión o como consecuencia de la

relación laboral y que supongan una infracción o incumplimiento contractual de sus

deberes laborales, de acuerdo con la tipificación y graduación de las faltas establecidas

en el presente capítulo o en otras normas laborales o sociales.

Art. L1-102. Clases de faltas.

Las faltas cometidas por las personas trabajadoras al servicio de las empresas del

sector, se clasificarán atendiendo a su importancia y, en su caso, a su reincidencia, en

leves, graves, y muy graves, de conformidad con lo que se dispone en los artículos

siguientes.

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Art. L1-103. Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justificado.

b) La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación, de

cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser que se acredite la

imposibilidad de hacerlo.

c) El abandono del centro o del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado,

aún por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo

de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a sus

compañeros/as de trabajo, en que podrá ser considerada como grave o muy grave.

d) Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.

e) La falta de atención y diligencia debidas en el desarrollo del trabajo

encomendado, siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa o a

sus compañeros/as de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o

muy grave.

f) Pequeños descuidos en la conservación del material.

g) No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga

incidencia en lo laboral, como el cambio de su residencia habitual.

h) La falta ocasional de aseo o limpieza personal, cuando ello ocasione

reclamaciones o quejas de sus compañeros/as o superiores.

i) Las faltas de respeto, de escasa consideración, a sus compañeros/as, e incluso,

a terceras personas ajenas a la empresa o centro de actividad, siempre que ello se

produzca con motivo u ocasión del trabajo.

j) Permanecer en zonas o lugares distintos de aquéllos en que realice su trabajo

habitual, sin causa que lo justifique, o sin estar autorizado para ello.

k) Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización, fuera de la jornada laboral.

l) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales,

que no entrañen riesgo grave para la persona trabajadora, ni para sus compañeros/as o

terceras personas.

m) Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si

tales discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas

como faltas graves o muy graves.

n) Distraer a sus compañeros/as durante el tiempo de trabajo y prolongar las

ausencias breves y justificadas por tiempo superior al necesario.

ñ) Usar medios telefónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos o electrónicos de la

empresa, para asuntos particulares, sin la debida autorización.

o) No realizar más de tres registros de jornada sin causa que lo justifique.

Art. L1-104. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes o hasta tres cuando el retraso sea

superior a quince minutos, en cada una de ellas, durante dicho período, sin causa

justificada.

b) Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.

c) No prestar la diligencia o la atención debidas en el trabajo encomendado, que

pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta consideración para la propia persona

trabajadora, sus compañeros/as, la empresa o terceras personas.

d) La simulación de supuestos de incapacidad temporal o accidente.

e) El incumplimiento de las órdenes o la inobservancia de las normas en materia de

prevención de riesgos laborales, cuando las mismas supongan riesgo grave para la

persona trabajadora, sus compañeros/as o terceras personas, así como negarse al uso

de los medios de seguridad facilitados por la empresa.

-- 60 of 214 --

f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la

orden no implique condición vejatoria para la persona trabajadora o entrañe riesgo para

la vida o salud, tanto de él como de otras personas trabajadoras.

g) Cualquier alteración o falsificación de datos personales o laborales relativos a la

persona trabajadora o a sus compañeros/as.

h) La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad

encomendada.

i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra, o centro de

trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, tanto dentro

como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna

autorización.

j) La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento de trabajo.

k) Proporcionar datos reservados o información de la obra o centro de trabajo o de

la empresa, o de personas de la misma, sin la debida autorización para ello.

l) La ocultación de cualquier hecho o falta que la persona trabajadora hubiese

presenciado y que podría causar perjuicio grave de cualquier índole para la empresa,

para sus compañeros/as de trabajo o para terceras personas.

m) No advertir inmediatamente a sus superiores, a la empresa o a quien la

represente, de cualquier anomalía, avería o accidente que observe en las instalaciones,

maquinaria o locales.

n) Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas.

ñ) La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y máquinas

que la persona trabajadora tenga a su cargo.

o) La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre, cuando haya

mediado sanción por escrito de la empresa.

p) Consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefaciente que

repercuta negativamente en el trabajo.

Art. L1-105. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a) Más de diez faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el período de tres

meses o de veinte, durante seis meses.

b) Faltar al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo justifique.

c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad

encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros/as como a la empresa o a

cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el

desarrollo de su actividad laboral.

d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier

material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres,

documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.

e) La embriaguez habitual o la toxicomanía si repercuten negativamente en el

trabajo.

f) La revelación de cualquier información de reserva obligada.

g) La competencia desleal.

h) Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a

los superiores, compañeros/as o subordinados/as.

i) El incumplimiento o inobservancia de las normas de prevención de riesgos

laborales, cuando sean causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus

compañeros/as o a terceras personas, o daños graves a la empresa.

j) El abuso de autoridad por parte de quien la ostente.

k) La disminución voluntaria y reiterada o continuada, en el rendimiento normal del

trabajo.

l) La desobediencia continuada o persistente.

-- 61 of 214 --

m) Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u

ocasión del trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito.

n) La emisión maliciosa, o por negligencia inexcusable, de noticias o información

falsa referente a la empresa o centro de trabajo.

ñ) El abandono del puesto o del trabajo sin justificación, especialmente en puestos

de mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa

o pueda llegar a ser causa de accidente para la persona trabajadora, sus compañeros/as

o terceras personas.

o) La imprudencia o negligencia en el desempeño del trabajo encomendado, o

cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peligro grave de avería para

las instalaciones o maquinaria de la empresa.

p) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del

mismo semestre, que haya sido objeto de sanción por escrito.

Art. L1-106. Sanciones. Aplicación.

1. Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad y

circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:

a) Faltas leves:

– Amonestación verbal.

– Amonestación por escrito.

b) Faltas graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.

c) Faltas muy graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa días.

– Despido.

2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el

apartado 1, se tendrá en cuenta:

a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.

b) La categoría profesional del mismo.

c) La repercusión del hecho en las demás personas trabajadoras y en la empresa.

3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a las

personas trabajadoras que ostenten la condición de representante legal o sindical, les

será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos,

aparte del interesado, los restantes miembros de la representación a que éste

perteneciera, si los hubiere.

La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se

extiende hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo.

4. En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción a

aquellas personas trabajadoras de los que tenga constancia que están afiliadas a un

sindicato, deberá, con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a

los/las delegados/as sindicales, si los hubiere.

Art. L1-107. Otros efectos de las sanciones.

Las empresas anotarán en los expedientes laborales de sus personas trabajadoras

las sanciones que por falta grave o muy grave se les impongan, consignando también la

reincidencia en las faltas leves.

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TÍTULO II

Representantes de las personas trabajadoras

Art. L1-108. Representación unitaria.

Las personas trabajadoras tienen derecho a participar en la empresa a través de los

comités de empresa o delegados/as de personal, en los términos regulados en el Título II

del E.T. y en los siguientes apartados.

a) Dada la movilidad del personal del sector de la construcción, y de conformidad

con el artículo 69.2 del E.T., se pacta que la antigüedad mínima en la empresa para ser

elegible queda reducida a tres meses computándose para ello todos los períodos que la

persona trabajadora haya estado prestando sus servicios en la empresa durante los

doce meses anteriores la convocatoria de las elecciones.

b) Por la misma razón, expresada en el párrafo precedente, de la movilidad del

personal, en las obras, el número de representantes podrá experimentar, cada año, el

ajuste correspondiente, en más o en menos, de conformidad con lo establecido en el

párrafo siguiente.

En caso de que se produzca un incremento de plantilla, se podrán celebrar

elecciones parciales, en los términos establecidos en el artículo 13.1 del Real

Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de

elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.

c) Los/as representantes legales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan,

tendrán derecho a la acumulación de hasta el 75 por 100 de horas retribuidas para el

ejercicio de sus funciones, en uno o varios de ellos.

d) Aquellos convenios provinciales que, a la entrada en vigor del Convenio general

del Sector de la Construcción de 1992, tuvieran establecidas condiciones más

beneficiosas, las mantendrán en sus propios términos.

Art. L1-109. Representación sindical.

En materia de representación sindical, se estará a lo dispuesto en la Ley

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, debiendo tenerse además en cuenta las siguientes

estipulaciones:

a) La unidad de referencia para el desarrollo de la acción sindical es la empresa o,

en su caso, el centro de trabajo.

b) Los/as delegados/as sindicales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan,

tendrán derecho a la acumulación de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones,

en uno o varios de ellos, sin rebasar el máximo total de horas legalmente establecido.

c) Los convenios de ámbito inferior al presente podrán establecer un número de

personas trabajadoras inferior al establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,

de Libertad sindical, al objeto de tener derecho a la elección de delegados/as sindicales.

Art. L1-110. Responsabilidad de los sindicatos.

Los sindicatos, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de

Libertad sindical, responderán de los actos o acuerdos adoptados por sus órganos

estatutarios, en la esfera de sus respectivas competencias, y por los actos individuales

de sus afiliados, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones representativas o

por cuenta del sindicato.

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TÍTULO III

Comisiones Mixtas

Comisión Paritaria

Art. L1-111. Comisión Paritaria.

1. Se crea una Comisión Paritaria compuesta por un máximo de 12 miembros que

serán designados por mitad por cada una de las dos representaciones, sindical y

empresarial, firmantes del presente Convenio en la forma que decidan las respectivas

organizaciones y con las funciones que se especifican en el artículo siguiente.

2. Los acuerdos de la Comisión Paritaria requerirán, en cualquier caso, el voto

favorable de, al menos, el 75% de cada una de las dos representaciones, sindical y

empresarial y tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que el presente Convenio.

3. La Comisión se reunirá cuantas veces estime necesario para la buena marcha

del presente Convenio y ella determinará, en cada caso, sus normas de funcionamiento.

Art. L1-112. Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria.

1. La Comisión Paritaria a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes

funciones:

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio.

b) El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e

interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio.

c) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y

previo acuerdo de éstas y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas ocasiones y

conflictos, todos ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del

presente Convenio.

d) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en

los términos previstos en el apartado 2 de este artículo, sobre el planteamiento de

conflictos colectivos que surjan por la aplicación e interpretación del presente Convenio.

e) Fijar, conforme a lo establecido en el artículo 53.2, la tabla de la remuneración

mínima bruta anual para cada año de vigencia del presente Convenio.

f) En el caso de, que tras el correspondiente periodo de consultas establecido en el

artículo 41.4 del E.T., no se alcanzase acuerdo en la empresa en la negociación de la

modificación sustancial de condiciones de trabajo regulada en el número 6 de dicho

precepto, deberán remitirse las actuaciones dentro de los 5 días siguientes a la

correspondiente Comisión Paritaria a fin de que ésta solvente las discrepancias.

Dichas actuaciones deberán enviarse junto con la correspondiente Acta de

Desacuerdo recogida en el modelo del anexo IX y que de forma específica se establece

para este supuesto.

En caso de que la citada Comisión no lograse un acuerdo en el plazo de 7 días,

remitirá dentro de los 3 días siguientes las actuaciones al Servicio Interconfederal de

Mediación y Arbitraje de su ámbito acompañada del Acta del Anexo IX y ello a fin de que

este dicte el correspondiente arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la

misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme

al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del E.T.

En los supuestos de ausencia representación legal de las personas trabajadoras en

la empresa, se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos del sector que

estuvieran legitimados para formar parte de la Comisión Negociadora del Convenio

Colectivo de aplicación a la misma, salvo que las personas trabajadoras atribuyan su

representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4

del E.T.

-- 64 of 214 --

g) Fijar, en su caso, de acuerdo a lo pactado, la determinación de la remuneración

que deberá trasladarse a las tablas de los respectivos Convenios Provinciales, así como

cuantificar, si procede, la revisión de las citadas remuneraciones y sus efectos según la

fórmula que al efecto se haya establecido.

h) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del presente

Convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto y anexos que formen parte del

mismo.

i) Todas aquellas funciones que fuesen necesarias para el correcto funcionamiento

y ejecución del Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción

y, entre ellas, la de designar a los miembros de la Comisión de Control del mismo.

2. Tanto las partes signatarias del presente Convenio general como las

comprendidas en el número 1 del artículo 4 referente al ámbito personal, se obligan a

poner en conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y

conflictos colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en relación con la

interpretación y aplicación del mismo, siempre que sean de su competencia conforme a

lo establecido en el apartado anterior, a fin de que, mediante su intervención, se resuelva

el problema planteado o, si ello no fuera posible, emita la correspondiente resolución o

informe.

3. Sin perjuicio de lo pactado en el apartado 3 del artículo anterior, se establece que

las cuestiones propias de su competencia que se planteen a la Comisión Paritaria

deberán presentarse de forma escrita, y su contenido será el necesario para que pueda

examinar y analizar el problema con conocimiento de causa, debiendo tener como

contenido mínimo obligatorio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.

b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente.

c) Propuesta o petición concreta que se formule a la Comisión.

Al escrito de consulta se acompañarán cuantos documentos se entiendan necesarios

para la mejor comprensión y resolución del problema.

4. La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuanta información o

documentación estime pertinente para una mejor o más completa información del

asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de cinco

días hábiles.

5. La Comisión Paritaria, una vez recibido el escrito de consulta o, en su caso,

completada la información pertinente, dispondrá de un plazo no superior a veinte días

hábiles para, en caso de acuerdo, resolver la cuestión suscitada emitiendo la

correspondiente resolución.

Si no hubiese acuerdo se realizará Informe en el que los integrantes de la Comisión

recogerán las consideraciones que, respectivamente, hayan formulado para fundamentar

sus respectivas posiciones y, por lo tanto, la discrepancia.

En este último supuesto la Comisión actuará conforme se establece en el número

siguiente.

6. En aquellos supuestos en los que la Comisión Paritaria no alcance acuerdo en

relación a las cuestiones que dentro de sus competencias les sean planteadas al margen

de las recogidas en el anterior apartado 1, letra h) y en el Capítulo III del Título Preliminar

trasladarán, en su caso, las discrepancias a los sistemas de solución extrajudicial de

conflictos, asumiendo el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales

(Sistema Extrajudicial), publicado en el BOE de 23 de febrero de 2012 y ello de acuerdo

con lo establecido en el artículo 14 del presente Convenio, o en su caso, sometiéndose a

los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los

correspondientes Acuerdos Interprofesionales previstos en el artículo 83 del E.T.

7. Respecto de las medidas para contribuir a la flexibilidad interna de la empresa, la

posible distribución irregular de la jornada será la regulada en el E.T.

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Los procedimientos así como y los periodos temporales y de referencia para la

movilidad funcional se encuentran regulados en el Capítulo IX. Movilidad Funcional,

artículos 78 a 82 del presente Convenio.

Comisión Sectorial de Productividad

Art. L1-113. Comisión Sectorial de Productividad.

1. La Comisión Sectorial de Productividad tendrá su sede en Madrid, en los locales

que la propia Comisión acuerde en cada momento.

2. Dicha Comisión estará formada por un máximo de 12 miembros, designados, la

mitad por cada una de las dos representaciones, sindical y empresarial firmantes del

presente Convenio, todos ellos con voz y voto. El/la Presidente/a y el/la Secretario/a

serán designados/as, de entre los miembros, por ambas partes, de común acuerdo.

3. En los supuestos específicos que así lo requieran, caso por caso, y siempre que

lo apruebe la propia Comisión, se recabará la asistencia de especialistas o técnicos en

las materias de que se trate.

Art. L1-114. Funcionamiento y acuerdos.

1. La propia Comisión Sectorial de Productividad se dotará de su reglamento de

funcionamiento, en el que se establecerá que se deberá reunir con carácter ordinario, al

menos, una vez cada tres meses, y con carácter extraordinario, cuando así lo solicite

cualquiera de las partes o el/la Presidente/a, que convocará las reuniones, las presidirá y

dirigirá los debates, otorgando y retirando la palabra, cuando lo estime oportuno.

2. Los acuerdos para su validez, requerirán en cualquier caso, el voto favorable de,

al menos, el 75% de cada una de las dos representaciones, sindical y empresarial.

Art. L1-115. Funciones.

1. La Comisión Sectorial de Productividad será la encargada de elaborar y aprobar

las tablas de rendimientos normales, que deberán formar parte del presente Convenio

como uno de sus Anexos, cuando lo apruebe la Comisión Paritaria del Convenio,

constituyendo un todo orgánico con él.

2. Dicha Comisión de Productividad tendrá también la misión de aprobar, en su

caso, las tablas de rendimientos que sometan a su consideración las comisiones

negociadoras de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad

autónoma, o las nuevas unidades que pretendan incluir en las mismas o la revisión de

las ya existentes, conforme a lo acordado en el artículo 43 del presente Convenio.

No obstante lo anterior y en tanto la Comisión Sectorial de Productividad no haya

elaborado las tablas de rendimientos normales, los convenios de ámbito inferior podrán

elaborar tablas de rendimientos propias.

Para la validez de estas tablas de rendimientos, de ámbito provincial o autonómico,

se requerirá la previa aprobación de la Comisión Sectorial de Productividad y de la

Comisión Negociadora del correspondiente convenio.

3. La citada Comisión tendrá, asimismo, la función de aprobar, en su caso, y

siempre con el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio, las adaptaciones de

los rendimientos recogidos en el presente Convenio que le propongan las comisiones

negociadoras de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad

autónoma, cuando entiendan que se dan circunstancias o hechos diferenciales que lo

justifiquen.

4. La Comisión Sectorial resolverá las dudas o consultas que se le planteen en

relación con la aplicación de las tablas de rendimientos.

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Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional

Art. L1-116. Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional.

1. Se constituye la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional que

estará integrada por hasta 12 miembros, designados, la mitad por la CNC y la otra mitad

por los sindicatos firmantes del presente Convenio, en la forma que decidan las

respectivas organizaciones, todos ellos con voz y voto.

Previo acuerdo en cada caso podrán participar en la comisión expertos en la materia

de que se trate, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

a) Duración y cese: Los miembros de la Comisión Paritaria Sectorial ejercerán la

representación por el período de vigencia de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la

que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral,

pudiendo cesar en su cargo por:

– Libre revocación de las organizaciones que los eligieron.

– Por renuncia o decisión personal.

En cualesquiera de los supuestos de cese, se procederá de forma inmediata a la

sustitución del miembro de la Comisión Paritaria Sectorial, a cuyos efectos dentro de los

quince días siguientes al cese se notificará la nueva designación por la organización

correspondiente.

b) Domicilio social: la Comisión Paritaria Sectorial tendrá su domicilio social en la

sede de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, sita actualmente en calle

Torrelaguna, 56 - 28027 Madrid, pudiendo libremente trasladar su domicilio a cualquier

otro, bastando para ello el acuerdo de las partes.

c) En este domicilio existirá una Secretaría permanente que se encargará de las

funciones administrativas propias de un órgano de esta naturaleza.

d) La Comisión Paritaria Sectorial se reunirá en el domicilio social de la misma, con

carácter ordinario mensualmente y, con carácter extraordinario, cuando así lo solicite una

de las partes.

Las convocatorias de la Comisión Paritaria Sectorial las realizará la Secretaria

permanente de la misma. Las convocatorias se cursarán mediante cartas certificadas,

burofax o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su envío y recepción, con al

menos siete días de antelación a la fecha en que deba celebrarse la reunión.

Las reuniones que tengan carácter urgente podrán convocarse con una antelación

mínima de cuarenta y ocho horas. En la convocatoria deberá figurar día, hora y lugar de

la reunión, así como los asuntos a tratar.

La Comisión Paritaria Sectorial quedará válidamente constituida cuando concurran a

la reunión, presentes o representados, cuatro de los miembros de cada una de las

representaciones.

La representación sólo podrá conferirse a otro miembro de la Comisión Paritaria

Sectorial y habrá de hacerse por escrito, mediante correo certificado o burofax.

e) Adopción de acuerdos: las decisiones de esta Comisión Paritaria requerirán, en

cualquier caso, al menos, el voto favorable del 75% de cada una de las dos

representaciones, sindical y empresarial. Dichos acuerdos no serán efectivos hasta la

aprobación del acta en que consten.

2. La Comisión Paritaria Sectorial de formación tendrá, entre otras, las siguientes

funciones:

a) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

-- 67 of 214 --

b) Establecer o modificar criterios orientativos para la elaboración de los planes de

formación continua sectoriales de empresas y agrupados, que afecten exclusivamente a

las siguientes materias:

– Prioridades respecto a las acciones de formación continua a desarrollar.

– Orientación respecto a los colectivos de las personas trabajadoras

preferentemente afectados por dichas acciones.

c) Mediar en las discrepancias que pudieran surgir entre las empresas y la

representación legal de las personas trabajadoras respecto del contenido del plan de

formación elaborado por una empresa, siempre que ésta o la representación de las

personas trabajadoras en ella así lo requieran.

d) Emitir informes a su iniciativa o en aquellos casos en que se le solicite respecto

de los temas de su competencia.

e) Realizar una memoria anual sobre la aplicación de este capítulo en lo relativo a

la formación continua en el sector.

f) Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y funciones

asignadas.

3. De los tiempos empleados en formación profesional para el empleo.

Para aquellas personas trabajadoras que asistan a acciones formativas presenciales

correspondientes a las convocatorias de la Fundación Estatal para la Formación en el

Empleo durante los años de vigencia del presente Convenio, gestionadas por la

Fundación Laboral de la Construcción, el 50 por 100 de las horas que precise esa acción

será dentro de la jornada laboral o se deducirán de la misma en dicho porcentaje,

siempre que se den las siguientes condiciones:

a) La empresa podrá denegar la asistencia de una persona trabajadora a una

acción formativa, mediante resolución motivada por razones técnicas, organizativas o de

producción. En caso de denegación la persona trabajadora podrá recurrir ante el

Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción.

b) Las personas trabajadoras que pueden asistir a las acciones formativas

contempladas en este artículo, no superará anualmente al 10 por 100 de las plantillas, ni,

en aquellos centros de trabajo con menos de 10 personas trabajadoras, podrá concurrir

más de uno.

c) El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo anual de

veinte horas por persona trabajadora, pudiendo distribuirse en una o varias acciones

formativas.

d) La persona trabajadora solicitante deberá haber superado el período de prueba y

tener, en todo caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa.

e) Durante las horas formativas a cargo de la empresa la persona trabajadora

tendrá derecho al salario que le correspondería como si estuviera trabajando en jornada

ordinaria.

f) La persona trabajadora habrá de acreditar ante la empresa la asistencia a la

correspondiente acción formativa.

g) Los permisos individuales de formación, recogidos en la Ley 30/2015, de 9 de

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en

el ámbito laboral se regirán por lo dispuesto en el mismo.

4. Permisos individuales de formación.

A través de la negociación colectiva se podrán establecer los términos concretos de

utilización de los Permisos Individuales de Formación –que en cualquier caso se

adecuarán a lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el

Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y su normativa de

desarrollo– procurando, por una parte, una utilización homogénea entre todos los

-- 68 of 214 --

estamentos de la plantilla estableciendo, si fuera necesario, porcentajes por grupos

profesionales y, por otra, la participación de los representantes de las personas

trabajadoras en el proceso de autorización del permiso por parte de la empresa.

Asimismo, las partes se comprometen a difundir y promover la utilización de los

permisos individuales de formación.

A efectos meramente estadísticos, las empresas informarán anualmente a la

Comisión Paritaria Sectorial de formación de los permisos individuales solicitados por sus

personas trabajadoras.

5. Acciones complementarias y de acompañamiento.

Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación han de ser el

instrumento que permita los estudios necesarios para conocer con mayor profundidad la

realidad del sector y con ello identificar las necesidades formativas del mismo, tanto en

nuevas competencias profesionales como en aquellas en las que se detecten carencias.

Del mismo modo han de servir para mejorar la calidad y eficacia de la formación

continua, incorporando las metodologías y herramientas más acordes con las

características propias del sector, así como mediante el análisis de cualquier otro

aspecto que las partes consideren de importancia para el desarrollo de la formación en el

sector.

La Comisión Paritaria Sectorial establecerá las prioridades en cada convocatoria. En

todo caso priorizará aquellos proyectos consensuados por las organizaciones que

integran la Comisión Paritaria Sectorial.

Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo

Art. L1-117. Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La reglamentación de esta Comisión se incluye en el Título II del Libro Segundo del

presente Convenio.

TÍTULO IV

Igualdad de oportunidades

Art. L1-118. Igualdad de oportunidades y no discriminación.

1. Las partes firmantes del presente Convenio asumen como propios los principios

de no discriminación e igualdad de trato y oportunidades por razones de sexo, estado

civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas,

orientación o identidad sexual, diversidad funcional, enfermedad, afiliación o no a un

sindicato, así como por razón de lengua, tal y como establece la legislación vigente.

2. Conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la igualdad de mujeres y

hombres en el ámbito laboral, e incidir en la igualdad de trato y no discriminación de

género, así como en la eliminación de estereotipos, fomentando el igual valor de

hombres y mujeres en todos los ámbitos, se comprometen a adoptar las medidas que se

estimen necesarias y acuerdan llevar a cabo diferentes actuaciones en base a los

siguientes principios:

a) Promover la aplicación efectiva de la igualdad de trato y oportunidades en la

empresa en cuanto al acceso al empleo, a las condiciones de contratación, a la

formación, a la promoción, a la protección de la salud en el ámbito laboral, incluida la

maternidad y los periodos de lactancia, y en las condiciones de trabajo en relación a las

instalaciones, equipos de protección individual o ropa de trabajo.

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b) Prevenir, detectar y erradicar cualquier manifestación de discriminación, directa o

indirecta.

c) Identificar conjuntamente líneas de actuación e impulsar y desarrollar acciones

concretas en esta materia.

d) Impulsar una presencia equilibrada de la mujer en los ámbitos de la empresa.

e) Fomentar la colaboración con entidades y escuelas formativas en aras de

incrementar la presencia de la mujer en los oficios y puestos de responsabilidad.

3. Las empresas, con independencia del número de personas trabajadoras en

plantilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007

para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, están obligadas a respetar la

igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán

adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación

laboral entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que eviten

el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos para su

prevención y para dar cauce a las denuncia o reclamaciones que puedan formular

quienes hayan sido objeto del mismo.

En el caso de aquellas empresas de cincuenta o más personas trabajadoras en

plantilla, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un

plan de igualdad con el alcance, las exigencias y el contenido previstos en el Real

Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su

registro, y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre

mujeres y hombres, que suponen el desarrollo reglamentario del Real Decreto

Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

A las empresas incluidas en el artículo 45.3 y 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de

marzo, les será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 901/2020, de 13 de

octubre.

La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás

empresas, previa consulta o negociación con la representación legitimada para negociar,

siéndoles de aplicación lo regulado en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre,

cuando así resulte de su contenido. En todo caso, será de obligado cumplimiento el

establecimiento de medidas de igualdad en estas empresas tendentes a alcanzar los

objetivos establecidos en la normativa de igualdad.

Las obligaciones establecidas en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007,

de 22 de marzo, deben entenderse referidas a cada empresa sin perjuicio de las

peculiaridades que puedan establecerse en los propios planes respecto a determinados

centros de trabajo conforme a lo previsto en el artículo 46.3 de dicha ley orgánica.

Las empresas que componen un grupo de empresas podrán elaborar un plan único

para todas o parte de las empresas del grupo, negociado conforme a las reglas

establecidas en el artículo 87 del E.T. para este tipo de convenios, si así se acuerda por

las organizaciones legitimadas para ello. Esta posibilidad no afecta a la obligación, en su

caso, de las empresas no incluidas en el plan de grupo de disponer de su propio plan de

igualdad.

El plan de igualdad de grupo deberá tener en cuenta la actividad de cada una de las

empresas que lo componen y los convenios colectivos que les resultan de aplicación, e

incluir información de los diagnósticos de situación de cada una de estas, así como de la

realización de la Auditoria retributiva por cada una de ellas tal y como establece el Real

Decreto 902/2020. Deberá, asimismo, justificar la conveniencia de disponer de un único

plan de igualdad para varias empresas de un mismo grupo.

4. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando de medidas,

adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la

empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la

discriminación por razón de sexo.

-- 70 of 214 --

5. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las

estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de

sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

6. Para la consecución de estos objetivos fijados, los planes de igualdad deberán

contemplar, entre otras, las siguientes áreas o ejes: selección y contratación,

clasificación profesional, formación, promoción, condiciones de trabajo: incluida la

auditoria salarial entre mujeres y hombres conforme al Real Decreto 902/2020, ejercicio

corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral,

infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y del acoso

por razón de sexo. Y se recomienda incluir además materias de sensibilización en las

áreas de comunicación y de protección y ayuda a las víctimas de violencia de género.

7. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del

establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de

trabajo.

8. Los planes de igualdad deberán desarrollar el contenido mínimo de los mismos

que se indica en el artículo 8 del Real Decreto 901/2020.

9. La Fundación Laboral de la Construcción podrá elaborar informes relativos a la

situación de las mujeres trabajadoras en el sector de la construcción y su empleabilidad,

así como un código de buenas prácticas en materia de igualdad de trato y oportunidades

en las empresas del sector.

10. Así mismo, la Fundación Laboral de la Construcción podrá promover acciones

formativas y de sensibilización concretas y específicas para impulsar la cultura de la

diversidad e inclusión en los centros de trabajo, basada en el respeto y la igualdad de

trato y oportunidades a todas las personas.

TÍTULO V

De la Fundación Laboral de la Construcción

Art. L1-119. Fundación Laboral de la Construcción.

1. La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) es el organismo paritario del

sector constituido por los firmantes del Convenio General del Sector de la Construcción,

con la finalidad de garantizar la prestación de servicios a las personas trabajadoras y

empresas comprendidas en el ámbito del presente Convenio, teniendo como ámbito de

actuación la totalidad del territorio español, y cuyos estatutos forman parte integrante del

mismo.

2. La financiación de la Fundación Laboral de la Construcción se nutrirá

fundamentalmente de aportaciones de las Administraciones Públicas, más una

aportación complementaria a cargo de las empresas, establecida ésta sobre la misma

base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social.

3. La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias decidirá su

integración en la Fundación Laboral de la Construcción manteniendo su autonomía,

incluyendo la fijación de su cuota a su Fundación, hasta tanto se acuerde entre ambas

su unificación formal, que requerirá la aprobación de la Comisión Paritaria del presente

Convenio.

En los casos en que las personas trabajadoras contratadas en otras provincias sean

desplazadas para realizar actividades en el Principado de Asturias, si la empresa está

obligada a adscribirlos a un Código de Cuenta de Cotización del Principado de Asturias

no se generará la obligación de cotizar por la persona trabajadora a la Fundación Laboral

de la Construcción, estándose a lo que se establezca en el Convenio Colectivo del

Principado de Asturias.

-- 71 of 214 --

4. Se establece que la cuota de la Fundación Laboral de la Construcción para los

siguientes años, siendo de un porcentaje sobre la base de cálculo de las cuotas a la

Seguridad Social:

– 2022: 0,35.

– 2023: 0,35.

– 2024: 0,35.

– 2025: 0,35.

– 2026: 0,35.

TÍTULO VI

Solución extrajudicial de conflictos

Art. L1-120. Solución extrajudicial de conflictos.

1. Las partes firmantes del presente Convenio asumen el contenido íntegro del VI

Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial)

(ASAC VI), suscrito por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las

Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO, publicado en el BOE de 23 de diciembre

de 2020, que desarrollará sus efectos en los ámbitos del Convenio General del Sector de

la Construcción, con el alcance previsto en el propio ASAC V o el que lo sustituya, en su

caso.

2. Respecto a los sistemas autonómicos de solución de conflictos laborales, que

precisen de adhesión como requisito para ser aplicables, las partes signatarias del

presente Convenio manifiestan su compromiso de promover, en los ámbitos

correspondientes, la adhesión de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de

Comunidad Autónoma, a los referidos sistemas de solución extrajudicial de conflictos.

Aspectos relativos a la Seguridad y salud en el sector de la construcción

TÍTULO I

Órgano Paritario para la Prevención en la Construcción

Disposiciones generales

Art. L2-121. Definición y denominación.

1. El órgano específico es el órgano paritario de prevención de riesgos laborales en

el sector de la construcción para apoyo, en la citada materia, de las empresas y

personas trabajadoras del sector.

2. El órgano específico se denomina «Organismo Paritario para la Prevención en la

Construcción» (OPPC).

Art. L2-122. Funciones.

Los cometidos de este órgano específico sectorial de prevención son:

a) Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de

estadísticas propias de accidentes graves y mortales.

b) Organización y control de visitas a obras.

c) Propuesta de soluciones para la disminución de la accidentabilidad.

-- 72 of 214 --

d) Organización y desarrollo de una formación en prevención de riesgos laborales.

e) Desarrollo de acciones de sensibilización, difusión y divulgación en materia de

prevención de riesgos laborales dirigidas, tanto a la sociedad en general, como a las

empresas y las personas trabajadoras en particular.

f) Elaboración de documentos informativos en materia de prevención de riesgos

laborales.

g) Cualquier otra que se apruebe por el Patronato de la Fundación Laboral de la

Construcción y que esté relacionada con la prevención de riesgos laborales.

Art. L2-123. Constitución y dependencia.

1. El órgano específico se constituye y se estructura en el seno de la Fundación

Laboral de la Construcción (FLC), con dependencia de sus órganos de gobierno.

2. Salvo en lo previsto en el presente Reglamento, el órgano específico se atendrá

en toda su actuación a lo establecido en los estatutos de la FLC y a las instrucciones

emanadas de su Patronato y Comisión Ejecutiva.

Art. L2-124. Ámbitos territorial y funcional.

Los ámbitos territorial y funcional de actuación del órgano específico son los de la

Fundación Laboral de la Construcción (FLC), tanto en el ámbito estatal como en el

autonómico.

Art. L2-125. Sede.

La sede del órgano específico será la del domicilio social de la FLC y la de sus

Consejos o Comisiones Territoriales, según el ámbito en el que actúe.

Miembros

Art. L2-126. Composición.

1. El órgano específico está compuesto, paritariamente, por 8 miembros, 4

representantes empresariales y 4 de las centrales sindicales pertenecientes a las

organizaciones firmantes del presente Convenio y está presidido por el Presidente/a de

la FLC.

2. Para la ejecución de sus actividades en el ámbito autonómico, el órgano

específico dispondrá de cuatro miembros, dos representantes de las organizaciones

empresariales y dos de las centrales sindicales firmantes del presente Convenio, y

estará presidido por el Presidente/a del Consejo o de la Comisión Territorial de la FLC o

persona en quien delegue.

3. Tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, el órgano específico estará

asistido por un Secretario/a que será elegido de entre sus miembros.

Art. L2-127. Nombramientos.

1. Los miembros del órgano específico serán designados por las organizaciones a

quienes representan, tanto los pertenecientes al ámbito del Estado como del

autonómico.

2. Sus miembros ejercerán su mandato de representación por un periodo de cuatro

años, pudiendo ser reelegidos por periodos de igual duración.

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Art. L2-128. Ceses.

1. Los miembros del órgano específico cesarán en su cargo por:

a) Cumplimiento de su mandato.

b) Libre revocación efectuada por la organización que le designó.

c) Renuncia expresa.

d) Fallecimiento.

2. En cualquiera de los supuestos de cese previstos en este artículo se procederá a

la sustitución del miembro del órgano específico, a cuyos efectos, la organización

empresarial o sindical a quien corresponda su sustitución, notificará a la FLC, en el plazo

máximo de treinta días, la nueva designación.

Régimen interno

Art. L2-129. Reuniones.

1. Las reuniones ordinarias del órgano específico serán mensuales y, con carácter

extraordinario, cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros o cuando lo estime

el Presidente/a.

La convocatoria de las reuniones se hará por el Presidente/a por escrito y con un

mínimo de siete días de antelación a la fecha fijada para la reunión, salvo las que tengan

carácter de urgencia, que podrán convocarse con una antelación mínima de cuarenta y

ocho horas.

En la convocatoria figurará el orden del día que se tratará en la reunión.

2. Las reuniones del órgano específico requerirán para su validez la presencia de,

al menos, la mitad más uno de los miembros de cada representación, empresarial y

sindical.

La delegación sólo podrá conferirse, por escrito a otro miembro de la respectiva

representación.

3. Las decisiones, para su validez, requerirán que se adopten, en cualquier caso,

con el voto favorable de, al menos, el 75% de cada una de las dos representaciones,

sindical y empresarial.

4. En todo caso, las deliberaciones, los acuerdos y la información derivada de las

actuaciones del órgano específico tendrán carácter reservado.

Régimen económico

Art. L2-130. Financiación.

El órgano específico se financiará, para la ejecución de sus actividades, de las

siguientes fuentes:

a) De las subvenciones que pueda obtener de las Administraciones Públicas y

organismos privados.

b) De los fondos disponibles de la cuota empresarial a la FLC.

c) De las actuaciones con financiación externa que puedan ser aprobadas por

terceros.

d) De los remanentes que decida la Comisión Ejecutiva de la FLC procedentes de

otras actividades.

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Art. L2-131. Presupuesto anual.

El órgano específico presentará anualmente a la FLC su propuesta de presupuesto

sobre la base del importe global aportado por el Patronato desglosado por Comunidades

Autónomas, que tendrá que ser aprobado por el Patronato de la Fundación, y que

comprenderá la totalidad de las actividades y los gastos de gestión y funcionamiento.

Art. L2-132. Prestación de servicios de las organizaciones integrantes del órgano

específico.

Las entidades que componen el órgano específico facturarán a la FLC, y dentro de

los límites marcados por el presupuesto de funcionamiento, los gastos derivados de las

personas que desarrollan la actividad del órgano, a los precios de los baremos que se

establezcan a estos efectos en los presupuestos aprobados.

En ningún caso estas personas formarán parte de la plantilla de la Fundación Laboral

de la Construcción y únicamente el órgano podrá disponer de personas que se

encuentren en comisión de servicio de la organización que les haya nombrado.

El OPPC, en sus actividades, estará asistido por los recursos humanos y materiales

de la FLC, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de actuación interna.

Desarrollo de las funciones

Art. L2-133. Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de

estadísticas propias de accidentes.

El órgano específico desarrollará las actividades que acuerde el Patronato de la FLC

encaminadas a estudiar y realizar un seguimiento detallado de los accidentes graves y

mortales que se produzcan en su ámbito de actuación.

Estas actividades se centrarán en la elaboración de estadísticas que reflejen la

accidentabilidad y los índices de incidencia y que servirán de base para el desarrollo de

las funciones del órgano que se recogen en el artículo 122 de este Convenio.

Art. L2-134. Organización y control de visitas a obras.

1. Con el objeto de obtener la información suficiente para la elaboración de estudios

acerca de la evolución de la siniestralidad laboral, de prestar un servicio de

asesoramiento a las pequeñas empresas, personas trabajadoras y de implantar la

cultura de la prevención entre las personas trabajadoras y empresas, el órgano

específico organizará una serie de visitas a obras de conformidad con los siguientes

criterios.

2. Las visitas a obras se realizarán, previo acuerdo del órgano específico en su

correspondiente ámbito, a las empresas o centros de trabajo que no dispongan de

servicio de prevención propio.

3. Las visitas a las obras se realizarán por las personas que designe el órgano

específico en su respectivo ámbito, a propuesta de las organizaciones que lo integran,

respetando siempre el principio de paridad.

4. Previamente a la realización de su función, las personas designadas para

realizar las visitas a las obras recibirán de la FLC la formación específica necesaria

determinada por el OPPC.

Las personas designadas para visitar las obras recibirán, previamente, la adecuada

acreditación para ello de la FLC.

5. Para la realización de la visita se requerirá el consentimiento de la empresa a

visitar.

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6. De cada una de las visitas a obras se realizará el correspondiente informe, que

será entregado al Presidente/a del respectivo órgano específico en su respectivo ámbito

autonómico y a la Dirección de la Obra.

El carácter reservado de toda la información comprende a las personas designadas

para las visitas a las obras, respecto de cualquier persona física o jurídica distinta del

propio órgano específico, por lo que deberán guardar sigilo profesional. En ningún caso y

así constará en el informe, podrá éste surtir efectos fuera del ámbito de asesoramiento

del propio órgano.

7. En ningún caso las personas visitadoras deberán interferir en los trabajos y

desarrollo de la actividad de la obra.

8. Trimestralmente, el órgano específico autonómico redactará un informe resumen

de las actuaciones realizadas en su ámbito durante ese periodo de tiempo, que será

remitido a sede central.

9. Anualmente, el órgano específico redactará y presentará a la FLC una Memoria

explicativa de las actuaciones realizadas y los objetivos conseguidos referidos al ámbito

estatal, para su inclusión en su Memoria anual.

Art. L2-135. Formulación de propuestas de soluciones para la disminución de la

accidentabilidad.

Sobre la base de las estadísticas y estudios realizados por él mismo, el órgano

específico podrá formular propuestas de soluciones tendentes a la disminución de la

accidentabilidad. Estas propuestas se elevarán al Patronato de la FLC, que deberá

aprobarlas en su caso.

Art. L2-136. Formación en materia de prevención de riesgos laborales.

Las actividades de formación a realizar por el órgano específico se desarrollarán en

la forma que se acuerde por el Patronato de la FLC.

Art. L2-137. Elaboración de informes y estadísticas.

La elaboración de los informes sobre accidentabilidad laboral y de estadísticas,

previstos como funciones propias del órgano en el correspondiente artículo de este

Título, se desarrollarán en la forma que se acuerde por el Patronato de la FLC, con la

información y datos suministrados por las comisiones autonómicas.

TÍTULO II

Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo

Art. L2-138. Composición y funciones de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad

y Salud en el Trabajo.

La Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida por

un máximo de 10 miembros, designados 5 por cada una de las partes, sindical y

empresarial, firmantes del presente convenio, en la forma que decidan las respectivas

organizaciones, tiene las siguientes funciones:

a) Recabar del Ministerio de Trabajo y Economía Social o, en su caso, el ministerio

que tenga atribuidas las competencias correspondientes en esta materia, y de los

Gobiernos Autónomos el reconocimiento oficial como interlocutor social sectorial en

materia de seguridad y salud, tanto en su aspecto legislativo como en el desarrollo de

planes y medidas formativas.

b) Estudiar y acordar los mecanismos oportunos de coordinación de la información

provincial en materia de siniestralidad en el sector, que suministrarán las comisiones

específicas provinciales o, en su defecto, las comisiones paritarias de los convenios.

-- 76 of 214 --

c) Promover cuantas medidas considere tendentes a mejorar la situación del sector

en esta materia, teniendo como objetivo fundamental el extender la preocupación por la

seguridad y salud a todos los niveles, fomentando campañas de sensibilización,

mentalización, etc.

d) Hacer propuestas acerca de las normas de ejecución y de los criterios de

expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción a la FLC, así como respecto de

los criterios de acreditación, convalidación y registro de los cursos impartidos; igualmente

proponer la incorporación de otras materias a la tarjeta.

e) Acometer las gestiones necesarias para obtener los medios que le permitan

desarrollar sus funciones con la eficacia adecuada.

f) Cuantas otras funciones acuerden la propia Comisión atribuirse encaminadas al

mejor cumplimiento de sus fines.

Los acuerdos de la Comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de, al

menos, el 75% de cada una de las dos representaciones, sindical y empresarial.

TÍTULO III

Información y formación en seguridad y salud

Disposiciones generales

Art. L2-139. Principios generales.

1. Los medios, procedimientos, materiales y acciones que se empleen y desarrollen

en la FLC en materia seguridad y salud se dedicarán a difundir, coordinar y colaborar en

métodos y procesos que faciliten el mejor y mayor cumplimiento de las Leyes y sus

reglamentos por las empresas y personas trabajadoras del sector.

2. Las acciones y actuaciones a realizar en relación con los contenidos de la

formación en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción

y, en concreto, con la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación

en el sector de la construcción, tienen que ser análogas, homogéneas y coordinadas en

todo el territorio nacional. A la FLC le corresponde ser el hilo conductor de los principios

y directrices a desarrollar en los programas formativos y contenidos específicos de

carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad, a fin de que de forma

equivalente se establezcan los mismos niveles de aplicación y cumplimiento en cada uno

de los Consejos Territoriales.

3. Dadas las condiciones en que se encuentra el sector por sus específicas

características, la FLC se debe dotar de los instrumentos adecuados para que,

cumpliéndose los contenidos de la normativa vigente, se consiga la disminución continua

de los índices de siniestralidad.

4. Las acciones a elaborar estarán dirigidas prioritariamente a la empresa, por ser

la figura fundamental en la implantación del sistema de gestión de la prevención y en la

formación e información de las personas trabajadoras.

-- 77 of 214 --

Información

Art. L2-140. Información sectorial.

La accidentabilidad en el sector de la construcción, que es motivo de una constante

preocupación de todas las partes, hace necesario que la FLC desarrolle una actividad de

información en los términos siguientes:

a) Necesidad del cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos

laborales.

b) Incidir en las actividades cuyos trabajos puedan ser de alto riesgo.

c) Elaboración de un programa de estadísticas para el sector con el fin de

proporcionar los datos de accidentabilidad y poder determinar las acciones a aplicar.

d) Actividades de la FLC, control de resultados parciales y grado de cumplimiento

de los objetivos.

e) A la vista de las anteriores campañas de información, se realizará un estudio por

expertos respecto a la estrategia a emplear para fomentar una comunicación efectiva; en

función de este trabajo se llevarán a cabo el diseño y la realización de planes y métodos

de información que garanticen la captación y asimilación de los mensajes, así como la

evolución y control de resultados.

Formación

Sección Primera. Disposiciones generales

Art. L2-141. Ciclos de formación.

1. Los ciclos de formación de este Convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 10.2 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el

Sector de la Construcción, constarán de dos tipos de acciones en materia de prevención

de riesgos laborales en construcción:

a) El primer ciclo, comprenderá la formación inicial sobre los riesgos del sector y

contendrá los principios básicos y conceptos generales sobre la materia; igualmente

deberá conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud que incentive al

alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta formación inicial impartida en el

primer ciclo no exime a la empresa de su obligación de informar a las personas

trabajadoras de los riesgos específicos del centro y del puesto de trabajo.

b) El segundo ciclo deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos

y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. En consecuencia,

se entiende que esta formación de segundo ciclo por puesto de trabajo u oficio

comprende la inherente al primer ciclo o formación inicial.

c) En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una parte

común y de otra específica a impartir a los trabajadores que realicen actividades

multifunción y polivalentes.

d) Dentro de la formación de segundo ciclo, también se encuentra incluida la

formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales específica de alumnado

de formación en alternancia y para la obtención de la práctica profesional. En caso de

formación en alternancia, esta formación de segundo ciclo se realizará con anterioridad

al primer periodo del alumno/a en el centro de trabajo.

2. Asimismo, también se puede impartir la acción formativa preventiva de nivel

básico específica para el sector de la construcción.

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3. Con carácter general, las personas trabajadoras que presten sus servicios en

empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio general y que

desarrollen su actividad en las obras de construcción, deberán disponer, al menos, de la

formación inicial.

4. Por su parte, las personas trabajadoras que realicen actividades

correspondientes a alguno de los puestos de trabajo u oficios enumerados en el

artículo 143.2 y 143.3, respectivamente, del presente Convenio, deberán cursar la

formación que le corresponda en función del puesto de trabajo o el oficio u oficios que

ejerzan.

5. Dadas las particularidades de los trabajos que se realizan en las obras de

construcción, resulta conveniente que en las acciones formativas correspondientes a la

formación inicial, por puesto de trabajo y por oficio, se aborden aspectos de carácter

práctico que refuercen los conocimientos teóricos en materia de seguridad y salud. De

este modo, los contenidos de la formación serán más aplicables a la realidad de las

tareas que se desempeñan en las obras. Estos contenidos deberán ser desarrollados por

la Fundación Laboral de la Construcción.

6. Según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tanto la formación de

primer y segundo ciclo, como la formación de nivel básico, serán impartidas por la FLC,

bien directamente o a través de las entidades o empresas que hayan obtenido la

homologación de acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales, de

acuerdo con los requisitos establecidos en el correspondiente procedimiento recogido en

el Anexo XIV del presente Convenio.

Art. L2-142. Primer ciclo de formación o formación inicial.

1. El primer ciclo de formación o formación inicial en prevención de riesgos

laborales del sector de la construcción, es la acción formativa mínima en materia de

prevención de riesgos laborales específica del sector de la construcción, destinada

exclusivamente las personas trabajadoras que presten sus servicios en las obras, cuyo

objetivo principal es conseguir que adquieran los conocimientos necesarios para

identificar, tanto los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas

fases de ejecución de una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de

eliminar o minimizar dichos riesgos.

2. Los contenidos formativos, así como el número de horas lectivas mínimas del

primer ciclo de formación o formación inicial, se detallan en el Anexo XII, Apartado 1, del

presente Convenio.

3. El primer ciclo de formación o formación inicial se impartirá, en su totalidad, en la

modalidad presencial. Para la obtención de la aptitud por parte del alumno/a, será

necesario que asista a la totalidad de la acción formativa.

4. La aptitud de la acción formativa estará supeditada a la superación de una

prueba de evaluación de aptitud.

5. Esta formación inicial será la suficiente para todas aquellas personas

trabajadoras que realicen trabajos en obra que no tengan asociados riesgos especiales

como, por ejemplo, vigilantes, personal de limpieza o suministradores.

Art. L2-143. Segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos

laborales del sector de la construcción: formación por puesto de trabajo o por oficio.

1) El segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales del

sector de la construcción se configura por puesto de trabajo o por oficio.

2) La relación de puestos de trabajo es la siguiente:

− Personal directivo de empresa.

− Responsables de obra y técnicos de ejecución.

− Mandos intermedios.

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− Delegados de prevención.

− Administrativos.

3) La relación de oficios es la siguiente:

− Albañilería.

− Trabajos de demolición y rehabilitación.

− Encofrados.

− Ferrallado.

− Revestimiento de yeso.

− Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja

tensión.

− Fontanería e instalaciones de climatización.

− Revestimientos exteriores.

− Pintura.

− Solados y alicatados.

− Operadores de aparatos elevadores.

− Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.

− Operadores de equipos manuales.

− Trabajos de aislamiento e impermeabilización.

− Montaje de estructuras tubulares.

− Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado,

de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.

− Estabilización de explanadas y extendido de firmes.

− Colocación de materiales de cubrición.

− Conservación y explotación de carreteras.

− Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los

taludes.

− Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.

− Construcción y mantenimiento de vías férreas.

− Trabajos marítimos.

− Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.

− Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra.

− Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación

de materiales, canteros y similares.

− Trabajos de soldadura.

− Montaje de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.

− Mantenimiento de maquinaria y vehículos.

− Trabajos de arqueología.

− Trabajos de fabricación y montaje de elementos prefabricados.

4) La formación de segundo ciclo también es la formación mínima en materia de

prevención de riesgos laborales específica del alumnado de formación en alternancia y

para la obtención de la práctica profesional, y que se determinará en función de las

tareas que vaya a realizar.

5) En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una

parte común con una duración de 14 horas lectivas y de otra específica con una duración

de 6 horas lectivas. En todo caso, la parte común debe impartirse con carácter previo a

la parte específica.

6) Se podrán desarrollar acciones formativas específicas de 6 horas lectivas por

oficio para aquellas personas trabajadoras que, previamente, hayan cursado una acción

formativa completa de 20 horas lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la

formación de nivel básico de prevención en la construcción establecida en el

artículo 147, o se les reconozca la convalidación de la formación de la parte común

de 14 horas de acuerdo con lo estipulado en el Apartado 1 del Anexo XIII del presente

Convenio.

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7) Los contenidos formativos, así como el número de horas lectivas mínimas de la

formación de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio, se detallan en el Anexo

XII, Apartado 2, del presente Convenio.

8) Las acciones formativas de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio se

impartirán, en su totalidad, en la modalidad presencial. Para la obtención de la aptitud

por parte del alumno/a, será necesario que asista a la totalidad de la acción formativa.

9) Con independencia de lo señalado en el apartado 8 anterior, respecto a la

modalidad de impartición, se establecen las siguientes excepciones:

a) Los contenidos formativos para personal directivo de empresa y personal

administrativo podrán impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.

Bajo esta modalidad, la parte presencial supondrá, como mínimo, el veinticinco por

ciento (25 %) del total de las horas lectivas de la acción formativa.

b) No obstante, los contenidos formativos para personal directivo de empresa

podrán impartirse exclusivamente en la modalidad de teleformación.

Bajo esta modalidad, el alumnado participante en estas acciones formativas podrá

realizar las diferentes evaluaciones del mismo modo. En este caso, deberá quedar un

registro de la formalización de las mismas.

c) Asimismo, los contenidos formativos para delegados/as de prevención podrán

impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.

Bajo esta modalidad, la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de 20

horas lectivas.

10) La aptitud de la acción formativa estará supeditada a la superación de una

prueba de evaluación de aptitud.

11) Aquellas personas trabajadoras que ejecuten tareas correspondientes a

puestos de trabajo u oficios no especificados en el presente Convenio general tendrán

que realizar una formación acorde con los riesgos y medidas preventivas asociadas a

dichas tareas, siguiendo una estructura similar a otros oficios desarrollados el Anexo XII,

Apartado 2 del presente Convenio general para la formación de segundo ciclo, y de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2. de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Sección Segunda. Formación para tareas específicas

Art. L2-144. Formación de primeros auxilios.

1. La formación de primeros auxilios es la formación necesaria para aquellas

personas trabajadoras que tengan encomendadas, dentro de los equipos de emergencia,

las tareas de primeros auxilios.

2. Los contenidos formativos, así como el número de horas lectivas mínimas de la

formación de primeros auxilios, se detallan en el Anexo XII, Apartado 3, del presente

Convenio.

3. La formación de primeros auxilios se impartirá, en su totalidad, en la modalidad

presencial. Para la obtención de la aptitud por parte de estas personas, será necesario

que asistan a la totalidad de la acción formativa.

4. La aptitud de la acción formativa estará supeditada a la superación de una

prueba de evaluación de aptitud.

Sección Tercera. Nivel básico de prevención en la construcción

Art. L2-145. Nivel básico de prevención en la construcción.

1. Los contenidos formativos, así como el número de horas lectivas mínimas del

nivel básico de prevención en la construcción, se detallan en el Anexo XII, Apartado 4 del

presente Convenio.

-- 81 of 214 --

2. Estos contenidos formativos podrán impartirse en la modalidad presencial o en la

modalidad mixta presencia-teleformación. En este último caso, la parte presencial tendrá

una duración, como mínimo, de 20 horas lectivas. Para la obtención de la aptitud por

parte del alumno/a, será necesario que asista a la totalidad de la parte presencial.

3. La aptitud de la acción formativa estará supeditada a la superación de una

prueba de evaluación de aptitud.

Sección Cuarta. Convalidación

Art. L2-146. Formación impartida en base al presente Convenio.

En relación con las personas trabajadoras que hayan cursado la formación recogida

en el Anexo XII del presente Convenio, se debe tener en cuenta la tabla de convalidación

que se muestra en el Anexo XIII, apartado 1 del mismo.

Art. L2-147. Formación recogida en el Real Decreto 1161/2001, por el que se

establece el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales, y

formación indicada en la Guía técnica del Real Decreto 1627/1997, por el que se

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción.

En relación con las personas trabajadoras que hayan cursado formación conforme a

lo señalado en el Real Decreto 39/1997 (modificado por el Real Decreto 337/2010),

estén en posesión del título de «Técnico superior en Prevención de Riesgos

Profesionales», de acuerdo con lo ordenado en el RD 1161/2001, o hayan recibido la

formación de «Coordinador en materia de Seguridad y Salud» según lo indicado en la

Guía técnica del Real Decreto 1627/1997, debe tenerse en cuenta la tabla de

convalidación que se muestra en el Anexo XIII, Apartado 2, del presente Convenio.

Art. L2-148. Formación recogida en los ciclos formativos de formación profesional y

certificados profesionales.

1. Los nuevos ciclos de formación profesional de grado medio y superior de la

familia de Edificación y Obra Civil cubren, entre todos, los módulos asociados a las

unidades de competencia y de forma integrada la formación específica en materia de

prevención de riesgos. En todos los títulos de grado medio y grado superior publicados

hasta la fecha se incluye, además, un módulo profesional que capacita para desempeñar

las funciones de nivel básico de prevención en construcción (NBPC).

2. Por otra parte, tanto la Formación Profesional Básica como los antiguos

Programas de Cualificación Profesional Inicial enmarcados dentro de la familia de

Edificación y Obra Civil, incorporan, bien sea explícitamente o de forma integrada, su

correspondiente formación preventiva conforme a lo indicado en el presente Convenio.

3. Asimismo, en los nuevos certificados profesionales de la familia de Edificación y

Obra Civil se explicita que la superación con evaluación positiva de la formación

establecida en cada uno de ellos garantiza el nivel de conocimientos necesarios para la

obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción. Igualmente, las nuevas

cualificaciones de nivel 2 comprenden la unidad de competencia UC1360_2 «Controlar a

nivel básico riesgos en construcción», que forma parte de los nuevos certificados

profesionales del citado nivel, e incluso de nivel 3 en algunos casos.

4. En lo referente a los certificados profesionales y ciclos de formación profesional

del resto de familias profesionales afines al sector de la construcción, también será

posible reconocer, cuando corresponda, la formación en materia de prevención de

riesgos laborales conforme a lo estipulado en el presente Convenio.

5. A la vista de lo expuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4 anteriores, deben tenerse

en cuenta las tablas de convalidación que se muestran en el Anexo XIII, Apartado 3, del

presente Convenio.

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6. El Patronato de la FLC acordará la actualización, cuando así proceda, de dichas

tablas de convalidación.

Art. L2-149. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de

Seguridad Minera.

1. En relación con las personas que hayan cursado la formación recogida en la

Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño

del puesto de trabajo» (Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, modificada por la Orden

ITC/2699/2011, de 4 de octubre) del Reglamento General de Normas Básicas de

Seguridad Minera, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en

el anexo XIII, apartado 4 del presente Convenio.

2. La formación detallada en la tabla del anexo XIII, apartado 4 del presente

Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.

Art. L2-150. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal.

1. En relación con las personas que hayan cursado la formación recogida en el

Anexo III del Convenio Estatal del Sector del Metal, debe tenerse en cuenta la tabla de

convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 5 del presente Convenio.

2. La formación detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 5 del presente

Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.

Art. L2-151. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera.

1. En relación con las personas que hayan cursado la formación recogida en el

anexo IV del Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera, debe tenerse en

cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el anexo XIII, apartado 6 del

presente Convenio.

2. La formación detallada en la tabla del anexo XIII, apartado 6 del presente

Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.

Art. L2-152. Formación impartida en títulos universitarios.

En relación con las personas que estén en posesión de títulos universitarios en los

que se imparta una formación en materia de prevención de riesgos laborales equivalente

a la especificada en el presente Convenio, se procederá a su convalidación, según

proceda en cada caso, mediante acuerdo del Patronato de la FLC.

Sección Quinta. Formación de los recursos humanos de las empresas

Art. L2-153. Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos

laborales de los recursos humanos de las empresas.

1. A los efectos de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas y

conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

subcontratación en el Sector de la Construcción, el cumplimiento del requisito de

formación de los recursos humanos a que se refiere el artículo 4.2.a) de la Ley 32/2006,

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, será

acreditado por las empresas mediante certificación expedida por la Confederación

Nacional de la Construcción o las entidades en que ésta delegue.

2. La certificación se referirá a la formación específica regulada en el presente

Convenio impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por empresas o

entidades con la formación preventiva homologada recibida por las personas

trabajadoras de la empresa que presten servicios en obras de construcción y por

aquellas personas que ejercen funciones de dirección en la misma.

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3. La Confederación Nacional de la Construcción y la Fundación Laboral de la

Construcción suscribirán el oportuno convenio que posibilite la gestión de este sistema

de acreditación.

Acreditación de la formación: Tarjeta Profesional de la Construcción

Sección Primera. Definición, funciones y beneficiarios

Art. L2-154. Definición.

1. La Tarjeta Profesional de la Construcción es el documento expedido por la

Fundación Laboral de la Construcción que constituye una forma de acreditar, entre otros

datos, la formación específica del sector recibida por una persona en materia de

prevención de riesgos laborales, así como su categoría profesional y los periodos de

ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo su actividad.

2. La Tarjeta, que se expedirá de acuerdo con el procedimiento establecido en el

presente capítulo, se soporta en un formato físico según el modelo que figura en el

Anexo IV del presente Convenio general y en un sistema informático que permite a su

titular acceder telemáticamente a sus datos y obtener certificaciones de los mismos.

Art. L2-155. Acreditación de la formación.

La Fundación Laboral de la Construcción establecerá un sistema de acreditación de

la formación en materia de prevención de riesgos laborales recibida por las personas

trabajadoras del sector. Dicho sistema deberá permitir a la persona trabajadora el acceso

telemático a sus datos y la obtención de certificaciones de los mismos.

Asimismo, a los efectos previstos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora

de la subcontratación en el sector de la construcción, el sistema permitirá a las empresas

acceder a los datos de las personas trabajadoras de la empresa que resulten necesarios

para la acreditación de su formación en materia de prevención de riesgos laborales.

La Fundación Laboral de la Construcción garantizará, de acuerdo con la normativa

vigente, la protección de los datos de carácter personal de las personas trabajadoras que

se incluyan en el sistema.

Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la

Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la

construcción (artículo 10.3), las partes consideran la TPC como una forma de

acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales por la persona

trabajadora y que queda a disposición del titular.

Art. L2-156. Funciones.

La Tarjeta Profesional de la Construcción tiene las siguientes funciones:

a) Acreditar que su titular ha recibido al menos formación inicial en materia de

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio

general y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el

sector de la construcción.

b) Acreditar la categoría profesional de su titular y su experiencia en el sector.

c) Acreditar que su titular ha sido sometido a los reconocimientos médicos de

acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.

d) Acreditar la formación de todo tipo recibida por su titular.

e) Facilitar el acceso de su titular a los servicios de la Fundación Laboral de la

Construcción.

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En el momento de entrada en vigor del Plan de Pensiones y de la bolsa de empleo

de los contratos indefinidos fijos-discontinuos se añadirán a la TPC, entre otras, las

siguientes funciones:

a. Facilitar el acceso de su titular a la información de las cotizaciones a la

Seguridad Social y de las aportaciones al Plan de Pensiones simplificado del Sector de

la Construcción.

b. Gestionar, en su caso, la pertenencia a la bolsa de empleo de las personas

trabajadoras con contratos indefinidos fijos-discontinuos.

Art. L2-157. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción las personas

trabajadoras en situación de alta, o en situación de incapacidad transitoria, que presten

sus servicios en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General

del Sector de la Construcción.

2. También podrán solicitar la Tarjeta las personas trabajadoras que tengan

acreditados, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de

aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción en el período de sesenta

meses inmediatamente anterior a la solicitud.

3. Asimismo, también podrá solicitar la Tarjeta el alumnado de formación en

alternancia y para la obtención de la práctica profesional de aquellas familias

profesionales relacionadas con la construcción.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Patronato de la

Fundación Laboral de la Construcción podrá establecer la emisión de la Tarjeta sin

necesidad de previa solicitud, con arreglo a los criterios que libremente determine.

5. En todo caso será requisito imprescindible para la obtención de la Tarjeta haber

recibido, como mínimo, la formación inicial en materia de prevención de riesgos

laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.

Sección Segunda. Solicitud y tramitación

Art. L2-158. Solicitud.

La Tarjeta podrá solicitarse por el beneficiario en cualquier centro de la Fundación

Laboral de la Construcción así como en las entidades con las que la Fundación haya

suscrito el correspondiente convenio de colaboración para su tramitación.

Art. L2-159. Documentación.

1. La solicitud deberá realizarse utilizando el modelo que figura en el Anexo V del

presente Convenio.

2. A la solicitud habrá de acompañarse, obligatoriamente, además de una fotografía

tamaño carné, una fotocopia del DNI o tarjeta de residencia del solicitante y un informe

de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los

noventa días inmediatamente anteriores a la solicitud y, al menos, uno de los siguientes

documentos:

a) Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción, expedido

de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo VI del presente Convenio.

b) Certificado de empresa para el Servicio Público de Empleo.

c) Original o fotocopia compulsada de recibos de salarios.

d) Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo.

3. Asimismo, deberá aportarse original o fotocopia compulsada del diploma o

certificado que acredite que el solicitante ha recibido, al menos, la formación inicial en

materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente

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Convenio, expedido por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad

homologada según lo establecido en el presente capítulo. En el caso de que la formación

que el solicitante pretende acreditar esté debidamente registrada en el sistema de

homologación de acciones formativas, no será necesario aportar el original o la copia

compulsada del diploma.

4. Con carácter opcional podrán aportarse los siguientes documentos:

a) Original o fotocopia compulsada de certificados académicos expedidos por el

Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo y Economía

Social, o, en su caso, los ministerios que tengan atribuidas las competencias

correspondientes en esta materia, las Comunidades Autónomas o cualquier otro

organismo o entidad legalmente habilitados.

b) Fotocopia de diplomas o certificados académicos expedidos por la Fundación

Laboral de la Construcción.

c) Certificados relativos a la existencia de aptitud en los reconocimientos médicos

expedidos por la entidad que los realizó, en los que figure la declaración de aptitud, sin

constancia, registro, certificación o expresión de su contenido, de acuerdo con lo previsto

en el presente Convenio.

d) Otros.

Art. L2-160. Resolución.

El expediente de solicitud de la Tarjeta será resuelto por el/la Gerente del Consejo

Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente al domicilio del

trabajador solicitante.

La resolución del expediente y la entrega, en su caso, de la Tarjeta a su titular se

producirá en el plazo máximo de un mes contado desde que el solicitante haya aportado

la documentación necesaria. Frente a la resolución del expediente cabrá reclamación

ante el correspondiente Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción

en el plazo de quince días desde su notificación.

Art. L2-161. Caducidad y renovación.

La Tarjeta Profesional de la Construcción caducará a los cinco años de su emisión.

Transcurrido dicho plazo, el titular podrá renovar su tarjeta siempre que acredite, al

menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del

Convenio General del Sector de la Construcción en el periodo de sesenta meses

inmediatamente anterior a la solicitud de renovación.

La solicitud de renovación se regirá por el mismo procedimiento que la solicitud

inicial, debiendo el titular aportar, al menos, la documentación prevista en los apartados 1

y 2 del artículo 159 del presente Convenio.

Sección Tercera. Derechos y obligaciones del titular

Art. L2-162. Derechos del titular.

1. La posesión de la Tarjeta dará lugar a los derechos que se establezcan en el

Convenio General del Sector de la Construcción y en los acuerdos sectoriales

nacionales.

2. En todo caso, el titular de la Tarjeta tendrá derecho a acceder a los datos que

figuren en su expediente y a obtener certificaciones relativas a los mismos, las cuales

podrá solicitar en cualquier centro de la Fundación Laboral de la Construcción o a través

del sistema informático que será accesible a través de internet mediante clave personal.

3. Asimismo tendrá derecho a solicitar la modificación, rectificación o actualización

de los datos que figuren en su expediente aportando, en su caso, la oportuna

documentación acreditativa.

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Art. L2-163. Obligaciones del titular.

El titular de la Tarjeta Profesional de la Construcción estará obligado a:

a) Conservar la Tarjeta en perfecto estado.

b) Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción las posibles

modificaciones de los datos relevantes que figuren en su expediente.

c) Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción, en su caso, el robo o

extravío de la Tarjeta.

Sección Cuarta. Homologación de acciones formativas

Art. L2-164. Requisitos.

1. Podrán solicitar la homologación de las acciones formativas que tengan previsto

impartir, las entidades que estén constituidas como servicios de prevención ajenos

acreditados por la autoridad laboral, o las empresas encuadradas en el ámbito de

aplicación del presente Convenio general que dispongan de organización preventiva

propia.

2. Las entidades que proyecten homologar dichas acciones formativas por la

Fundación Laboral de la Construcción para impartir la formación en materia de

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Título III

del Libro II del presente Convenio, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Contar con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan llevar a

cabo la actividad formativa, en función del ámbito geográfico de actuación y del número

de alumnos/as que proyecten formar, según las necesidades concretas.

b) Disponer de una dotación de personal docente con una formación acreditada

correspondiente a los niveles intermedio o superior, de acuerdo con lo estipulado en el

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención (modificado por el Real Decreto 337/2010), y el Real

Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico

superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas

mínimas.

Además, el citado personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas

aplicables al sector de la construcción y contará con una experiencia acreditada en este

ámbito.

c) Aplicar los contenidos didácticos que se aprueben por la Fundación Laboral de la

Construcción, a fin de garantizar la homogeneidad de la actividad formativa a desarrollar.

d) Adoptar las condiciones que se establezcan por parte de la Fundación Laboral

de la Construcción, en particular, respecto a horas lectivas, número máximo de

alumnos/as por grupo, realización de pruebas de evaluación, y requisitos y

características que deben reunir las plataformas e-learning que utilicen para la

impartición de acciones formativas en la modalidad de teleformación.

e) Contar, en su caso, con la acreditación u homologación exigible por parte de la

autoridad laboral competente.

f) Satisfacer las tasas que, en relación con la tramitación del procedimiento de

homologación y con la comunicación de acciones formativas, establezca el patronato de

la Fundación Laboral de la Construcción.

Art. L2-165. Procedimiento.

1. Las entidades interesadas en homologar las acciones formativas deberán

presentar una solicitud a la Fundación Laboral de la Construcción. Junto con la citada

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solicitud entregarán una memoria explicativa de la actividad en la que deberán constar

los siguientes datos:

a) Plan de actuación.

b) Ámbito territorial de actuación.

c) Programación anual, haciendo referencia al número de personas trabajadoras a

las que se pretende formar.

d) Dotación de personal y grado de dedicación para el desarrollo de la actividad

formativa, indicando su cualificación y experiencia profesional, así como su formación en

prevención de riesgos laborales, tanto general como relacionada con el sector de la

construcción.

e) Sistema de evaluación interna de la calidad de la docencia a impartir.

f) Ubicación y detalle de las instalaciones (centros, locales, etc.).

g) Descripción de los medios materiales, didácticos e instrumentales que se van a

dedicar a esta actividad.

2. Evaluada la memoria explicativa, la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral

de la Construcción resolverá la solicitud en el plazo de dos meses, aprobando o

denegando la homologación.

3. En cualquier momento del expediente la Fundación Laboral de la Construcción

podrá requerir a la entidad solicitante la presentación de documentación adicional y la

subsanación de deficiencias. Este requerimiento interrumpirá el plazo previsto en el

párrafo anterior. Transcurridos quince días naturales desde dicho requerimiento sin que

el mismo hubiera sido debidamente atendido, la Comisión Ejecutiva podrá archivar el

expediente, entendiéndose denegada la solicitud.

4. La Fundación Laboral de la Construcción creará un registro en el que serán

inscritas las entidades que lleven a cabo esta actividad formativa.

5. Las entidades con formación preventiva homologada deberán mantener las

condiciones en las que se basó dicha homologación. Cualquier modificación de las

mismas será comunicada a la Fundación Laboral de la Construcción.

6. La Fundación Laboral de la Construcción podrá verificar el cumplimiento de las

condiciones establecidas para el desarrollo de las acciones formativas homologadas.

7. En cualquier caso, la Fundación Laboral de la Construcción se reserva el

derecho a dejar sin efecto la referida homologación, cuando se observen situaciones

contrarias a las condiciones que dieron lugar a su concesión.

8. Cuando se haya procedido a la retirada de la homologación de alguna entidad, la

misma afectará también a aquellas entidades de las que, por razón de las personas que

la rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan,

por transformación, fusión o sucesión de otras entidades en las que hubiesen concurrido

aquellas.

Art. L2-166. Tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción en el ámbito

territorial del Principado de Asturias.

La tramitación de las solicitudes de Tarjeta Profesional de la Construcción que se

produzcan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

se realizará por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias

siguiendo el procedimiento establecido en la Sección 2.ª del Capítulo IV del Título III del

Libro II del presente Convenio.

El órgano competente para la resolución del expediente de solicitud y el

procedimiento para la incorporación de los datos al sistema serán los que se establezcan

en el protocolo de actuación que a tal efecto acuerden la Fundación Laboral de la

Construcción y la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.

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TÍTULO IV

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de

construcción

Condiciones generales

Art. L2-167. Estabilidad y solidez de materiales y equipos.

1. Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales

y equipos y, en general, de cualquier elemento que en desplazamientos pudiera afectar a

la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

2. Deberá verificarse, igualmente, de manera apropiada la estabilidad y la solidez,

especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del

puesto de trabajo.

3. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel

del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:

– El número de personas trabajadoras que los ocupen.

– Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su

distribución.

– Los factores externos que pudieran afectarles.

4. Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin

riesgo las cargas a las que sean sometidos.

5. Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las

piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos solo se

podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.

6. Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a las personas

trabajadoras contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la

obra.

7. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una

resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

Art. L2-168. Protección contra el riesgo de caídas de altura.

1. Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y

aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para las personas

trabajadoras un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante

barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.

2. Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de

equipos concebidos para tal fin o utilizando medios de protección colectiva, tales como

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse sistemas

anticaídas u otros medios de protección equivalente.

3. En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección

colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o

estado resbaladizo, para evitar la caída de personas, herramientas o materiales.

Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán

tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que las personas trabajadoras las

pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.

4. Para evitar las caídas durante la realización de los trabajos de reparación y

mantenimiento de cubiertas, antenas, pararrayos, instalaciones, etc., se dispondrán las

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medidas de protección necesarias en cada caso, tales como: escalas y pasarelas de

acceso seguro entre las diferentes zonas de la cubierta, pasillos técnicos (pasarelas de

tránsito), petos perimetrales, sistemas de protección de borde anclados o contrapesados,

sistemas de protección colectiva para prevenir la caída a través de los elementos frágiles

(ejemplo: lucernarios, claraboyas), sistemas anticaídas, etc.

5. Cuando por la naturaleza del trabajo a realizar sobre cualquier elemento que

requiera de trabajos temporales en altura y no fuera posible utilizar medios de protección

colectiva, deberá disponerse de medios de acceso seguros y sistema anticaídas u otros

dispositivos de protección equivalente.

Art. L2-169. Vías de circulación.

1. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y

rampas de carga, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para

su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al

uso al que se les haya destinado y de forma que las personas trabajadoras situadas en

las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.

2. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de comunicación

deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas

caigan o estén expuestas a caídas de objetos. Sus medidas se ajustarán al número de

personas que deban utilizarlas.

3. El piso de las plataformas de paso, así como de las pasarelas deberá estar

conformado por materiales sólidos de una anchura mínima total libre de 60 centímetros,

de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que transite por ellas.

Art. L2-170. Protección contra el riesgo de caídas de objetos.

1. Las personas trabajadoras deberán estar protegidas contra la caída de objetos o

materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de

protección colectiva.

2. Cuando haya riesgo de caída de objetos, se establecerán pasos cubiertos o se

impedirá el acceso a las zonas peligrosas.

3. Los materiales acopiados, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse

o almacenarse en superficies estabilizadas de forma que se evite su desplome, caída,

vuelco o desprendimiento del terreno adyacente.

Art. L2-171. Iluminación.

1. Los lugares de trabajo, los locales interiores y las vías de circulación en la obra

deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural, complementada

con luz artificial cuando no sea suficiente. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación

portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no

podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.

2. Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las

vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación

previsto no suponga riesgo de accidente para las personas trabajadoras.

3. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que las

personas trabajadoras estén particularmente expuestas a riesgos en caso de avería de

la iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad

suficiente.

Art. L2-172. Factores atmosféricos.

Deberá protegerse a las personas trabajadoras contra las inclemencias atmosféricas

que puedan comprometer su seguridad y su salud.

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de

calor» causantes de graves consecuencias para la salud, por parte de la representación

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sindical se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor

insolación.

Asimismo, se pondrá a disposición en las obras de cremas protectoras de factor

suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

Se habilitará una zona de sombra con agua potable para poder hidratarse.

Se habilitarán áreas de descanso protegidas del sol.

Art. L2-173. Detección y lucha contra incendios.

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales

existentes, los equipos de trabajo presentes, las características físicas y químicas de las

sustancias o materiales que se hallen presentes, así como el número máximo de

personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever en el plan de seguridad y salud

en un número suficiente de dispositivos apropiados para la lucha contra incendios.

Los dispositivos deberán verificarse y mantenerse con regularidad.

En relación con los equipos de protección activa contra incendios, estos se ajustarán

a su reglamentación específica a través del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Art. L2-174. Exposición a riesgos particulares.

1. Las personas trabajadoras no deberán estar expuestas a niveles nocivos de

ruido o vibraciones, ni a agentes químicos peligrosos presentes en el ambiente, como

gases, vapores, polvo, fibras, etc.

2. En el caso de que algunas personas trabajadoras deban penetrar en alguna

zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno

en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y

se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. Este tipo de

actuaciones nunca podrán llevarse a cabo en solitario.

3. En ningún caso podrá exponerse a una persona trabajadora a una atmósfera

confinada de alto riesgo. Deberá quedar al menos bajo vigilancia permanente desde el

exterior y deberán tomarse todas las medidas y debidas precauciones para que se le

pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. Por lo que será especialmente relevante, en los

trabajos desarrollados en espacios bajo atmosfera confinada, que se planifique y

especifique, en el plan de seguridad y salud o en su caso en el Documento de Gestión

Preventiva (obras sin proyecto), cuál va a ser la secuencia segura de acceso,

desplazamiento y trabajos en el espacio bajo atmosfera confinada, así como la forma de

proceder en el caso que se precise una evacuación y rescate.

4. Allí donde fuese necesario el uso de mascarillas se limitará su uso diario a un

tiempo máximo de cuatro horas con tiempos de descanso intermedios.

Andamios

Sección Primera. Condiciones generales

Art. L2-175. Condiciones generales de utilización de los andamios.

1. Todo andamio deberá cumplir, tanto las condiciones generales respecto a las

características de los materiales, estabilidad, resistencia y los aspectos relacionados con

la seguridad intrínseca, como las particulares referidas a la clase de andamio,

especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real

Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

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2. Entre otras condiciones generales, así como aspectos de seguridad estructural,

de montaje y utilización, cabe citar las siguientes:

a) Los andamios deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer,

volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de las

personas trabajadoras.

b) Los andamios deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo

o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido

diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.

c) Los andamios y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por

otros medios. Los andamios cuya utilización prevista requiera que las personas

trabajadoras se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para

garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su

seguridad y salud.

d) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el

riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea

mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de

eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se

deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos

adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles cuando se están

realizando trabajos en altura.

e) En particular, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, los

andamios deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección

colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser

resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de

un rodapié. Resultan aconsejables las barandillas de 1 metro de altura.

f) Los dispositivos de protección colectiva contra caídas del andamio sólo podrán

interrumpirse en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera de mano.

g) Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la

retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán

preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificarán en la

planificación de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción

previa de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma

definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de protección

colectiva contra caídas.

h) A fin de evitar caídas entre los andamios y los paramentos de la obra en

ejecución, deberán colocarse tablones o chapados, según la índole de los elementos a

emplear en los trabajos, cuajando los espacios que queden libres entre los citados

paramentos y el andamiaje -situados en el nivel inmediatamente inferior a aquel en que

se lleve a efecto el trabajo- sin que en ningún caso pueda exceder la distancia entre este

tope y el nivel del trabajo de 1,80 metros.

i) Las plataformas que formen el piso del andamio se dispondrán de modo que no

puedan moverse ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro

movimiento que pueda suponer la inestabilidad de las mismas. La anchura será la

precisa para la segura circulación de las personas trabajadoras y el adecuado

almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a

realizar, precisándose en cualquier caso una anchura mínima de 60 cm.

j) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio

deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las

cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad.

Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se

desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso

entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección

colectiva contra caídas.

k) El piso de las plataformas de trabajo de los andamios y de las pasarelas deberá

estar conformado por materiales sólidos de una anchura mínima total de 60 centímetros,

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de superficie antideslizante, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal

que se sitúe o transite sobre las mismas.

l) Sobre las plataformas de trabajo de los andamios no se almacenarán más

materiales que los necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. En ningún caso,

se sobrepasarán las especificaciones que, al respecto, se establezcan por el fabricante

del andamio. Al concluir la jornada laboral, se procurará que sobre las mencionadas

plataformas no queden depositados materiales o herramientas.

m) El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse a través de

módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las mismas

integradas en el propio andamio. Las trampillas para acceder a los distintos niveles

permanecerán en posición cerrada. En ningún caso está permitido trepar por los

travesaños de la estructura del andamio. Sólo podrá accederse a las plataformas desde

elementos de la propia obra –por medio de pasarelas debidamente protegidas– en

aquellos casos en que ello esté debidamente justificado en el plan de seguridad y salud

en el trabajo de la misma o, en su defecto, en la evaluación de riesgos.

n) Antes de utilizar un andamio se comprobará que sus protecciones y condiciones

de uso son las adecuadas y que su montaje y utilización no representa un peligro, tanto

para las personas trabajadoras como para terceros.

o) Los andamios no deberán utilizarse de forma, en operaciones o en condiciones

contraindicadas o no previstas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los

elementos de protección indicados para la realización de la operación de que se trate.

Los andamios sólo podrán utilizarse excepcionalmente de forma, o en operaciones o en

condiciones no consideradas por el fabricante, si previamente se ha realizado una

evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes

para su eliminación o control.

p) Los andamios dejarán de utilizarse si se producen deterioros por inclemencias

atmosféricas, el transcurso del tiempo u otras circunstancias que comprometan la

seguridad de su funcionamiento.

Art. L2-176. Resistencia y estabilidad.

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las

plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán

construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las

personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos.

A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de personas trabajadoras que

vayan a utilizarlos.

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las

configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá

efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado

según una configuración tipo generalmente reconocida.

Art. L2-177. Plan de montaje, de utilización y de desmontaje.

1. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de

montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan deberá ser realizado por una persona

con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.

2. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,

completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de

que se trate.

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3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plan de montaje, de

utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o

motorizado), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas

específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno

natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el

nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 metros o

dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre

apoyos de más de 8 metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras

superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda

de 24 metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen

a más de 6 metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.

4. Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre

los anteriormente citados, dispongan del marcado «CE» (p. ej. plataformas suspendidas

de nivel variable, plataformas eléctricas elevadoras sobre mástil), por serles de

aplicación la Directiva europea que establece los requisitos en materia de

comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del

fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de

los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o

circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

En el caso de aquellos tipos de andamios normalizados que no les es de aplicación

el marcado «CE» por no existir una Directiva europea que establezca los requisitos en

materia de comercialización, pero a pesar de ello, sus fabricantes se han sometido a la

realización de una evaluación de conformidad y cuentan con el correspondiente informe

de evaluación satisfactoria y/o certificación de producto llevados a cabo por un

organismo, entidad, o persona con la competencia técnica reconocida para llevar a cabo

dicha evaluación, mientras no se establezca la exigencia de marcado «CE», se aplicará

la posible sustitución del plan por las instrucciones del fabricante, siempre que el

andamio se monte según la configuración tipo para el cual ha sido evaluado y viene

debidamente establecido en el manual de instrucciones y para las operaciones y usos

indicados por el mismo.

Art. L2-178. Montaje, supervisión y formación de los montadores.

1. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados

sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o

profesional que lo habilite para ello y por trabajadores que hayan recibido una formación

adecuada y específica para las operaciones previstas conforme al Anexo II,

apartado 4.3.7 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

equipos de trabajo.

2. Tanto los trabajadores afectados, como la persona que supervise, dispondrán del

plan de montaje y desmontaje incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

3. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, no sea necesaria la

elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas

en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una

experiencia certificada por la empresa en esta materia de más de dos años y cuente con

la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

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Art. L2-179. Inspección de andamios.

1. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación

universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuación, periódicamente.

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su

resistencia o a su estabilidad.

2. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, no sea necesaria la

elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas

en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una

experiencia certificada por la empresa en esta materia de más de dos años y cuente con

la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

3. Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deberán

documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral.

Sección Segunda. Normas específicas para determinados tipos de andamios

Art. L2-180. Normas específicas para andamios tubulares de servicio de componentes

prefabricados.

1. Se consideran andamios metálicos tubulares de componentes prefabricados

aquellos en los que todas o algunas de sus dimensiones son determinadas con

antelación mediante uniones o dispositivos de unión fijos permanentemente sobre los

componentes. Se componen de placa de sustentación (placa base y husillo), módulos,

cruz de San Andrés y largueros o tubos de extremos, longitudinales y diagonales. Se

complementan con plataformas, barandillas y escaleras de comunicación integradas.

2. En relación con estos andamios se establecen las siguientes condiciones

particulares de seguridad:

a) Los andamios tubulares de servicio de componentes prefabricados deberán

tener una evaluación de conformidad del producto, en todo caso, llevada a cabo por un

organismo, entidad o persona con la competencia técnica reconocida para realizar dicha

evaluación de conformidad. Esta evaluación de conformidad se realizará de acuerdo con

su normativa técnica específica.

Los andamios tubulares de servicio de componentes prefabricados que no hayan

obtenido una evaluación de conformidad satisfactoria de acuerdo con su normativa

técnica específica, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real

Decreto 1215/1997, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, de utilización

y de desmontaje; esto es, para alturas no superiores a 6 metros y que además no

superen los 8 metros de distancia entre apoyos y siempre que no estén situados sobre

azoteas, cúpulas, tejados, estructuras superiores o balconadas a más de 24 metros

desde el nivel del terreno o del suelo.

b) En cualquier caso, los componentes y elementos que conforman el sistema de

andamio en particular, dispondrán de las instrucciones de montaje y mantenimiento

necesarias para su uso.

c) Bajo ninguna circunstancia se permitirá al contratista o usuarios realizar cambios

en el diseño inicial del andamio sin la autorización e intervención de la dirección

facultativa o del coordinador en materia de seguridad y sin haber realizado el plan de

montaje, utilización y desmontaje correspondiente.

d) La estabilidad de los andamios tubulares deberá quedar garantizada en todo

momento. El técnico que supervise la correcta ejecución de los trabajos de montaje y

desmontaje del andamio dará las instrucciones precisas, tanto a los montadores/as,

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como a las personas trabajadoras que los utilizarán posteriormente, sobre las

condiciones para ejecutar las tareas de manera adecuada.

e) Para la ejecución de tareas sobre las plataformas de trabajo de los andamios

tubulares de servicio constituidos por componentes prefabricados se exigen los

siguientes requisitos mínimos:

– Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 centímetros sin

solución de continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad

necesarias en relación con los trabajos a realizar sobre ellas.

– Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y

antideslizante, contarán con dispositivos de enclavamiento que eviten su basculación

accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y visible, la carga máxima admisible.

– Las plataformas de trabajo estarán protegidas por medio de una barandilla

metálica de un mínimo de un metro de altura, barra intermedia y rodapié de altura

mínima de 15 centímetros en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados

que disten de la fachada menos de 20 centímetros.

f) El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras

bien mediante módulos específicos adosados a los laterales, bien mediante escaleras

integradas de comunicación entre las plataformas. Las trampillas de acceso a estas

últimas estarán cerradas, cuando no respondan propiamente a esta finalidad. Solo en los

casos que estén debidamente justificados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

de la obra o, en su defecto, en la evaluación de riesgos, el acceso desde el edificio podrá

hacerse por medio de plataformas o pasarelas debidamente protegidas.

Art. L2-181. Normas específicas para andamios tubulares torres de acceso y torres de

trabajo móviles de componentes prefabricados.

1. Con respecto a la comercialización de estos tipos de andamios, y de acuerdo

con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad

general de los productos, se considera que un andamio de este tipo es seguro cuando

cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que establezcan los

requisitos de seguridad y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas

técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que

también un andamio de este tipo es seguro cuando sea conforme a tales normas.

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o

esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de este tipo de andamio, para

evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta

los siguientes elementos:

− Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no

armonizadas.

− Normas UNE.

− Códigos de buenas prácticas.

− Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

4. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de andamios, se atenderá a lo

dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

equipos de trabajo.

Art. L2-182. Normas específicas para torres de acceso y torres de trabajo móviles de

componentes prefabricados.

1. Las torres de acceso y torres de trabajo móviles en las que sea necesario

disponer de un plan de montaje, utilización y desmontaje, deberán tener una evaluación

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de conformidad del producto, en todo caso, llevada a cabo por un organismo, entidad o

persona con la competencia técnica reconocida para realizar dicha evaluación. Esta

evaluación de conformidad se realizará de acuerdo con su normativa técnica específica.

2. Para garantizar la estabilidad de las torres de acceso y de las torres de trabajo

móviles su altura (desde el suelo a la última plataforma) no podrá exceder de 4 metros

por cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse

las instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).

3. Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo

de blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto

funcionamiento de los frenos. Estas torres sólo deben moverse manualmente sobre

suelo firme, sólido, nivelado y libre de obstáculos.

4. Para evitar el posible vuelco y/o inestabilidad estructural está prohibido

desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas.

5. No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos

tipos de andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el

fabricante para dicha finalidad.

6. Está prohibido sobrecargar las plataformas horizontales de las torres de acceso y

torres de trabajo móviles con una carga superior a la carga máxima de servicio para la

cual ha sido diseñada, evaluada y especificada por el fabricante.

7. Las torres de acceso y torres de trabajo móviles no deben apoyarse, en ningún

caso, sobre material ligero o de baja resistencia o estabilidad.

8. El acceso a las plataformas deberá realizarse por el interior a través de escaleras

o escalas de peldaños integradas para tal fin en la estructura tubular.

9. Está prohibido saltar sobre las plataformas de trabajo y establecer puentes entre

una torre de trabajo móvil y cualquier elemento fijo de la obra o del edificio.

Art. L2-183. Normas específicas para plataformas elevadoras sobre mástil (andamios

motorizados).

1. Las plataformas elevadoras sobre mástil (andamios motorizados) incluidas en

este apartado tienen la consideración de aparatos de elevación de personas. Por lo

tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se

establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas y

resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y

manual de instrucciones.

2. Por lo que refiere a la utilización de estas plataformas, se atenderá a lo dispuesto

en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

3. Deben cumplirse, además de las contenidas en el manual de instrucciones del

fabricante, entre otras, las siguientes normas de seguridad:

a) Deberá verificarse antes de su uso la resistencia y estabilidad de los puntos de

apoyo y anclaje.

b) Estarán dotadas de protección frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto y

verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno.

c) Cuando dispongan de carriles para el movimiento y traslación longitudinal del

conjunto de la plataforma elevadora sobre mástil, deberán poseer una perfecta

nivelación, cimentación y alineación, así como topes en sus extremos. Los traslados se

realizarán con la plataforma desalojada de personas.

d) Para prevenir el riesgo de caídas de objetos sobre terceros se balizará,

señalizará y acotará la zona inferior del terreno, con el fin de impedir el paso bajo su

perpendicular.

e) La plataforma horizontal de trabajo no presentará ninguna discontinuidad ni

carga adicional no prevista por el fabricante. No se debe superar el número máximo de

usuarios indicados por el fabricante. En el caso que se precisen extensiones de

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plataforma, éstas, en todo caso pertenecerán al modelo particular de plataforma sobre

mástil (andamio motorizado) y que han sido diseñadas y fabricadas específicamente a

tales efectos. Se repartirán los materiales necesarios para la correcta continuidad de los

trabajos a lo largo de dicha plataforma.

f) Se revisarán periódicamente y no se utilizarán en condiciones meteorológicas

adversas que superen lo previsto por el fabricante.

g) Para prevenir el riesgo de caída a distinto nivel se verificará la existencia y

correcta instalación de las barandillas (superior, intermedia y zócalo) en todo el contorno

(perímetro) de la plataforma de trabajo y, del mismo modo, en el caso de que se estén

empleando extensiones de plataforma. La altura de la barandilla superior será de, al

menos, 110 cm con una barandilla intermedia a menos de 50 cm de la barandilla

superior, y además de colocar un zócalo de 15 cm.

Art. L2-184. Normas específicas para plataformas suspendidas de nivel variable de

accionamiento manual o motorizado eléctrico (andamios colgados).

1. Al igual que las plataformas incluidas en el artículo anterior, tienen la

consideración de aparatos de elevación de personas, por lo tanto, les es de aplicación el

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. En consecuencia, a estos

equipos les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de

conformidad y manual de instrucciones de acuerdo con dichas normas. La

documentación técnica debe alcanzar a todos los elementos de las plataformas

(pescantes, contrapesos, cables de sustentación, aparejos y mecanismos de izado y

descenso, barquilla y componentes de seguridad). A aquellas plataformas que por su

fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de

aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, deberán estar puestas en conformidad de

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997.

2. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de plataformas, se atenderá a lo

dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

equipos de trabajo.

3. Deberán tenerse en cuenta, además de las contenidas en el manual de

instrucciones del fabricante, entre otras, las siguientes normas de seguridad:

– El suelo de las plataformas será resistente, antideslizante y debe quedar sujeto de

tal forma que carezca de movimiento alguno, bien sea por deslizamiento o por

basculación, y sólo pueda ser retirado por una acción voluntaria.

– La plataforma de trabajo estará dotada de barandilla y protección intermedia

perimetral, así como rodapié instalado a lo largo de todo su perímetro. La altura de la

barandilla no será inferior a 100 centímetros medidos desde su parte superior hasta el

suelo de la citada plataforma de trabajo. La distancia entre la barandilla y la protección

intermedia, y entre ésta y el zócalo no sobrepasará los 50 centímetros. El zócalo no debe

tener una altura inferior a 15 centímetros y estará apoyado en el suelo de la plataforma.

– Queda expresamente prohibido comunicar entre sí dos plataformas mediante

pasarelas superpuestas o instalar dicha pasarela entre las plataformas y cualquier otro

elemento.

– Los accesos a las plataformas serán cómodos y seguros. Las puertas de acceso a

las barquillas se abrirán hacia el interior de las mismas y estarán dotadas de un sistema

de enclavamiento que impida su apertura, salvo en el caso de una acción voluntaria.

– La distancia entre el paramento y la cara delantera de las plataformas será inferior

a 30 centímetros. Éstas dispondrán de un sistema de fijación o anclaje que impida su

movimiento durante las operaciones de entrada y salida de las mismas.

– Los pescantes se montarán de tal forma que los cables trabajen totalmente

perpendiculares al suelo y paralelos entre sí.

– Las plataformas se suspenderán de un mínimo de dos pescantes.

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– No se acumularán materiales sobre las plataformas de trabajo. En ellas se

situarán, exclusivamente, los elementos y utensilios indispensables y precisos para

realizar el trabajo. En ningún caso se sobrepasará la carga máxima indicada por el

fabricante.

– Durante la realización de las operaciones de ascenso y descenso se prestará

especial atención al tiro uniforme de los cables de suspensión, con el fin de evitar saltos

bruscos. Estos movimientos se ejecutarán con las plataformas descargadas de

elementos y utensilios. Solo permanecerán sobre ellas las personas indispensables para

llevar a efecto las mencionadas tareas.

– Los aparejos que hacen posible las maniobras de ascenso y descenso de la

plataforma dispondrán, tanto de dispositivos de seguridad que impidan descensos y

rotaciones incontroladas, como de mecanismos interiores de guía para los cables.

– Los ganchos de sujeción de los cables a los pescantes estarán dotados de pestillo

de seguridad.

– A estas plataformas se les acoplarán dispositivos secundarios que retengan las

mismas en caso de rotura del cable de sustentación, tales como: un sistema de

suspensión de doble cable de seguridad independiente de los cables de sustentación y

dotado de un freno secundario, o un sistema de suspensión de cable único asociado a

un dispositivo anticaídas capaz de inmovilizar las plataformas.

– Antes de su primera utilización, todo el conjunto será sometido a una prueba de

carga bajo la supervisión de persona competente. Igualmente, con carácter diario y antes

de su uso, se inspeccionarán los elementos sometidos a esfuerzo, los dispositivos de

seguridad, etc. Periódicamente, se revisará todo el conjunto conforme a lo indicado en

las instrucciones del fabricante. Todas estas revisiones quedarán documentadas.

– En todos los elementos y accesorios de elevación quedarán claramente

identificadas sus características. En la plataforma de trabajo se reflejará la carga máxima

y el número máximo de personas que pueden utilizarla.

– No se utilizarán en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto

por el fabricante.

Art. L2-185. Normas específicas para andamios de borriquetas.

1. Estarán constituidos por al menos dos componentes principales (dispositivos de

apoyo) que aseguren la correcta fijación y sustentación de la/s plataforma/s horizontales

de trabajo, así como la correcta transmisión de las cargas a los apoyos/placas de

contacto contra el suelo, piso, solera, o terreno.

2. Se instalarán nivelados y no se apoyarán sobre materiales frágiles, tales como:

ladrillos, bovedillas, etc.

3. Podrán emplearse andamios de borriquetas hasta 3 metros de altura. Cuando el

riesgo de caída sea mayor de 2 metros, estarán estabilizados y se dispondrá de

barandillas u otros sistemas de protección colectiva de seguridad equivalente.

4. En los trabajos sobre andamios de borriquetas situados en balcones, terrazas o

en la proximidad de aberturas con riesgo de caída de más de 2 metros, se utilizarán

medios de protección colectiva (sistemas provisionales de protección de borde, redes de

seguridad, etc.).

5. Las plataformas horizontales de trabajo que formen el piso del andamio (de al

menos 60 centímetros de anchura) estarán debidamente fijadas o amarradas a los

elementos principales de sustentación (borriquetas).

Art. L2-186. Normas específicas para andamios de mechinales.

Cuando el andamio se establezca o esté constituido sobre la base de mechinales

(agujeros cuadrados aberturas cuadradas practicadas en un muro de obra que permiten

el paso de los travesaños o colas de un andamio) sólo se permitirá y admitirá su uso

para trabajos de escasa importancia y con la condición de que la altura de la andamiada

más elevada sobre el nivel del suelo o del terreno no exceda de 5 metros.

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Será obligatorio, en todo caso, la utilización de sistemas anticaídas por parte de los

trabajadores situados en estos andamios, en el supuesto que no sea posible la

instalación de medios de protección colectiva.

Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y otros

equipos para la ejecución de trabajos temporales en altura

Art. L2-187. Normas específicas para sistemas provisionales de protección de borde.

1. Con respecto a la comercialización de estos sistemas, y de acuerdo con lo

dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de

los productos, se considera que una protección de borde es segura cuando cumpla las

disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad

y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas

técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que

también un sistema provisional de protección de borde es seguro cuando sea conforme a

tales normas.

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o

ésta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos del sistema provisional de

protección de borde, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de

seguridad, se tendrán en cuenta:

− Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no

armonizadas.

− Normas UNE.

− Códigos de buenas prácticas.

− Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

Art. L2-188. Requisitos para los sistemas provisionales de protección de borde

(barandillas).

Todos los elementos que configuran el conjunto de los sistemas de protección

(barandilla principal con una altura mínima de 90 centímetros, barandilla intermedia,

plinto o rodapié con una altura sobre la superficie de trabajo tal que impida la caída de

objetos y materiales y postes) serán resistentes. Estarán constituidos por materiales

rígidos y sólidos; no podrán utilizarse como sistemas provisionales de protección de

borde (barandillas), cuerdas, cintas, cadenas o elementos o materiales diseñados para

otros usos, tales como los de señalización o balizamiento.

Art. L2-189. Normas específicas para redes de seguridad.

1. Con respecto a la comercialización de las redes de seguridad, y de acuerdo con

lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad general

de los productos, se considera que una red de seguridad es segura cuando cumpla las

disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad

y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas

técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que

también una red de seguridad es segura cuando sea conforme a tales normas.

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3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o

ésta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de la red de seguridad, para

evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en:

− Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no

armonizadas.

− Normas UNE.

− Códigos de buenas prácticas.

− Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

Art. L2-190. Requisitos para la utilización de redes de seguridad.

1. En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea

técnicamente posible por el tipo de trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las

redes que evitan la caída frente a aquellas que sólo limitan o atenúan las posibles

consecuencias de la misma.

a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas

para cada tipo de red, éstas sólo se deberán instalar y utilizar conforme a las

instrucciones previstas, en cada caso, por el fabricante. Se estudiará, con carácter previo

a su montaje, el tipo de red más adecuado frente al riesgo de caída de altura en función

del trabajo que vaya a ejecutarse.

El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal formado e informado.

b) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las

redes deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica, y

cada vez que sus condiciones puedan resultar afectadas por una modificación, período

de no utilización o cualquier otra circunstancia.

c) Se almacenarán en lugares secos y ventilados.

2. Una vez retiradas las redes, deberán reponerse los sistemas provisionales de

protección de borde.

Art. L2-191. Normas específicas para escalas fijas o de servicio.

1. Las escalas fijas o de servicio deberán cumplir los requisitos establecidos en el

Anexo I, apartado 8, del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de los lugares de trabajo.

Dispondrán de una protección circundante a partir de los 4 metros de altura, salvo en el

caso de pozos, conductos angostos u otras instalaciones que por su configuración ya

proporcionen dicha protección. Para escalas fijas de más de 9 metros se establecerán

plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.

2. En el supuesto de que, por las características constitutivas del propio pozo,

conducto u otras instalaciones, las necesidades de acceso o la realización del trabajo

impidan el establecimiento de las citadas plataformas de descanso, se dispondrán de

sistemas anticaídas para su utilización por las personas trabajadoras.

Art. L2-192. Normas específicas para escaleras de mano.

1. Con respecto a la comercialización de las escaleras de mano, y de acuerdo con

lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general

de los productos, se considera que una escalera de mano es segura cuando cumpla las

disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad

y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas

técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que

también una escalera de mano es segura cuando sea conforme a tales normas.

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3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o

ésta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de la escalera de mano, para

evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta:

− Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no

armonizadas.

− Normas UNE.

− Códigos de buenas prácticas.

− Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

Art. L2-193. Requisitos para la utilización de las escaleras de mano.

1. Por lo que refiere a la utilización de las escaleras de mano, se atenderá a lo

dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

equipos de trabajo, en su anexo II.4, sobre disposiciones relativas a la utilización de los

equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura.

2. Las escaleras de mano deberán ajustarse a lo establecido en su normativa

específica. Se tendrán en cuenta, además de lo dispuesto en el Real Decreto citado en

el punto anterior, las siguientes medidas:

a) La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá

limitarse a las circunstancias en las que la utilización de otros equipos de trabajo más

seguros no esté justificada, por el bajo nivel de riesgo y por las características de los

emplazamientos que la empresa no pueda modificar.

b) Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios

de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que

han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En

particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su

apertura al ser utilizadas.

3. Además, durante su utilización, deberán cumplirse, entre otras, las siguientes

normas:

a) Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su

utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán

asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas, y estable,

resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las

escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera

que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

b) Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su

utilización, ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya

sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia

equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud

necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las

escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse

de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las

escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las

escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un

ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

c) El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a

estas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan

tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más

de 3,50 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán

si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de

protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se

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hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y

manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o

dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano

no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.

d) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5

metros de longitud sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el

uso de escaleras de mano de construcción improvisada.

e) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de

escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus

posibles defectos.

Art. L2-194. Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.

1. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas

se limitará a circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo

puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo

de trabajo más seguro no esté justificada.

2. En la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante

cuerdas se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por

las personas trabajadoras de los equipos de trabajo, en su anexo II.4, sobre

disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de

trabajos temporales en altura.

3. Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y especialmente en función de la

duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un

asiento adaptado a la persona trabajadora y provisto de los accesorios apropiados.

4. Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento

mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o

sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido

diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.

5. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas

cumplirá las siguientes condiciones:

a) El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente,

una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como

medio de emergencia (cuerda de seguridad).

b) Se facilitará a las personas trabajadoras unos arneses adecuados, que deberán

utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.

c) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y

descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída

en caso de que el usuario/a pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad

estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos de

las personas trabajadoras.

d) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar la persona trabajadora

deberán estar sujetos al arnés o al asiento o sujetos por otros medios adecuados.

6. Con respecto a la comercialización de los elementos que se emplean en las

técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, y de acuerdo con lo

dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, sobre seguridad general de los productos, se

considera que los elementos son seguros cuando cumplan las disposiciones normativas

de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.

7. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas

técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que

también estos elementos son seguros cuando sean conformes a tales normas.

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8. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o

ésta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de estas técnicas, para evaluar

su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta:

− Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no

armonizadas.

− Normas UNE.

− Códigos de buenas prácticas.

− Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

A todos los elementos que conforman estas técnicas, excepto a la propia cuerda de

trabajo y a sus sistemas de amarre, les es de aplicación el Reglamento europeo (UE)

2016/425 relativo a equipos de protección individual y, en consecuencia, les es exigible

que dispongan del correspondiente «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y

manual de instrucciones, conforme al citado reglamento y las normas armonizadas que

lo complementan.

Art. L2-195. Requisitos para la utilización de las técnicas de acceso y de

posicionamiento mediante cuerdas.

1. Por lo que refiere a la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento

mediante cuerdas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de

julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

2. Las personas trabajadoras que utilicen estas técnicas de acceso y de

posicionamiento deberán poseer una la información y formación adecuada y específica

para las operaciones previstas. Dicha información y formación se referirá a los siguientes

aspectos:

− Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.

− Los sistemas de sujeción.

− Los sistemas anticaídas.

− Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y

de seguridad.

− Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.

− Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a

la seguridad.

− Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

Art. L2-196. Normas específicas para plataformas de carga y descarga para obras de

construcción.

Deben reunir, entre otros, los siguientes requisitos:

– Las plataformas deben ser metálicas, sólidas y seguras; se fijarán a la estructura

portante (ejemplo: forjado, losa) mediante los dispositivos de anclaje especificados por el

fabricante, en el número y la disposición establecidos por el mismo.

– Las plataformas estarán protegidas en su contorno con barandillas perimetrales.

Cuando dispongan de trampilla abatible en el piso, tendrán un sistema que impida el

acceso a la plataforma mientras la trampilla esté abierta.

– Para Durante la realización de trabajos sobre las plataformas, en función de las

características del puesto de trabajo, es preceptivo el uso o bien de un cinturón de

retención (que impida que la persona trabajadora alcance el borde de la plataforma)

dispuesto en un punto sólido de la obra (en ningún caso en la propia plataforma), o bien

de un sistema anticaídas.

– Las plataformas no deberán sobrecargarse por encima de la carga máxima

prevista por el fabricante, que vendrá indicada en un lugar visible y de forma indeleble.

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Art. L2-197. Requisitos para la utilización de plataformas de carga y descarga para

obras de construcción.

1. Con respecto a la comercialización de las plataformas de carga y descarga para

obras de construcción, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003,

de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, se considera que una

plataforma es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado

cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas

técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que

también estos elementos son seguros cuando sean conformes a tales normas.

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o

ésta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de estas técnicas, para evaluar

su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta:

− Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no

armonizadas.

− Códigos de buenas prácticas.

− Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

Art. L2-198. Normas específicas para plataformas elevadoras móviles de personal

(PEMP).

1. Las plataformas incluidas en este apartado tienen la consideración de aparatos

de elevación de personas. Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008,

de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta

en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE»,

declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.

2. A aquellas plataformas que por su fecha de comercialización o de puesta en

servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008,

de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta

en servicio de las máquinas, deberán estar puestas en conformidad, de acuerdo con lo

establecido en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, por el que se establecen las

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de

equipos de trabajo.

3. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de plataformas, se atenderá a lo

dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, modificado por el Real

Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

4. Durante su utilización deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas:

– El personal operador debe estar cualificado y formado. No se permitirá la

utilización y el acceso a personas carentes de autorización.

– No deben utilizarse en operaciones o en condiciones contraindicadas por el

fabricante y se cumplirán las especificaciones establecidas por el mismo en cuanto a su

uso y limitación de carga.

– Se debe reconocer previamente el terreno por donde debe desplazarse la

plataforma asegurando que esté nivelado y sea estable.

– La plataforma no debe conducirse ni circular por pendientes superiores a las

indicadas por el fabricante.

– No se deben cargar materiales de mayor volumen y peso de lo previsto por el

fabricante. Las cargas deberán estar repartidas uniformemente por el piso de la

plataforma.

– Debe verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno, así como la

presencia de elementos fijos que puedan interferir el desplazamiento espacial de la

plataforma.

– Es preceptivo el uso de arnés anticaídas por parte de las personas trabajadoras.

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Art. L2-199. Normas específicas para cestas suspendidas mediante grúas.

1. Este sistema de elevación de personas y realización de trabajos en altura sólo

debe utilizarse excepcionalmente, cuando por el tipo de trabajos a ejecutar, la altura a la

que se deba subir, la duración de la utilización y la inaccesibilidad por otros medios hasta

el emplazamiento, el estudio de seguridad y salud (en su caso), el plan de seguridad y

salud de la obra o, en su defecto, la evaluación de riesgos, determinen que no sea

posible la elección de otros equipos de trabajo más seguros y siempre que la

documentación técnica dé como resultado que los trabajos pueden realizarse de forma

segura.

2. Además de lo indicado en el apartado anterior, la utilización de estas cestas se

limitará a circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede

ejecutarse de manera segura mediante la aplicación de los principios de acción

preventiva. Es decir, luego de que se hayan elegido los equipos y procedimientos de

trabajo seguros y adecuados –teniendo en cuenta el estado del desarrollo tecnológico y

evolución de la técnica– y se haya formado e informado a las personas trabajadoras.

3. Con objeto de asegurar la correcta utilización de las cestas suspendidas

mediante grúa para elevación de personas, se tendrá en cuenta los requisitos esenciales

de seguridad y salud de la Directiva europea 2006/42/CEE (Real Decreto 1644/2008)

relativa a las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Asimismo, también se tendrán en cuenta:

− Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no

armonizadas.

− Códigos de buenas prácticas.

− Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

4. Su elección no podrá subordinarse a criterios económicos.

Trabajos de movimientos de tierras, excavación, pozos, trabajos subterráneos y

túneles

Art. L2-200. Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos.

Antes del comienzo de los trabajos, y para evitar las interferencias con los cables de

los distintos sistemas de distribución, se establecerán las medidas preventivas oportunas

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Si las canalizaciones no están señalizadas y protegidas, será necesario localizar,

de modo exacto, el lugar de paso de las mismas antes del inicio de los trabajos. Para

ello, se contactará con la compañía suministradora correspondiente.

b. En el caso de las canalizaciones eléctricas, una vez localizadas, se procederá a

trabajar bajo las consideraciones reguladas por la normativa sobre disposiciones de

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

c. En el caso de canalizaciones de gas, debe evitarse la realización de trabajos que

produzcan chispas o fuego (por ejemplo: utilizar equipos e iluminación antideflagrantes,

útiles de bronce, etc.). Se prohibirá fumar en las cercanías de estas canalizaciones, así

como encender fuego.

d. Si se trata de sistemas de distribución aéreos, se deberá obtener información de

la compañía suministradora sobre la instalación afectada. Si es posible, se desviará el

sistema de distribución para evitar las interferencias. En caso contrario, se colocarán

barreras o avisos para que los vehículos y la maquinaria a emplear se mantengan

alejados de los sistemas de distribución. Si dichos vehículos y maquinaria tuvieran que

circular bajo los sistemas de distribución, se señalizarán éstos y se instalará una

protección de delimitación de altura.

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e. Cuando se ejecuten actividades en pozos, trabajos subterráneos y túneles, los

lugares de trabajo deberán estar equipados con un alumbrado eléctrico capaz de ofrecer

una iluminación adecuada a las tareas que se realizan en ellos; para evitar los riesgos

derivados de avería en la iluminación artificial, se dispondrá otra complementaria de

seguridad que permita asegurar la evacuación de personal en caso de faltar la corriente.

De ser imposible la iluminación artificial, se dotará a las personas trabajadoras de

iluminación individual.

f. En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las

precauciones adecuadas, tanto para prevenir la irrupción accidental de agua mediante

los sistemas o medidas convenientes, así como para permitir que las personas

trabajadoras puedan ponerse a salvo en el caso de que se produzca un incendio, una

irrupción de agua, la caída de materiales o la posible emanación de gas.

Art. L2-201. Medidas a adoptar durante la realización de los trabajos.

Durante la ejecución de trabajos de excavación en general, pozos, trabajos

subterráneos y túneles se adoptarán todas las medidas preventivas necesarias

especificadas, en su caso, en el proyecto de ejecución de la obra, a fin de evitar

derrumbamientos según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de

realización de dichos trabajos.

En los trabajos de excavación se debe conocer, lo más exactamente posible, el tipo

de terreno. Si no se puede garantizar la estabilidad del terreno, especialmente si es

necesario trabajar desde el interior de la excavación, se deberá velar por la seguridad de

las personas trabajadoras mediante la estabilización previa del terreno (por ejemplo,

mediante entibaciones, cimentados, etc.).

Art. L2-202. Acumulaciones de tierras, escombros o materiales.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, y los vehículos en

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las

medidas adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras, para evitar su

caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

Art. L2-203. Vías de entrada y salida.

1. Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.

2. Cuando circulen indistintamente vehículos y peatones, las vías por las que

transiten deberán mantenerse separadas, siempre que ello sea posible. Cuando lo

anterior no sea posible se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que el

tránsito de vehículos y peatones no sea simultaneo.

3. Las entradas y salidas de los pozos, de los lugares donde se ejecuten trabajos

subterráneos y de los túneles, se mantendrán expeditas y con un espacio a su alrededor

de acceso restringido debidamente señalizado.

Art. L2-204. Ascensos y descensos de las personas trabajadoras.

Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el

descenso o ascenso de las personas trabajadoras. A tal efecto, se emplearán escaleras,

adoptando las medidas de seguridad correspondientes.

Cuando se empleen ascensores para la subida y el descenso de las personas

trabajadoras en los pozos, se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.

Art. L2-205. Ventilación.

En los pozos, túneles y galerías subterráneas, se dispondrá de una ventilación

(natural o forzada) adecuada. Se tendrá en cuenta el número de personas que pueden

confluir en el espacio de trabajo, así como el número y tipología de maquinaria a emplear

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y se adoptarán las medidas necesarias para que las personas trabajadoras dispongan de

aire sano suficiente.

Art. L2-206. Trabajos en atmósferas peligrosas o tóxicas.

Con carácter previo al inicio de trabajos en los que puedan existir atmósferas

peligrosas o tóxicas deberá elaborarse el correspondiente procedimiento de trabajo.

En todo caso, en dicho procedimiento se incluirán, entre otras, las siguientes

medidas preventivas:

a) Antes de acceder a un espacio confinado en el que, por circunstancias

especiales, sea de temer la existencia de un ambiente peligroso o tóxico, se harán las

pruebas y mediciones necesarias para conocer el estado de la atmósfera; igualmente

deberán adoptarse las medidas para prevenir la formación y acumulación de atmósferas

explosivas.

b) Las personas trabajadoras no podrán acceder hasta después de que se hayan

tomado las precauciones oportunas para impedir cualquier accidente por intoxicación,

asfixia o explosión.

c) El trabajo en espacios confinados deberá ser supervisado y no se permitirá el

acceso a personas trabajadoras no autorizadas y que no estén suficiente cualificadas,

formadas e informadas de los riesgos correspondientes.

d) Cuando en el desarrollo de los trabajos se noten síntomas que hagan temer la

presencia de un peligro grave o la falta de oxígeno, deberá darse cuenta inmediata a la

persona que supervise los trabajos, se suspenderá la actividad y se abandonará

inmediatamente el lugar de trabajo.

Art. L2-207. Trabajos subterráneos.

Los trabajos subterráneos deberán estar equipados en su totalidad con un alumbrado

eléctrico capaz de ofrecer una iluminación adecuada a las tareas que se realizan en

ellos; para evitar los riesgos derivados de avería en la iluminación artificial, se dispondrá

otra complementaria de seguridad que permita asegurar la evacuación de personal en

caso de faltar corriente. De ser imposible la iluminación artificial, se dotará a las

personas trabajadoras de iluminación individual.

Art. L2-208. Medidas en caso de incendio, irrupción de agua o caída de materiales.

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las

precauciones adecuadas tanto para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los

sistemas o medidas adecuados, como para permitir que las personas trabajadoras

puedan ponerse a salvo en el caso de que se produzca un incendio, una irrupción de

agua o la caída de materiales.

Otros trabajos específicos

Sección Primera. Trabajos de demolición

Art. L2-209. Disposiciones generales acerca de los trabajos de demolición.

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para las

personas trabajadoras deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la

supervisión de una persona cualificada y deberán realizarse adoptando las

precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

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Art. L2-210. Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos.

Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del

edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las

medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de

conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de

las edificaciones adyacentes.

El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que

constará la técnica elegida, así como las personas y los medios más adecuados para

realizar el trabajo.

Art. L2-211. Medidas en los casos de presencia de agentes cancerígenos, amianto o

que generen residuos peligrosos.

Cuando el edificio tenga incorporados materiales que contengan agentes

cancerígenos, amianto o que generen residuos peligrosos se atenderá a lo dispuesto en

la normativa aplicable, tanto a los trabajos con riesgo de amianto, como a la gestión de

residuos.

Art. L2-212. Actuaciones antes de la demolición.

Antes de iniciar la demolición será necesario neutralizar o anular las instalaciones de

electricidad, gas y agua existentes en la zona de ejecución de los trabajos. Para ello, es

preciso vaciar los depósitos, tuberías, contadores, incluida la acometida a la red de

saneamiento.

Art. L2-213. Evacuación de escombros.

Para la evacuación de los escombros durante la realización de los trabajos de

demolición deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

− Evitar acopios que puedan sobrecargar los forjados.

− No arrojar escombros. Estos se evacuarán a través de canaletas, tolvas, bateas, etc.

− Para reducir el rebote a distancia de los materiales, la parte inferior del conducto

de evacuación estará convenientemente protegida mediante pantallas, lonas, etc. En

todo caso, se limitará, en los tramos finales del conducto, la proyección vertical del

mismo.

− Será necesario regar los escombros para evitar la formación de polvo.

Sección segunda. Trabajos con explosivos y en cajones de aire comprimido

Art. L2-214. Realización de trabajos con explosivos y en cajones de aire comprimido.

La realización de estos trabajos se ajustará a lo dispuesto en su normativa

específica.

Sección Tercera. Trabajos sobre cubiertas

Art. L2-215. Trabajos sobre cubiertas.

1. La caída de las personas trabajadoras a distinto nivel se protegerá mediante

medios de protección colectiva adecuados para trabajos en cubiertas.

Adicionalmente, siempre que sea necesario, estos medios se complementarán con

equipos de protección individual adecuados.

2. Se aplicarán medidas que protejan a la persona trabajadora, no sólo durante la

permanencia en la cubierta, sino también durante el acceso a la misma.

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3. En el caso de cubiertas frágiles, con anterioridad al inicio de los trabajos deberán

identificarse e informar a las personas trabajadoras de las zonas frágiles de la cubierta

antes del acceso a la misma, así mismo, se habilitarán zonas de trabajo y de tránsito, de

tal forma que se garantice la resistencia del conjunto.

Equipos de trabajo y maquinaria de obra

Sección Primera. Disposiciones generales

Art. L2-216. Aparatos elevadores.

A estos aparatos les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre,

por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las

máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de

conformidad y manual de instrucciones.

Aquellos aparatos que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por

primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, deberán estar

puestos en conformidad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997,

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Por lo que refiere a la utilización de estos aparatos, se atenderá a lo dispuesto en el

Real Decreto 1215/1997.

A los accesorios de elevación, las cadenas, los cables y las cinchas también les es

de aplicación el Real Decreto 1644/2008.

Art. L2-217. Condiciones generales de los aparatos elevadores.

1. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos

constitutivos, de fijación, anclajes y soportes, deberán:

– Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al

que estén destinados.

– Instalarse y utilizarse correctamente.

– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

– Ser manejados por personas trabajadoras cualificadas y autorizadas que hayan

recibido una formación adecuada.

2. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de

manera visible, la indicación del valor de su carga máxima que, en ningún caso, debe ser

sobrepasada.

Los aparatos elevadores, al igual que sus accesorios, no podrán utilizarse para fines

distintos de aquellos a los que estén previstos por el fabricante.

3. Durante la utilización de los aparatos elevadores deberán tenerse en cuenta,

entre otras, las siguientes medidas:

– Se controlará la estabilidad del terreno y la de su base de apoyo.

– Se revisará el estado de los elementos de izado. No se utilizarán elementos de

izado que se encuentren defectuosos.

– El operador/a será conocedor de la carga máxima admisible, no sólo de la

maquinaria o del equipo de elevación, sino también de los medios auxiliares que se

hayan de emplear para la constitución de las eslingas (cables, ganchos, etc.).

– Se estudiará el recorrido que se vaya a realizar con la carga hasta su ubicación

eventual o definitiva, con el fin de evitar interferencias en dicho recorrido.

– La operación de carga y descarga, si es necesario, será supervisada por personal

especializado.

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– Si durante el desarrollo de la operación hubiese falta de visión del operador/a, será

auxiliado por el correspondiente ayudante o señalista.

– Se comprobará el correcto eslingado o embragado de las cargas con el fin de

impedir desplazamientos no controlados y descuelgue de las cargas.

– Los movimientos de arranque, parada, así como cualquier otra maniobra se

ejecutarán con suavidad.

– Está prohibido transportar personas con equipos de elevación de cargas.

– Se tendrá especial cuidado durante el manejo de los equipos de elevación

dirigidos por radio, debido a las posibles interferencias que puedan producirse con otras

frecuencias.

– No se dejarán cargadas las grúas mientras éstas se encuentren en situación de

«descanso».

– No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen las

indicaciones previstas por el fabricante.

– La placa identificadora deberá estar legible.

4. Se prohíbe estacionar o transitar bajo las cargas suspendidas. Éstas no se

transportarán por encima de las personas trabajadoras.

5. Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en

servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados.

6. Los ganchos de suspensión deberán contar con un dispositivo de seguridad que

impida el desenganche o la caída fortuita de las cargas suspendidas.

7. Se extremarán las medidas de seguridad, poniendo especial cuidado para evitar

que los aparatos de elevación puedan impactar con las líneas eléctricas aéreas próximas

al lugar de trabajo o al camino recorrido por aquéllos en sus desplazamientos; se

mantendrá a la distancia mínima exigida por la normativa para impedir los contactos

eléctricos. Se adoptarán las mismas medidas respecto de las cargas suspendidas de

dichos aparatos elevadores.

8. En el caso de coincidir dos o más aparatos elevadores en el mismo centro de

trabajo, se establecerán las medidas necesarias para evitar la interferencia de los

mismos o de las cargas que transporten. Si la confluencia entre aparatos elevadores se

produce entre equipos situados en centros de trabajo contiguos, se deberá las medidas

preventivas necesarias para evitar cualquier interferencia.

Art. L2-218. Condiciones específicas de las grúas torre.

1. Las grúas torre deberán cumplir lo especificado en el Real Decreto 836/2003,

de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

2. No deben utilizarse las grúas para realizar tracciones oblicuas, arrancar cargas

adheridas u otras operaciones distintas a la función de las mismas.

3. No deben elevarse con las grúas cargas que superen las permitidas e indicadas

por el fabricante. Debe respetarse la carga máxima de la grúa en los distintos tramos de

la pluma.

4. Está prohibido balancear las cargas transportadas con las grúas para

descargarlas más allá del alcance de las mismas.

Art. L2-219. Condiciones específicas de las grúas móviles autopropulsadas.

1. Las grúas móviles autopropulsadas deberán cumplir el Real Decreto 837/2003,

de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de

elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.

2. Las grúas móviles autopropulsadas deberán estacionarse en los lugares

establecidos, adecuadamente niveladas, y con placas de apoyo para el reparto de los

gatos estabilizadores.

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3. No deben utilizarse las grúas para realizar tracciones oblicuas, arrancar cargas

adheridas u otras operaciones distintas a la función de las mismas.

4. No deben elevarse con las grúas cargas que superen la permitida e indicada por

el fabricante. Debe considerarse la carga máxima de la grúa en función de los distintos

tramos de la pluma y la inclinación de ésta.

5. Está prohibido balancear las cargas transportadas con las grúas para

descargarlas más allá del alcance de las mismas.

Art. L2-220. Condiciones específicas de los montacargas.

1. Está prohibido subir o bajar personas en los montacargas. Tal prohibición deber

estar convenientemente señalizada. Igualmente, se indicará la carga máxima admisible

de los mismos.

2. Las zonas de desembarco de los montacargas, en cada parada, estarán

adecuadamente protegidas con elementos que mantengan el hueco cerrado mientras la

plataforma no se encuentre enrasada con dicha parada. Estos elementos impedirán el

desplazamiento de la plataforma si alguno de los mismos se encontrara abierto.

3. En la parte inferior de la plataforma deberá instalarse un detector de obstáculos

conectado a un dispositivo que detenga el desplazamiento de la misma cuando

desciende, con el fin de evitar atrapamientos.

4. En la zona inferior del montacargas donde se apoya la base de su estructura

debe instalarse una protección perimetral convenientemente señalizada.

Art. L2-221. Condiciones específicas de los cabrestantes mecánicos o maquinillos.

1. Para la instalación y el uso de los cabrestantes mecánicos o maquinillos se

atenderá a las instrucciones dadas por el fabricante.

2. El operador/a del cabrestante mecánico o maquinillo deberá utilizar, en todo

momento y en función de las características del puesto de trabajo, bien un cinturón de

retención (que impida que el operador/a alcance el borde del forjado) anclado a punto fijo

y resistente, distinto del propio cabrestante, o bien un sistema anticaída.

3. En la zona inferior de carga y descarga de los cabrestantes mecánicos o

maquinillos se establecerán zonas protegidas que impidan el acceso a las mismas,

convenientemente señalizadas.

4. Durante la realización de las operaciones de transporte de cargas con los

cabrestantes mecánicos o maquinillos, se vigilará que el trayecto de recorrido de dichas

cargas esté libre de obstáculos.

5. No deben utilizarse los cabrestantes mecánicos para realizar tracciones oblicuas,

arrancar cargas adheridas u otras operaciones distintas a la función de los mismos.

6. No deben elevarse con el maquinillo cargas que superen la permitida e indicada

por el fabricante.

Sección Segunda. Maquinaria de movimiento de tierras

Art. L2-222. Disposiciones generales.

A esta maquinaria le es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre,

por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las

máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de

conformidad y manual de instrucciones.

Aquella maquinaria que, por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por

primera vez, no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, deberá estar

puesta en conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997,

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

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Por lo que refiere a la utilización de esta maquinaria, se atenderá a lo dispuesto en el

Real Decreto 1215/1997.

Art. L2-223. Condiciones generales de la maquinaria de movimiento de tierras.

La maquinaria para movimientos de tierra debe cumplir, entre otras, las siguientes

normas:

a) Deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

b) De modo concreto, deberá:

− Estar bien proyectada y construida, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible,

los principios de la ergonomía.

− Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

− Utilizarse correctamente.

c) Los conductores y personal encargado de la maquinaria para movimientos de

tierras deberán recibir una formación e información adecuada.

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las

excavaciones o en el agua.

e) Cuando sea necesario, esta maquinaria deberá estar equipada con estructuras

concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en el caso de vuelco de la

máquina, y contra la caída de objetos.

Art. L2-224. Medidas preventivas aplicables a la maquinaria de movimiento de tierras.

1. Con carácter general, la maquinaria de movimiento de tierras se utilizará y

mantendrá de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fabricante.

2. Durante la utilización de la maquinaria de movimiento de tierras deberán tenerse

en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

– La maquinaria deberá estacionarse en los lugares establecidos y debidamente

calzada cuando las circunstancias lo hagan necesario.

– Se instalarán elementos de señalización, balizamiento, etc., para advertencia de

los vehículos que circulen, así como de las personas que transiten.

– Se efectuarán los riegos necesarios para evitar la emisión de polvo que pueda

dificultar la visibilidad o generar riesgos para la salud de las personas trabajadoras.

– Se evitará que las diferentes operaciones que se realicen con las máquinas

afecten a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, o a otras conducciones.

– Las características de la maquinaria se adecuarán a la altura del frente de la

excavación.

– Con el fin de evitar colisiones, se definirán y señalizarán los recorridos de

circulación de la maquinaria

– Antes de su puesta en servicio, se comprobará el estado de los dispositivos de

frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite, etc.

– La persona que maneje la máquina estará capacitada y autorizada para su manejo

y tendrá la formación y el conocimiento sobre las medidas de seguridad en relación con

el uso de la misma.

– La maquinaria de movimiento de tierras no se utilizará como medio para el

transporte de personas, salvo que la misma disponga de asientos previstos por el

fabricante para tal fin.

– La maquinaria no se abandonará con el motor en marcha.

– No se permitirá la estancia de personas en las proximidades del radio de acción de

la maquinaria.

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Sección Tercera. Otros equipos de trabajo

Art. L2-225. Disposiciones generales de los equipos de trabajo.

A estos equipos, excepto a las herramientas manuales o sin motor, les es de

aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta

exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual

de instrucciones.

Aquellos equipos indicados en el párrafo anterior que, por su fecha de

comercialización o de puesta en servicio por primera vez, no les sea de aplicación el

referido Real Decreto 1644/2008, deberán estar puestos en conformidad, de acuerdo con

lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de

equipos de trabajo.

Por lo que refiere a la utilización de estos equipos, se atenderá a lo dispuesto en el

Real Decreto 1215/1997.

Art. L2-226. Condiciones generales aplicables a otros equipos de trabajo.

1. Con carácter general, los equipos de trabajo se instalarán, utilizarán y

mantendrán de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fabricante de los

mismos.

2. Con independencia de lo indicado en secciones anteriores respecto de equipos

de trabajo y maquinaria, el resto de los equipos de trabajo deben cumplir, entre otras, las

siguientes normas:

a) Ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

b) Los equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor deberán:

– Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo

posible, los principios de la ergonomía.

– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

– Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.

– Ser manejados por personas trabajadoras que hayan recibido formación e

información adecuada.

c) Las personas encargadas del manejo de los distintos equipos de trabajo deberán

poseer la formación adecuada a cada equipo y estar expresamente autorizados para

utilizarlos.

3. Los recambios, repuestos, etc., de los distintos equipos de trabajo se ajustarán a

las características indicadas por el fabricante.

Instalaciones de suministro y reparto de energía. Almacenamiento

de combustibles e instalaciones higiénico-sanitarias

Sección Primera. Instalaciones eléctricas

Art. L2-227. Disposiciones generales de las instalaciones eléctricas.

1. En todo caso, y a salvo de normativa específica, las instalaciones eléctricas

deberán satisfacer, entre otras, las condiciones que se señalan en los siguientes

apartados.

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2. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa

específica. Cabe citar, entre otros:

− El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

− El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión

y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

− El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus instrucciones técnicas

complementarias (ITC), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja

tensión.

− Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

3. Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o

indirecto.

4. El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las

condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan

acceso a partes de la instalación.

– El grado de protección de la aparamenta y el material utilizado en las instalaciones

eléctricas que estén a la intemperie será IP 45.

– El grado de protección proporcionado por los envolventes de los materiales

eléctricos contra los impactos mecánicos será IK 08.

5. Las instalaciones deberán verificarse y mantenerse con regularidad por personal

cualificado y autorizado.

6. Las instalaciones eléctricas existentes antes del comienzo de la obra deberán

estar localizadas, verificadas y claramente señalizadas.

7. Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la

seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la misma o dejarlas

sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los

vehículos se mantengan alejados de dichas líneas. En caso de que vehículos de la obra

tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizará una señalización de advertencia y una

protección de delimitación de altura con su correspondiente señalización de gálibo.

8. No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones a las bases de enchufe

con los terminales desnudos. A este fin se utilizará la clavija correspondiente.

Art. L2-228. Grupos electrógenos.

En el caso de utilización de grupos electrógenos, de acuerdo con el Real

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico

para baja tensión, se elaborará un proyecto de instalación redactado por personal

técnico competente, cuando la potencia de los mismos supere los 10 kilovatios.

Sección Segunda. Otras instalaciones de suministro y reparto de energía

Art. L2-229. Aparatos a presión.

1. Las instalaciones y los aparatos a presión, así como el resto de instalaciones

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se

llevarán a cabo por entidades instaladoras autorizadas.

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3. Los recambios, repuestos, y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a

las características indicadas por el fabricante.

Art. L2-230. Almacenamiento de combustibles.

1. El almacenamiento y, en su caso, la distribución de combustible deberá ajustarse

a lo dispuesto en su normativa específica.

2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se

llevarán a cabo por entidades instaladoras autorizadas.

3. Los recambios, repuestos y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a las

características indicadas por el fabricante.

4. Las zonas de almacenamiento de combustible deberán estar debidamente

señalizadas y dotadas de los medios de extinción de incendios adecuados, así como

convenientemente alejadas de otras instalaciones, especialmente de las higiénico-

sanitarias y de bienestar.

5. La zona de almacenamiento de combustibles deberá estar alejada de cualquier

emisión de fuego, chispas o calor extremo. Se deberá señalizar con la señalética

adecuada, disponiendo de un dispositivo de recogida de combustible en caso de

derrame.

6. Será obligatorio la instalación de un extractor debidamente señalizado.

Sección Tercera. Condiciones de las instalaciones higiénico-sanitarias en las obras

Art. L2-231. Condiciones generales.

1. Las obras de construcción estarán dotadas de servicios sanitarios y comunes, en

función del número de personas trabajadoras que vayan a utilizarlos. Dichas

instalaciones se irán adaptando progresivamente a medida que se incorporen las

personas trabajadoras, incluidos los de las empresas subcontratistas y trabajadores/as

autónomos/as, guardando siempre relación con el número de personas trabajadoras que

desempeñen simultáneamente tareas en la obra.

2. En aquellas obras que dispongan de estudio o estudio básico de seguridad y

salud, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 1627/1997, estas instalaciones se

definirán en el plan de seguridad y salud en el trabajo en función de lo previsto en el

correspondiente estudio o estudio básico.

3. No podrán iniciarse las obras sin haber solucionado previamente, mediante

instalaciones fijas, provisionales o módulos prefabricados, las referidas condiciones.

4. En aquellas obras condicionadas por la necesidad de una intervención rápida y

urgente, prevista o no prevista, o de escasa importancia tecnológica y económica que

requieren poco tiempo para su ejecución, o por existir imposibilidad técnica para habilitar

esta dotación, se podrán adoptar soluciones alternativas para este tipo de instalaciones.

Art. L2-232. Servicios higiénicos.

1. Cuando las personas trabajadoras tengan que llevar ropa especial de trabajo, o

se realicen trabajos sucios deberán tener a su disposición vestuarios adecuados.

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador/a poner a secar, si

fuera necesario, su ropa de trabajo. Los vestuarios estarán dotados de un sistema de

climatización que garantice el confort térmico de acuerdo con la normativa.

Cuando las circunstancias lo exijan, por presencia de sustancias peligrosas,

humedad, suciedad, la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de

calle y de los efectos personales, contando, para ello, con taquillas de doble

compartimentación.

En todo caso, cada trabajador/a deberá poder disponer de un espacio para colocar

su ropa y sus objetos personales bajo llave.

-- 116 of 214 --

2. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a

disposición de las personas trabajadoras duchas apropiadas y en número suficiente, a

razón de una por cada 10 personas trabajadoras o fracción que desarrollen actividades

simultáneamente en la obra.

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier

persona se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas

deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.

Así mismo se instalarán lavabos, uno por cada 10 personas trabajadoras o fracción

que desarrollen actividades simultáneamente en la obra, con agua corriente, caliente, si

fuese necesario.

Igualmente se instalarán retretes, uno por cada 25 personas trabajadoras o fracción

que desarrollen actividades simultáneamente en la obra.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación

entre unos y otros deberá ser fácil.

3. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y

mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.

Art. L2-233. Locales de descanso o de alojamiento en las obras.

1. Cuando lo exijan la seguridad o la salud de las personas trabajadoras, en

particular debido al tipo de actividad o al número de personas trabajadoras, y por motivos

de alejamiento de la obra, aquéllos deberán poder disponer de locales de descanso y, en

su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.

2. Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo

acorde con el número de personas trabajadoras.

3. Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del

personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción

del trabajo.

4. Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios

higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de

esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y

sillas con respaldo acordes al número de personas trabajadoras, y se deberá tener en

cuenta, en su caso y para su asignación, la presencia de personas trabajadoras de

ambos sexos.

5. En las obras las personas trabajadoras deberán disponer de instalaciones para

comer y, en su caso, preparar y almacenar la comida en condiciones de seguridad y

salud. Estas instalaciones se adecuarán al número de personas trabajadoras que vayan

a utilizarlas. Las mismas estarán dotadas de hornos calienta comida, ventilación

suficiente, calefacción y condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Art. L2-234. Primeros auxilios.

1. Será responsabilidad de la empresa garantizar que los primeros auxilios puedan

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo,

deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de que puedan recibir

cuidados médicos las personas trabajadoras accidentadas o afectadas por una

indisposición repentina.

2. La empresa establecerá en sus medidas de emergencia los procedimientos

relativos a la organización de los primeros auxilios, lucha contra incendios, así como

evacuación y traslado de los posibles accidentados. Dichas medidas deben ser

conocidas por todas las personas cuya participación se prevea para el desarrollo de las

mismas.

3. Cuando el número de personas trabajadoras en una obra supere los 50 se

dispondrá de locales destinados a primeros auxilios y otras posibles atenciones

sanitarias.

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4. En el caso de ser necesarios locales para primeros auxilios, éstos deberán

disponer, como mínimo, de: un botiquín, una camilla, agua potable y de otros materiales

en función de la existencia de riesgos específicos.

5. Las obras de extensión lineal estarán dotadas, al menos, de botiquines portátiles

ubicados en los lugares de trabajo más significativos o de elevada concentración de

personas trabajadoras.

6. En todas las obras existirá personal con conocimientos en primeros auxilios.

Además, en todos los centros de trabajo cuyo número de personas trabajadoras sea

superior a 250, deberá figurar al frente del botiquín de obras un/a ayudante técnico sanitario.

7. Igualmente, se dispondrá, en un lugar visible, información en la que se haga

constar el centro sanitario más próximo a la obra, así como el recorrido más

recomendable para acceder a dicho centro y cuantos teléfonos sean necesarios en caso

de urgencia. En las obras de carácter lineal esta información estará disponible,

igualmente, en los lugares de trabajo más significativos.

Art. L2-235. Suministro de agua.

En la obra, las personas trabajadoras deberán disponer de agua potable en cantidad

suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

Art. L2-236. Visitas a las obras.

En previsión de las visitas que realicen a las obras personas ajenas a las mismas o

que no prestan servicios con carácter habitual en ellas (personal técnico o dirección

facultativa, inspectores/as y visitantes de organismos oficiales, etc.) deberá disponerse

de una dotación de los equipos de protección individual necesarios en cada caso, y que

estarán obligados a utilizar mientras permanezcan en la obra.

Art. L2-237. Disposiciones varias.

1. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de

manera que sean claramente visibles e identificables y que impidan el paso a terceros.

2. El servicio de agua se organizará mediante grifos de agua corriente, máquinas

expendedoras gratuitas, fuentes o surtidores de agua o en recipientes limpios en calidad

suficiente y en perfectas condiciones de higiene.

3. En los trabajos que se hagan en descampado, las empresas construirán

barracones y cobertizos para la protección del personal en caso de lluvia. Asimismo, se

dispondrá de toldos que resguarden al personal de las inclemencias del tiempo.

4. Aquellos trabajos en los que por sus características se genere mucha suciedad,

tales como, por ejemplo: alquitranado de carreteras, reparación y mantenimiento de

equipos y maquinaria, etc., y se origine un mayor deterioro de las prendas de trabajo, se

repondrán estas cuando sea necesario, con independencia de la fecha de entrega y de

la duración media prevista en los respectivos convenios.

TÍTULO V

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las canteras, areneras,

graveras y la explotación de tierras industriales

Art. L2-238. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las canteras,

areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.

Además de aplicar todos aquellos aspectos que en el Título IV de este Libro II del

Convenio se pudieran emplear en las canteras, areneras, graveras y explotaciones de tierras

industriales, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1389/1997, por el que se aprueban

las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores

en las actividades mineras, así como en la normativa específica que lo desarrolla.

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TÍTULO VI

Vigilancia de la salud

Art. L2-239. Vigilancia de la salud.

En los reconocimientos médicos que se realicen a las personas trabajadoras sujetas

a este Convenio general serán de obligado cumplimiento los protocolos médicos

editados por el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, o, en su caso, el

ministerio que tenga atribuidas las competencias correspondientes en esta materia, de

acuerdo a los riesgos específicos de cada puesto de trabajo.

Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción

Art. L3-240. Reglamento de Especificaciones del Plan de Pensiones de Empleo

Simplificado del Sector de la Construcción.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del presente Convenio general se

incorpora como Libro Tercero del presente Convenio el Reglamento de Especificaciones

del Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción, aprobado

por la Comisión Promotora del Plan de Pensiones del Sector de la Construcción el 19 de

junio de 2023, cuyo texto se inserta a continuación:

TÍTULO PRELIMINAR

Art. L3-1. Objeto.

El presente Reglamento de Especificaciones tiene por objeto regular las condiciones

del Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción, sin

perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera del presente Reglamento

de Especificaciones.

Art. L3-2. Definiciones.

A efectos del presente Reglamento de Especificaciones se entiende por:

a) «Plan de Pensiones o Plan», es el Plan de Pensiones de Empleo Simplificado

del Sector de la Construcción que instrumenta los compromisos por pensiones

establecidos en el Libro Tercero del Convenio Colectivo General del Sector de la

Construcción regulado en el presente Reglamento de Especificaciones y establecido al

amparo y de conformidad con el Capítulo XII del texto refundido de la Ley de Regulación

de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002,

de 29 de noviembre, y disposiciones complementarias, de desarrollo y concordantes.

b) «Entidades Promotoras», son todas y cada una de las empresas, ya sean

personas jurídicas o personas físicas, que, estando incluidas en el ámbito del Convenio

Colectivo General del Sector de la Construcción queden adheridas al Plan de Pensiones

de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción.

Las personas trabajadoras autónomas a las que les sea de aplicación el Convenio

Colectivo General del Sector de la Construcción, así como aquellas que no den

ocupación a personas trabajadoras por cuenta ajena pero que su actividad económica se

enmarque dentro de los códigos de actividad CNAE de la Construcción, podrán adherirse

voluntariamente como Entidades Promotoras del presente Plan de Pensiones de Empleo

Simplificado del Sector de la Construcción.

c) «Partícipe» o "Partícipe en activo», es toda persona física vinculada

laboralmente con cualesquiera de las Entidades Promotoras desde su incorporación al

-- 119 of 214 --

Plan y mientras mantiene la condición de tal conforme a las presentes Especificaciones.

Asimismo, lo son las personas trabajadoras autónomas adheridas voluntariamente al

Plan de Pensiones siempre que efectúen aportaciones al mismo. El acogimiento como

Partícipes al Plan de Pensiones se realizará por las Entidades Promotoras que se

adhieran al mismo a favor de las personas trabajadoras a las que es de aplicación el

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. Si las Entidades Promotoras

aplican, por razones específicas, otro u otros convenios colectivos a sus personas

trabajadoras, tal condición de Partícipe y el régimen de contribuciones y aportaciones

acordado en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y en el

presente Reglamento de Especificaciones se aplicará únicamente para las personas

trabajadoras incluidas dentro de su ámbito de aplicación.

d) «Partícipe en Suspenso», es el Partícipe por el que ha cesado la Entidad

Promotora en la realización de contribuciones, pero que mantiene sus Derechos

Consolidados dentro del Plan.

e) «Beneficiario», es toda persona física, haya sido o no Partícipe, incluida la

persona trabajadora autónoma que haya sido Partícipe, con derecho causado a alguna

de las prestaciones del Plan, desde que adquiere y mientras mantiene tal condición

conforme al presente Reglamento de Especificaciones.

f) «Contribuciones de las Entidades Promotoras», son las cantidades aportadas por

cada Entidad Promotora, conforme a lo establecido en el presente Reglamento de

Especificaciones.

g) «Aportaciones del Partícipe», son las cantidades aportadas por los Partícipes,

conforme a lo establecido en el presente Reglamento de Especificaciones.

h) «Fondo de Pensiones o Fondo», es el Fondo en el que se integra el Plan de

Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción conforme a lo

establecido en el presente Reglamento de Especificaciones.

i) «Gestora o Entidad Gestora», es la entidad encargada de la administración y

gestión del Fondo de Pensiones en el que se integre el presente Plan de Pensiones.

j) «Depositario o Entidad Depositaria», es la entidad financiera encargada de la

custodia y depósito de los valores mobiliarios y demás activos financieros integrados en

el Fondo de Pensiones, así como de la realización de cuantas otras funciones tuviese

encomendadas por la normativa de aplicación.

k) «Cuenta de Posición del Plan», es la cuenta del Plan dentro del Fondo de

Pensiones que recoge las contribuciones y aportaciones, bienes y derechos

correspondientes al Plan, así como las rentas de las inversiones del Fondo de Pensiones

atribuibles al Plan, deducidos los gastos que le sean imputables. Con cargo a dicha

cuenta se atenderá el cumplimiento de las prestaciones derivadas de la ejecución del

mismo.

l) «Derechos Consolidados», es la cuota parte del Fondo de Capitalización que

corresponda al Partícipe y al Partícipe en Suspenso en función de las contribuciones y

aportaciones, directas e imputadas, y las rentas generadas por los recursos invertidos,

atendiendo, en su caso, a los quebrantos y gastos que se hayan producido.

m) «Fondo de capitalización», es el Fondo en el que se integran todas las

contribuciones y aportaciones al Plan de Pensiones, y también se integrarán los

resultados de las inversiones correspondientes, una vez deducidos los quebrantos y

gastos que le sean imputables al Plan. El valor del Fondo de capitalización se calculará

diariamente por la Entidad Gestora del Fondo de Pensiones.

n) «Anexo de cada Entidad Promotora y persona trabajadora autónoma», es el

Anexo normalizado por cada Entidad Promotora y persona trabajadora autónoma del

Plan de Pensiones de Empleo Simplificado integrada en el mismo que, en su caso,

contendrá las condiciones particulares relativas al ámbito personal, régimen de

prestaciones y las contribuciones de dicha Entidad Promotora y persona trabajadora

autónoma, sin que los Anexos puedan contener cláusulas o estipulaciones que dejen sin

efecto o modifiquen alguna de las condiciones generales contenidas en el presente

Reglamento de Especificaciones.

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o) «Comisión de Control del Plan o Comisión de Control», es el órgano que

supervisa el cumplimiento y funcionamiento del Plan de Pensiones.

TÍTULO I

Normas generales

Art. L3-3. Denominación, objeto y régimen jurídico del Plan de Pensiones.

1. El presente Reglamento de Especificaciones regula el Plan de Pensiones de

Empleo Simplificado que se constituye bajo la denominación de «Plan de Pensiones de

Empleo Simplificado del Sector de la Construcción», al objeto de articular un sistema de

prestaciones sociales complementarias, en interés de los Partícipes, Partícipes en

Suspenso y a favor de quienes reúnan la condición de Beneficiarios del mismo.

2. El Plan de Pensiones define los derechos y obligaciones de las personas en

cuyo interés se crea y de las que participan en su constitución y desarrollo, así como los

mecanismos para la articulación de aquéllos.

3. Este Plan se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento de

Especificaciones, sus Anexos, el texto refundido de la Ley de regulación de los Planes y

Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de

noviembre, y demás disposiciones complementarias, de desarrollo y concordantes, que

le sean de aplicación, así como por lo establecido en el Convenio Colectivo General del

Sector de la Construcción que puedan afectarle.

Art. L3-4. Sistema y modalidad.

El Plan de Pensiones pertenece a la modalidad de Plan de Pensiones de Empleo

Simplificado en razón de los sujetos constituyentes y, en razón de las obligaciones

estipuladas, se califica como de Aportación Definida.

Art. L3-5. Entrada en vigor y duración.

1. En cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo General del Sector

de la Construcción, se promueve la constitución del Plan de Pensiones de Empleo

Simplificado del Sector de la Construcción, que entrará en vigor el día de su integración

en el Fondo de Pensiones de Empleo.

2. La duración del Plan es indefinida, sin perjuicio de lo establecido en el presente

Reglamento de Especificaciones para los supuestos de terminación y liquidación del

Plan, y de lo que se disponga en el Convenio Colectivo General del Sector de la

Construcción.

TÍTULO II

Elementos personales

Art. L3-6. Definición de los elementos personales.

Las Entidades Promotoras, los Partícipes, los Partícipes en Suspenso y los

Beneficiarios son los elementos personales de este Plan.

-- 121 of 214 --

De las Entidades Promotoras

Art. L3-7. Entidades Promotoras del Plan.

1. Las Entidades Promotoras del presente Plan de Pensiones son todas aquellas

empresas que estén dentro del ámbito del Convenio Colectivo General del Sector de la

Construcción.

2. La adhesión de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio

Colectivo General del Sector de la Construcción es obligatoria.

3. Sin perjuicio de lo anterior, si el Convenio Colectivo General del Sector de la

Construcción lo prevé, las empresas del sector pueden no adherirse al Plan en el caso

de formalizar su propio Plan de Pensiones de empleo, que en ningún caso podrá ser de

inferiores condiciones al presente Plan de Pensiones.

4. En los correspondientes Anexos del presente Reglamento de Especificaciones,

cada Entidad Promotora podrá mejorar el importe correspondiente a las contribuciones

empresariales acordadas en el Convenio Colectivo General del Sector de la

Construcción.

5. Las personas trabajadoras autónomas a las que les sea de aplicación el

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, así como aquellas que no

den ocupación a personas trabajadoras por cuenta ajena pero que su actividad

económica se enmarque dentro de los códigos de actividad CNAE de la Construcción,

podrán adherirse al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la

Construcción; producida la adhesión, tendrán la consideración de Entidades Promotoras

y Partícipes del Plan.

Art. L3-8. Alta de una Entidad Promotora o persona trabajadora autónoma.

La incorporación, que es obligatoria para las Entidades Promotoras conforme al

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, o la adhesión de personas

trabajadoras autónomas, requerirá la remisión del Anexo correspondiente a la Entidad

Gestora.

Art. L3-9. Derechos de cada Entidad Promotora.

Corresponden a cada Entidad Promotora los siguientes derechos:

a) Recibir por parte de los Partícipes y Partícipes en Suspenso sus datos

personales y familiares, para determinar, siempre que sea necesario para su cálculo, las

contribuciones al Plan.

b) Participar en la Comisión de Control del Plan, a través de los miembros que

representan al conjunto de las Entidades Promotoras, en los términos expresados en

este Reglamento de Especificaciones y en el Convenio Colectivo General del Sector de

la Construcción.

c) Ser informada de la evolución financiera del Plan de Pensiones.

d) Ejercer los restantes derechos establecidos en el presente Reglamento de

Especificaciones, en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y en la

legislación sobre Planes y Fondos de Pensiones.

Art. L3-10. Obligaciones de cada Entidad Promotora.

Cada Entidad Promotora estará obligada a:

a) Efectuar el desembolso de las contribuciones establecidas, en la cuantía, forma

y plazos previstos en este Reglamento de Especificaciones y en el Convenio Colectivo

General del Sector de la Construcción.

-- 122 of 214 --

b) Facilitar los datos que, sobre los Partícipes y Partícipes en Suspenso y, en su

caso, los Beneficiarios, le sean requeridos por la Comisión de Control o la Entidad

Gestora, y sean estrictamente necesarios al objeto de realizar sus funciones en materia

de derechos y obligaciones prestacionales de supervisión y control, preservándose por

éstas, en cualquier caso, el carácter confidencial de dichos datos, conforme a lo previsto

en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

c) Las demás obligaciones reguladas en el presente Reglamento de

Especificaciones, en la normativa vigente, y en el Convenio Colectivo General del Sector

de la Construcción.

Art. L3-11. Separación de una Entidad Promotora.

La separación de una Entidad Promotora del Plan de Pensiones tendrá lugar en los

siguientes casos:

a) Cuando, como resultado de operaciones societarias, modificación del objeto

social u otras causas legales la Entidad Promotora pase a dejar de encontrarse dentro

del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y

no se adopte una decisión expresa en contra de su separación en el seno de la Comisión

de Control del Plan.

b) Cuando, si así lo permitiera el Convenio Colectivo General del Sector de la

Construcción, acuerde la promoción de su propio Plan de Pensiones de empleo, que en

ningún caso podrá ser de inferiores condiciones al Plan de Pensiones de Empleo

Simplificado del Sector de la Construcción.

c) En el caso de que alguna de las causas de terminación de los Planes de

Pensiones establecidas en la normativa de Planes y Fondos de Pensiones afecte

exclusivamente a una Entidad Promotora del Plan.

d) Por el cese definitivo de la actividad de la Entidad Promotora.

e) Por la extinción de la Entidad Promotora.

f) Por la adhesión de la Entidad Promotora a los instrumentos propios de previsión

social de las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de

mutualidades no integradas en la Seguridad Social.

En los casos previstos en las letras b) y f), la separación dará lugar al traslado de los

Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios correspondientes de la Entidad

Promotora afectada y de sus derechos a otro Plan de Pensiones de empleo o Plan de

Previsión Social Empresarial promovido por aquélla o por la resultante o resultantes de

operaciones societarias. El traslado de elementos personales y derechos se efectuará en

el plazo de dos meses a contar desde que se acredite ante la Comisión de Control la

integración referida.

La separación no dará lugar a descuento o penalización alguna sobre los derechos

económicos de los Partícipes y Beneficiarias afectados.

De los Partícipes

Art. L3-12. Los Partícipes.

Accederá a la condición de Partícipe la totalidad del personal empleado por cada

Entidad Promotora al que le sea de aplicación el Convenio Colectivo General del Sector

de la Construcción. Tiene la consideración de personal empleado el personal vinculado

con dichas Entidades Promotoras por una relación laboral conforme a la legislación

española de trabajo y el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

También accederá a la condición de Partícipe la persona trabajadora autónoma

adherida al presente Plan de Pensiones.

-- 123 of 214 --

Art. L3-13. Alta de un Partícipe en el Plan.

1. Toda persona empleada se entenderá adherida directamente al Plan, sin período

de carencia alguno, aceptando cuantas estipulaciones se contienen en las presentes

Especificaciones y los derechos y obligaciones que se derivan de las mismas.

2. Ninguna persona trabajadora que reúna los requisitos exigidos para ser Partícipe

podrá ser discriminada en el acceso al Plan.

3. Para las personas trabajadoras autónomas se requerirá la correspondiente

solicitud conforme al modelo que apruebe la Comisión de Control del Plan de Pensiones.

4. Para las personas trabajadoras que se incorporen a alguna de las Entidades

Promotoras después de la formalización del Plan de Pensiones, su fecha de alta en el

mismo se producirá con efectos de su respectiva fecha de ingreso en la empresa.

Las personas trabajadoras cumplimentarán y firmarán el Boletín de Datos Personales

de forma simultánea a la suscripción de su contrato de trabajo, sin que la no suscripción

de este documento, impida su incorporación como Partícipe al Plan de Pensiones.

5. Cada Entidad Promotora pondrá en conocimiento de la Entidad Gestora del

Fondo, mensualmente, el número de las nuevas contrataciones que se produzcan en

dicho período.

6. Con ocasión de su incorporación al Plan, se pondrá a disposición de los

Partícipes el Certificado de Pertenencia al Plan. Asimismo, se pondrán a su disposición

por medios electrónicos las presentes Especificaciones y sus correspondientes Anexos,

la Declaración de los principios de la política de inversión del Fondo de Pensiones, el

Documento de información general sobre el Plan de Pensiones, la Declaración de la

estrategia a largo plazo del Fondo, la Declaración de las prestaciones de pensión, la

Política de implicación del Fondo y cuanta otra documentación se establezca por la

legislación vigente. Dicha información únicamente se entregará en formato impreso a

petición expresa del Partícipe.

7. En el Boletín de Comunicación/Modificación de Datos Personales se harán

constar, al menos, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, D.N.I., fecha de nacimiento, estado civil y domicilio del

Partícipe.

b) Entidad Promotora a la que pertenece.

c) Fecha y firma del Partícipe.

8. El partícipe deberá cumplimentar nuevos Boletines cuando se produzcan

alteraciones posteriores de datos previamente comunicados. Entre tanto no se produzca

la rectificación de los datos comunicados, estos serán los que tome en consideración el

Plan de Pensiones a todos los efectos, quedando exonerado de cualquier

responsabilidad que pudiera derivarse o traer causa del incumplimiento de esta

obligación por el Partícipe.

Art. L3-14. Baja de los Partícipes.

La condición de Partícipe se pierde:

a) Por la separación de su Entidad Promotora del Plan de Pensiones.

b) Por la decisión de la persona trabajadora autónoma de causar baja como

Partícipe.

c) Por la extinción de la relación laboral.

d) Por la efectiva movilización de la totalidad de los Derechos Consolidados a otros

Planes de Pensiones de empleo, en los términos y con las excepciones que se

determinen reglamentariamente, una vez producida la extinción de la relación laboral con

su Entidad promotora.

e) Por adquirir la condición de Partícipe en Suspenso.

f) Por adquirir la condición de Beneficiario, no derivada de otros Partícipes.

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g) Por haberse producido el hecho causante de alguna de las contingencias

previstas en el presente Reglamento de Especificaciones.

h) Por fallecimiento del partícipe.

i) Por jubilación.

j) Por terminación y liquidación del Plan, procediéndose según se establece en los

artículos 43 y 44 del presente Reglamento de Especificaciones.

k) Por serle de aplicación un convenio colectivo provincial que haya optado por

adherirse a los instrumentos propios de previsión social de las Comunidades Autónomas

con competencia exclusiva en materia de mutualidades no integradas en la Seguridad

Social, o por haber efectuado dicha opción de adhesión su Entidad Promotora.

Art. L3-15. Derechos de los Partícipes.

1. Los Derechos Económicos de los Partícipes son:

a) Que sean efectuadas las contribuciones obligatorias por su Entidad Promotora

conforme con lo previsto en el Anexo de dicha Entidad, o las aportaciones por la persona

trabajadora autónoma.

b) Realizar, dentro de los límites legalmente establecidos, aportaciones voluntarias

al Plan de Pensiones siempre que no determinen la obligación para su Entidad

Promotora de efectuar contribuciones adicionales a las previstas en la letra anterior, o,

de implicar hacerlas, que la Entidad Promotora dé su consentimiento expreso,

debiéndoselo comunicar ésta al Partícipe de forma escrita.

c) La titularidad sobre los Derechos Consolidados que le correspondan conforme al

presente Reglamento de Especificaciones y a las disposiciones generales aplicables.

d) Causar derecho a la prestación del Plan en los casos y circunstancias previstos

en este Reglamento de Especificaciones.

e) Hacer efectivos los Derechos Consolidados en los supuestos de desempleo de

larga duración, de conformidad con el artículo 31.2 del presente Reglamento de

Especificaciones.

f) Mantener sus Derechos Consolidados en el Plan, con la condición de Partícipe

en suspenso, en las situaciones previstas en el presente Reglamento de

Especificaciones.

g) Movilizar sus Derechos Consolidados en el Plan en las situaciones previstas en

el presente Reglamento de Especificaciones.

h) Integrar en el Fondo los Derechos Consolidados que sean movilizados desde

otros Planes que tenga el Partícipe.

i) Otros derechos que se reconozcan en el Convenio Colectivo General del Sector

de la Construcción.

2. Los Derechos de Información de los Partícipes son:

a) Solicitar y recibir un certificado individual de pertenencia al Plan por parte de la

Entidad Gestora en el momento de causar alta en el Plan, que en ningún caso será

transmisible.

b) Tener a su disposición el presente Reglamento de Especificaciones y sus

correspondientes Anexos, la Declaración de los principios de la política de inversión del

Fondo de Pensiones, el Documento de información general sobre el Plan de Pensiones,

la Declaración de la estrategia a largo plazo del Fondo, la Declaración de las

prestaciones de pensión y la Política de implicación del Fondo

c) Recibir de la Entidad Gestora de Fondo, al menos con carácter trimestral,

información sobre:

− La evolución y situación de sus Derechos Consolidados en el Plan.

− Extremos que pudieran afectarles, especialmente las modificaciones normativas,

cambios del presente Reglamento de Especificaciones, de las normas de funcionamiento

-- 125 of 214 --

del Fondo de Pensiones o de su política de inversiones, y de las comisiones de gestión y

depósito.

− Estado-resumen de la evolución y situación de los activos del Fondo de Pensiones,

los costes y la rentabilidad obtenida, informando, en su caso, sobre la contratación de la

gestión con terceras entidades.

− Totalidad de los gastos del Fondo de Pensiones, en la parte que sean imputables al

Plan, expresados en porcentaje sobre la cuenta de posición del Plan en el Fondo.

− Operaciones vinculadas que, en su caso, se hayan realizado, identificación de las

mismas y declaración expresa de haberse efectuado en interés exclusivo del Fondo de

Pensiones y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado, todo ello

de conformidad con el informe que haya emitido la comisión o el órgano interno de la

Entidad Gestora a quien se encomiende esta función.

− Procedimientos adoptados por la Entidad Gestora para evitar conflictos de interés y

sobre las operaciones vinculadas realizadas en la forma y con el detalle que la Ley del

Mercado de Valores y su normativa de desarrollo determinen.

− Tipo exacto de relación que vincula a la Entidad Gestora con la Entidad

Depositaria, tomando como referencia, en su caso, la enumeración de circunstancias

contenidas en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

d) Recibir de la Entidad Gestora del Fondo durante el primer cuatrimestre de cada

año natural una certificación, referida a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior,

con concreción de las contribuciones efectuadas por su Entidad Promotora y de las

aportaciones directas realizadas por él directamente y sobre el valor de sus Derechos

Consolidados a esa fecha, todo ello según lo establecido en el Reglamento de Planes y

Fondos de Pensiones. La referida certificación deberá contener un resumen sobre la

determinación de las contingencias cubiertas, el destino de las aportaciones, las reglas

de incompatibilidad sobre aquéllas y el deber de comunicación del acaecimiento de las

contingencias, así como, por último, indicación de las formas de cobro.

En su caso, la certificación indicará la cuantía de los excesos de aportación de la

persona Partícipe advertidas sobre los máximos establecidos y el deber de comunicar el

medio para el abono de la devolución.

e) Tener a disposición información de los acuerdos más importantes de la Comisión

de Control del Plan, a juicio de la misma, así como otra información que se considere de

interés y cambios que se realicen en el propio Reglamento de Especificaciones.

f) Recibir con carácter semestral por parte de la Entidad Gestora información sobre

la evolución y situación de sus Derechos Consolidados y económicos en el Plan.

Asimismo, la Entidad Gestora deberá poner a disposición de los Partícipes, al menos con

carácter trimestral, la citada información.

g) Recibir información sobre las modificaciones normativas, cambios que se

realicen en el presente Reglamento de Especificaciones, en las Normas de

funcionamiento del Fondo de Pensiones al que se encuentra adscrito el Plan, o de su

política de inversiones y de las comisiones de gestión o depósito, todo ello tan pronto se

hayan aprobado o producido los citados cambios.

Con carácter general, la información periódica prevista se facilitará a los Partícipes y

Beneficiarios de forma gratuita por medios electrónicos, incluidos un soporte duradero o

un sitio web, así como, en cuanto proceda, se entregará en formato impreso a petición

expresa del Partícipe.

3. Los Derechos Políticos de los Partícipes son:

a) Participar en el desenvolvimiento del Plan a través de sus representantes en la

Comisión de Control.

b) Realizar por escrito a la Comisión de Control del Plan las consultas, sugerencias,

reclamaciones y aclaraciones que crea convenientes sobre el funcionamiento del Plan.

c) Los demás derechos regulados en el presente Reglamento de Especificaciones y

los que sean de imperativa aplicación de acuerdo con la normativa vigente.

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Art. L3-16. Obligaciones de los Partícipes.

Corresponden a los Partícipes del Plan las siguientes obligaciones:

a) Cumplimentar el Boletín de datos personales y de designación de Beneficiarios,

así como comunicar por escrito a la Entidad Gestora o, en su caso, a su Entidad

Promotora para trasladarlo a aquélla, las circunstancias personales y familiares que les

sean requeridas para determinar las contribuciones que en cada momento deban

realizarse por los mismos o la prestación que se haya devengado. Asimismo, deberán

comunicar cualquier modificación que se produzca en dichos datos. En cualquier caso,

se garantizará la absoluta confidencialidad de dichos datos. Las comunicaciones a las

que se refiere esta letra se efectuarán en el plazo máximo de siete días naturales.

El incumplimiento de este requerimiento por parte del Partícipe implicará su

responsabilidad sobre los hechos que se deriven de la falta de comunicación en el plazo

indicado.

b) Permitir a la Entidad Promotora la entrega de datos que sobre los Partícipes

resulten necesarios a la Entidad Gestora para el desarrollo de sus funciones.

c) Comunicar las contingencias y aportar la documentación necesaria para el

percibo de las prestaciones, conforme al presente Reglamento de Especificaciones.

d) Cumplir las normas establecidas en el presente Reglamento de

Especificaciones, en las demás disposiciones normativas vigentes en la materia y

cualesquiera otras que la Comisión de Control, en uso de sus reglamentarias

atribuciones, acuerde.

De los Partícipes en Suspenso

Art. L3-17. Partícipes en Suspenso.

1. Tendrán la consideración de Partícipes en Suspenso aquellos Partícipes que,

habiéndose suspendido la obligación de su Entidad Promotora de seguir realizando

contribuciones a su favor conforme a este Reglamento de Especificaciones, mantienen

dentro del Plan sus Derechos Consolidados.

En su caso, el derecho del Partícipe en Suspenso a percibir la prestación procedente

del Plan con cargo a sus Derechos Consolidados mantenidos dentro del mismo se

ajustará a lo dispuesto en el artículo 20 del presente Reglamento de Especificaciones.

2. La Entidad Promotora dejará de efectuar sus contribuciones en los siguientes

casos:

a) Por extinción de la relación laboral del Partícipe con su Entidad Promotora

b) Cuando el Partícipe se encuentre en situación de excedencia o tenga

suspendida temporalmente su relación laboral con la Entidad Promotora por alguna de

las causas legalmente previstas, excepto en los supuestos previstos en el apartado 3

siguiente.

c) Cuando el Partícipe manifieste su voluntad expresa de suspensión de las

aportaciones y de sus consiguientes imputaciones fiscales.

3. No se interrumpirán las contribuciones de la Entidad Promotora a favor de los

Partícipes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, además de las

excepciones recogidas en el artículo 29 del presente Reglamento de Especificaciones:

a) Nacimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un

menor de nueve meses de la mujer trabajadora, adopción y guarda con fines de

adopción o acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las

Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un

año, de menores de seis años, o mayores de dicha edad con discapacidad o que por sus

-- 127 of 214 --

circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales

dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios

sociales competentes.

b) Durante la reducción de jornada en los supuestos regulados en el artículo 37.6

del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

c) Incapacidad temporal del Partícipe derivada de enfermedad profesional y

accidente laboral durante el período que dure esta situación.

d) Incapacidad temporal del Partícipe derivada de enfermedad común y accidente

no laboral, siempre que sea necesaria la hospitalización, durante el período de

hospitalización y los sesenta días siguientes, siempre que continúe en situación de

incapacidad temporal.

e) Cierre del centro de trabajo cuando concurran las circunstancias que se indican

en el artículo 12 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de

trabajo, siempre que la reapertura del mismo lo haya sido a requerimiento de la

Autoridad Laboral y, en todo caso, con una duración máxima de 15 días.

4. Cuando el Partícipe en Suspenso deje de estarlo se le realizarán en adelante las

correspondientes contribuciones por su Entidad Promotora, sin tener derecho a

contribuciones retroactivas, y ostentará su derecho respecto de la contingencia, con las

limitaciones generales previstas en el presente Reglamento de Especificaciones.

Art. L3-18. Pérdida de la condición de Partícipe en Suspenso.

Un Partícipe en Suspenso del Plan causará baja, en tal situación, por alguna de las

causas siguientes:

a) Por la separación de su Entidad Promotora del Plan de Pensiones.

b) Por extinción de la relación laboral con su Entidad Promotora por causa distinta

de la contingencia que da lugar a prestación conforme a este Reglamento de

Especificaciones y subsiguiente movilización de los Derechos Consolidados.

c) Por adquirir de nuevo la condición de Partícipe pleno del Plan de Pensiones.

d) Por haberse producido el hecho causante de la prestación prevista en el

presente Reglamento de Especificaciones.

e) Por pasar a la situación de Beneficiario, no derivada de otros Partícipes.

f) Por fallecimiento.

g) Por terminación y liquidación del Plan, procediéndose según se establece en los

artículos 43 y 44 del presente Reglamento de Especificaciones.

Art. L3-19. Derechos y Obligaciones de los Partícipes en Suspenso.

1. Los derechos y obligaciones de los Partícipes en Suspenso serán los mismos

que los del resto de Partícipes, salvo en cuanto al derecho de recibir contribuciones por

parte de su Entidad Promotora, pudiendo, no obstante, realizar aportaciones voluntarias

al Plan.

2. Los Partícipes en Suspenso tienen derecho a restablecer su situación en el Plan

una vez que cese la causa que originó la suspensión.

Art. L3-20. Conservación de Derechos Consolidados por los Partícipes en Suspenso.

En el momento de la extinción de la relación laboral con la Entidad Promotora, el

Partícipe en Suspenso podrá proceder a la movilización de sus Derechos Consolidados

en los términos indicados en el artículo 32.

Si los Derechos Consolidados del Partícipe en Suspenso, calculados en el momento

de la suspensión conforme al artículo 31 de este Reglamento de Especificaciones, se

mantienen en el Fondo de Capitalización constituido, dichos Derechos Consolidados se

verán ajustados por los resultados positivos o negativos que les correspondan durante

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los ejercicios de su mantenimiento en el Plan, siendo su importe en cada momento la

cuota parte del Fondo de Capitalización que corresponda al Partícipe en Suspenso en

función de los Derechos Consolidados que tenía en el momento de la suspensión más

los rendimientos generados por los recursos invertidos, atendiendo, en su caso, a los

quebrantos y gastos que se hayan producido.

De los Beneficiarios

Art. L3-21. Beneficiarios.

1. Será Beneficiario del Plan, por las contingencias de jubilación e incapacidad

permanente, la persona física que en el momento de la producción del hecho causante

ostente la condición de Partícipe o Partícipe en suspenso según el presente Reglamento

de Especificaciones, aún cuando no haya comunicado expresamente su acaecimiento o

no haya solicitado la prestación correspondiente.

2. En el caso de la contingencia de fallecimiento de un Partícipe o un Beneficiario

tendrá la condición de Beneficiario la persona o las personas que haya designado

expresamente el mismo y en la proporción indicada por el mismo; si no se indica

proporción, habiendo más de un Beneficiario, se entenderá que lo son a partes iguales.

En defecto de designación expresa será Beneficiario, en orden excluyente, el cónyuge

superviviente constante matrimonio o pareja de hecho según lo establecido por el

régimen de la Seguridad Social aplicable en lo relativo a la pensión de viudedad, en el

momento del fallecimiento del Partícipe, los hijos del Partícipe a partes iguales y los

demás herederos legales en proporción a su parte en la herencia. En defecto de todos

ellos, el propio Plan de Pensiones.

Art. L3-22. Baja de los Beneficiarios.

Un Beneficiario causará baja en el Plan:

a) Por recibir la prestación que le corresponda según el presente Reglamento de

Especificaciones en forma de capital.

b) Por agotar la percepción de la prestación en forma de renta financiera, en su

caso.

c) Por fallecimiento.

d) Por terminación y liquidación del Plan, procediéndose según se establece en los

artículos 43 y 44 del presente Reglamento de Especificaciones.

Art. L3-23. Derechos de los Beneficiarios.

1. Son Derechos Económicos de los Beneficiarios:

a) Percibir la prestación derivada del Plan cuando se produzca el hecho causante,

en el plazo y forma estipulada en el presente Reglamento de Especificaciones, previa

entrega de la documentación solicitada.

b) Ostentar la titularidad de los recursos patrimoniales afectos al Plan, en función

de sus derechos económicos.

2. Son Derechos de Información de los Beneficiarios:

a) Recibir durante el primer cuatrimestre de cada año natural, certificación de la

Entidad Gestora, referida al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, con

especificación del valor de sus Derechos Económicos y de las cantidades percibidas

durante el año y, en su caso, de las retenciones practicadas.

-- 129 of 214 --

b) Solicitar a la Entidad Gestora del Fondo de Pensiones en el que el Plan esté

integrado que se les expida un certificado individual de pertenencia al Plan, que en

ningún caso será transmisible.

c) Recibir, de la Entidad Gestora del Fondo de Pensiones, una vez producida y

comunicada la contingencia por el Beneficiario, información apropiada sobre la

prestación y sus posibles reversiones, sobre las opciones de cobro correspondientes, y

respecto del grado de garantía o de riesgo por cuenta del Beneficiario.

d) Recibir con carácter semestral por parte de la Entidad Gestora información sobre

la evolución y situación de sus Derechos Consolidados y económicos en el Plan.

Asimismo, la Entidad Gestora deberá poner a disposición de los Beneficiarios del Plan, al

menos con carácter trimestral, la citada información.

e) Recibir información sobre las modificaciones normativas, cambios que se

realicen en el presente Reglamento de Especificaciones, en las Normas de

funcionamiento del Fondo de Pensiones al que se encuentra adscrito el Plan, o de su

política de inversiones y de las comisiones de gestión o depósito, todo ello tan pronto se

hayan aprobado o producido los citados cambios.

f) Conocer, previa solicitud al efecto, a través de la Comisión de Control del Plan, el

Balance, las Cuentas de resultados, la Memoria y los Informes de Auditoría del Fondo de

Pensiones al que está adscrito el Plan con los medios puestos a disposición por la

Entidad Gestora del Fondo de Pensiones en el que se encuentra integrado el Plan de

Pensiones.

3. Son Derechos Políticos de los Beneficiarios:

a) Participar en el desenvolvimiento del Plan a través sus representantes en la

Comisión de Control en la forma indicada en este Reglamento de Especificaciones.

b) Realizar por escrito, a la Comisión de Control del Plan, las consultas,

sugerencias, reclamaciones y aclaraciones que crea conveniente sobre el

funcionamiento del Plan.

c) Los demás derechos regulados en el presente Reglamento de Especificaciones y

los que sean de imperativa aplicación de acuerdo con la normativa vigente.

Art. L3-24. Obligaciones de los Beneficiarios.

Corresponden a los Beneficiarios del Plan las siguientes obligaciones:

a) Comunicar en el plazo máximo de siete días naturales a la Entidad Gestora del

Fondo, los datos personales y familiares que le sean requeridos para justificar el derecho

a la percepción de la prestación y de su mantenimiento a lo largo del tiempo.

El no cumplimiento de este requisito, por parte del Beneficiario, implicará la plena

responsabilidad del mismo, sobre los hechos que deriven de la falta de comunicación en

el plazo indicado.

b) Facilitar a la Entidad Gestora la documentación necesaria para hacer efectivo el

pago de la prestación.

c) Cumplir las normas establecidas en el presente Reglamento de Especificaciones

y en las demás disposiciones vigentes en la materia.

Art. L3-25. Designación de Beneficiarios.

1. La designación de Beneficiarios se realizará por el Partícipe a través de la

entrega a la Entidad Gestora del Boletín de Datos Personales y de Designación de

Beneficiarios, suministrando los datos estrictamente necesarios requeridos por la misma.

2. Dicha designación de Beneficiarios incluirá, en caso de ser varios los designados

en el mismo orden de prelación, las proporciones en que se percibirán las prestaciones.

En su defecto se estará a lo dispuesto en el artículo 21.2 del presente Reglamento de

Especificaciones.

-- 130 of 214 --

3. Será obligación del Partícipe comunicar de forma fehaciente a la Entidad

Gestora, o a su Entidad Promotora para su traslado a aquella, las incidencias que se

puedan producir con posterioridad a haberse entregado el Boletín de Datos Personales y

de Designación de Beneficiarios, así como cualquier variación en la designación de

estos.

TÍTULO III

Régimen Económico y Financiero

Art. L3-26. Sistema de Financiación.

El sistema de financiación del Plan consistirá en la capitalización financiera individual

de las contribuciones que correspondan a cada Partícipe y Partícipe en Suspenso

realizadas por las Entidades Promotoras y personas trabajadoras autónomas y, en su

caso, las aportaciones voluntarias de los Partícipes.

Art. L3-27. Contribuciones obligatorias de las Entidades Promotoras.

1. Las contribuciones a realizar por la Entidad Promotora se someterán a las

siguientes normas:

a) Las de las Entidades Promotoras tendrán el carácter de irrevocables desde el

momento de su devengo, aunque no se hayan hecho efectivas.

b) Cada Entidad Promotora será responsable del cumplimiento de las obligaciones

de contribución respecto de sus personas trabajadoras Partícipes.

c) Los importes de las contribuciones se fijarán en el Convenio Colectivo General

del Sector de la Construcción

2. En todo caso, las contribuciones a cargo de cada Entidad Promotora no podrán

exceder del límite máximo establecido por la legislación vigente en cada momento.

Art. L3-28. Determinación de las contribuciones.

1. La cuantía de las contribuciones obligatorias de las Entidades Promotoras se

fijará en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

2. La contribución empresarial durante la vigencia del contrato de trabajo, por

aquellas personas trabajadoras que tuviesen la condición de Partícipes, y que no

tuviesen interrumpido o suspendido el contrato de trabajo por alguna de las causas

previstas en la legislación vigente, será, para los años 2022, 2023 y 2024, la siguiente:

a) En 2022, de un 1,00 por ciento del importe de los conceptos salariales de las

tablas de 2021 del convenio colectivo que resulte de aplicación, si la persona trabajadora

prestase servicios durante todo el año 2022 a tiempo completo o, en su defecto, de la

parte proporcional correspondiente.

b) En 2023, de un 1,00 por ciento del importe de los conceptos salariales de las

tablas de 2021 del convenio colectivo que resulte de aplicación, si la persona trabajadora

prestase servicios durante todo el año 2023 a tiempo completo o, en su defecto, de la

parte proporcional correspondiente.

c) En 2024, de un 1,00 por ciento del importe de los conceptos salariales de las

tablas de 2021 del convenio colectivo que resulte de aplicación, más un 0,25 por ciento

del importe de los conceptos salariales de las tablas de 2023 del convenio colectivo que

resulte de aplicación, si la persona trabajadora prestase servicios durante todo el

año 2024 a tiempo completo o, en su defecto, de la parte proporcional correspondiente.

d) Para los años 2025 y siguientes, el Convenio Colectivo General del Sector de la

Construcción renegociará las contribuciones al Plan de Pensiones.

-- 131 of 214 --

3. Sin perjuicio de lo anterior, y como excepción a la regla general de efectuar

contribuciones por las Entidades Promotoras, no existirá tal obligación:

a) Cuando la retribución bruta fija anual de la persona trabajadora fuese superior, a

la fecha de entrada en vigor del Plan de Pensiones, a la remuneración bruta anual

establecida en las tablas del convenio colectivo provincial, incluido el importe de las

contribuciones indicadas en el apartado 1, que le fuese de aplicación.

b) Cuando la persona trabajadora sea subrogada, legal, convencional o

judicialmente a otra Entidad Promotora adherida al Plan de Pensiones y su retribución

bruta fija anual fuese superior, a la fecha de entrada en vigor del Plan de Pensiones, a la

remuneración bruta anual establecida en las tablas del convenio colectivo provincial,

incluido el importe de las contribuciones indicadas en el apartado 1, que le fuese de

aplicación.

Dichas excepciones, con independencia de la superior cuantía retributiva que pueda

darse de acuerdo a lo fijado en las anteriores letras a) y b), se aplicarán exclusivamente

a aquellas personas trabajadoras contratadas por la Entidad Promotora con anterioridad

a la entrada en vigor del Plan de Pensiones. En los casos de personas trabajadoras

subrogadas, a las que se refiere la letra b), dicha contratación anterior se

entenderá referida a la inicial suscrita con la persona trabajadora.

No obstante lo dispuesto en las letras a) y b) de este apartado 3, la persona

trabajadora podrá solicitar voluntariamente a su Entidad Promotora que esta le detraiga

de su retribución bruta fija anual hasta el importe que se fije en el Convenio Colectivo

General del Sector de la Construcción para que contribuya con el mismo al Plan de

Pensiones, siempre que ello no implique obligación para la Entidad Promotora de

efectuar contribuciones por su parte, o de implicar hacerlas la Entidad Promotora dé su

consentimiento expreso, debiéndoselo comunicar al Partícipe de forma escrita. La

persona trabajadora indicará la fecha de efectos de dicho detraimiento, la cual no podrá

ser anterior al mes siguiente al de la recepción por la empresa empleadora de su

solicitud, no pudiendo tener el detraimiento, por tanto, carácter retroactivo.

4. El desembolso de las contribuciones por parte de las Entidades Promotoras, de

las aportaciones por parte de las personas trabajadoras autónomas y, en su caso, de las

aportaciones voluntarias por parte de las personas trabajadoras deberá efectuarse en la

misma fecha en la que deben ingresarse las cotizaciones a la Seguridad Social.

5. Las contribuciones reguladas en el presente artículo podrán ser mejoradas por

cada Entidad Promotora para sus respectivos Partícipes en su correspondiente Anexo, al

que se refiere el artículo 2.n) del presente Reglamento de Especificaciones.

Art. L3-29. Suspensión de la realización de contribuciones.

La Entidad Promotora suspenderá la contribución en los casos siguientes:

a) Cuando el Partícipe que se hubiese jubilado parcialmente no hubiese optado por

ser Beneficiario de la prestación derivada de la contingencia de jubilación.

b) Durante el período de inactividad en los contratos de trabajo fijos-discontinuos.

c) Cuando concurra cualquiera de las causas de suspensión del contrato de

trabajo, previstas legal o convencionalmente, a excepción de las situaciones

expresamente contempladas en el artículo 17.3 del presente Reglamento de

Especificaciones, en el que se enumeran los recogidos en el artículo 5.1.a)2.º, párrafo

segundo, del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de

Pensiones, y que son los recogidos en el artículo 48, apartados 4 a 8, del Real Decreto

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

del Estatuto de los Trabajadores, así como en el artículo 37.6 del referido Estatuto de los

Trabajadores.

-- 132 of 214 --

En el caso de los Partícipes a los que se hace mención en el apartado 3 del artículo

anterior, no procederá la realización de contribuciones ni en los supuestos de las letras

a), b) y c) anteriores, ni en las situaciones recogidas en el artículo 17.3 del presente

Reglamento de Especificaciones.

Art. L3-30. Aportaciones voluntarias a cargo de los Partícipes.

1. Los Partícipes y los Partícipes en suspenso podrán realizar aportaciones

voluntarias al Plan de Pensiones distintas e independientes de las contribuciones

obligatorias que deba efectuar su Entidad Promotora, dentro de los límites legales de

aportaciones máximas permitidas a Planes de Pensiones, siempre que las referidas

aportaciones no impliquen la obligación para su Entidad Promotora de efectuar

contribuciones adicionales a las previstas en el artículo 28 del presente Reglamento de

Especificaciones, o de implicar hacerlas la Entidad Promotora dé su consentimiento

expreso, debiéndoselo comunicar al Partícipe de forma escrita.

2. Tales aportaciones se realizarán directamente por el Partícipe, aunque resultará

admisible la mera mediación en el pago por parte de un tercero, el cual habrá de

acreditar ante la Entidad Depositaria del Fondo estar debidamente autorizado por aquel

para efectuar el ingreso.

3. El Partícipe podrá fijar aportaciones periódicas mensuales, trimestrales,

semestrales o anuales.

4. El Partícipe podrá modificar en cualquier momento la cuantía y periodicidad de

sus aportaciones, así como interrumpir la realización de las mismas por periodo

indeterminado. El impago de tres aportaciones periódicas consecutivas implicará la

suspensión, en su caso, de los cargos de tales aportaciones. Dicha suspensión se

mantendrá hasta tanto el Partícipe no comunique su intención de reanudar las

aportaciones periódicas mediante escrito dirigido a la Entidad Gestora.

5. En todo momento, el Partícipe podrá realizar aportaciones extraordinarias,

independientemente de las que, en su caso, periódicamente venga realizando, así como

movilizar al Plan derechos consolidados procedentes de otros Planes, en los términos

estipulados en la normativa vigente.

6. Las aportaciones voluntarias se llevarán a cabo por cualquiera de los

procedimientos previstos al efecto por la Entidad Gestora, una vez aprobados por la

Comisión de Control, siendo, una vez realizadas, irrevocables, por lo que bajo ningún

concepto será admisible su anulación, salvo error material imputable a las Entidades

Gestora o Depositaria del Fondo de Pensiones, sin perjuicio de la devolución del exceso

de aportaciones a que se refiere el apartado 8 del presente artículo.

7. Con periodicidad trimestral la Entidad Gestora informará a la Comisión de

Control de la cuantía individualizada de aportaciones y movilizaciones de derechos

consolidados integrados voluntariamente por los Partícipes en el Plan, distinguiéndose

las aportaciones periódicas de las extraordinarias. Dicho informe trimestral incluirá,

también, datos relativos a la evolución de tales aportaciones y derechos, así como todos

aquellos que oportunamente se acuerden.

8. En ningún caso la suma de las aportaciones anuales imputadas por la Entidad

Promotora y las que voluntariamente sean realizadas por los Partícipes superará el límite

legal establecido. A tal efecto:

a) Al alcanzarse dicho límite se interrumpirán las aportaciones voluntarias

periódicas previstas, así como la posibilidad de realizar aportaciones extraordinarias.

b) Si el límite se alcanza al imputarse una aportación de la Entidad Promotora, se

procederá a la devolución automática de las aportaciones voluntarias previamente

realizadas, en el importe que permita eliminar el exceso.

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TÍTULO IV

Derechos Consolidados

Art. L3-31. Derechos Consolidados.

1. Constituyen Derechos Consolidados del Partícipe y del Partícipe en Suspenso la

cuota parte del Fondo de Capitalización que corresponda al mismo en función de las

contribuciones imputadas, aportaciones directas y las rentas generadas por los recursos

invertidos, atendiendo, en su caso, a los quebrantos y gastos que se hayan producido.

2. Los Derechos Consolidados únicamente podrán hacerse efectivos para

satisfacer las prestaciones del Plan o en los supuestos de desempleo de larga duración,

en los casos y en los términos previstos en la normativa vigente.

3. Estos Derechos Consolidados no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o

administrativa, hasta el momento en que se cause la prestación o se hagan efectivos en

los supuestos de desempleo de larga duración mencionados.

Art. L3-32. Movilización de los Derechos Consolidados a otro, o desde otro Plan.

1. Los Partícipes y Partícipes en Suspenso del Plan de Pensiones podrán movilizar

sus Derechos Consolidados, bien por extinción de la relación laboral con su Entidad

Promotora sin reanudarla con alguna otra de las Entidades Promotoras de este Plan o

bien por terminación y liquidación del Plan de acuerdo a los supuestos contemplados en

los artículos 43 y 44 de este Reglamento de Especificaciones

2. Los Derechos Consolidados de los Partícipes y Partícipes en Suspenso, podrán

ser movilizados a otro Plan de Pensiones de Empleo, en los términos y con las

excepciones que se determinen reglamentariamente.

El procedimiento de transferencia se ajustará a los términos y excepciones que se

determinen reglamentariamente. En todo caso se deberá entregar a la Comisión de

Control del Plan o a la Entidad Gestora certificación expedida por el nuevo Plan

aceptando su admisión e indicando los datos identificativos de la cuenta del Fondo de

Pensiones al que dicho Plan se encuentre adscrito, a efectos de realizar la transferencia

pertinente. Si no se produjese la designación indicada, se le considerará Partícipe en

suspenso, desde la extinción de la relación laboral con el Promotor. En tanto no se

produzca la transferencia o movilización de los Derechos Consolidados, el Partícipe

tendrá la condición de Partícipe en suspenso y aquellos se verán ajustados por la

imputación de resultados que le correspondan durante el período de su mantenimiento

en el Plan.

3. Las contribuciones, aportaciones y los rendimientos derivados de las inversiones

del Plan se integrarán inmediatamente en una cuenta de posición del mismo en el Fondo

al que se adscribe. Con cargo a dicha cuenta se atenderá el cumplimiento de la

prestación del Plan y demás costes que correspondan al mismo. La movilización de la

totalidad de los derechos consolidados causará la baja del Partícipe en el Plan

4. En el supuesto de movilización de Derechos Consolidados, su cuantía será igual

al valor certificado en el día inmediatamente anterior al que se realice la efectiva

movilización.

5. Asimismo, los Partícipes y Partícipes en Suspenso podrán movilizar al presente

Plan los Derechos Consolidados que tengan en otro Plan de Pensiones, con arreglo al

procedimiento previsto en el presente Reglamento de Especificaciones.

6. Los gastos que se deriven de la transferencia de los Derechos Consolidados

correrán a cargo exclusivamente del titular de tales derechos

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TÍTULO V

Contingencias y prestaciones

Art. L3-33. Contingencias y prestaciones cubierta por el Plan de Pensiones.

1. Las contingencias cubiertas por el Plan de Pensiones en los términos previstos

en el presente Título son la jubilación, la incapacidad permanente y el fallecimiento del

Partícipe o Partícipe en Suspenso.

2. Las prestaciones, consistentes en el reconocimiento de un derecho económico

en favor de los beneficiarios del presente Plan de Pensiones acaecida la contingencia

cubierta por el mismo, son las siguientes:

A) Prestación por jubilación.

A.1 El hecho causante de esta prestación es la jubilación efectiva del Partícipe o

Partícipe en Suspenso según lo previsto en el régimen de la Seguridad Social

correspondiente.

De no ser posible el acceso del Partícipe o Partícipe en Suspenso a la pensión de

jubilación, aun teniendo la edad de acceso ordinaria establecida legalmente, podrá

solicitar la prestación por jubilación a partir de dicha edad cuando no ejerza o haya

cesado en la actividad laboral o profesional y no se encuentre cotizando para la

contingencia de jubilación por ningún régimen de la Seguridad Social.

A.2 La persona trabajadora jubilada parcialmente que sea Partícipe o Partícipe en

Suspenso del Plan de Pensiones, en el momento en que se acoja a la jubilación parcial

podrá optar entre continuar como Partícipe del Plan de Pensiones, contribuyendo la

Entidad Promotora según su jornada, o bien pasar a la condición de Beneficiario por

jubilación del presente Plan de Pensiones, sin derecho a ulteriores contribuciones de

ningún tipo, percibiendo la prestación por jubilación según establece este Reglamento de

Especificaciones.

En caso de que el Partícipe o Partícipe en Suspenso no manifieste opción en el

momento de la jubilación parcial, se entenderá que continúa como Partícipe en el Plan

de Pensiones.

El Partícipe que habiéndose jubilado parcialmente hubiese continuado como

Partícipe en el Plan, podrá solicitar el cobro de la prestación de jubilación en virtud de su

condición de jubilado parcial, en los términos establecidos en el Reglamento de

Especificaciones. En ese caso, dejará de recibir contribuciones y realizar aportaciones y

pasará a tener la condición de Beneficiario del Plan.

B) Prestación por fallecimiento.

Si un Partícipe o Partícipe en Suspenso falleciese, el Beneficiario o Beneficiarios

designados percibirán la prestación por fallecimiento en la forma y proporción

establecidas en el artículo 21.2 del presente Reglamento de Especificaciones.

C) Prestación por Incapacidad Permanente.

Si un Partícipe o Partícipe en Suspenso, antes de causar derecho a la prestación por

jubilación, causara baja en la Entidad Promotora por quedar en situación de incapacitado

permanente en cualquiera de los grados total, absoluta o gran invalidez, percibirá la

prestación por incapacidad permanente prevista por el Plan independientemente del

hecho determinante de dicha incapacidad. Se entenderá por incapacidad permanente en

sus distintos grados la situación que así sea reconocida y declarada por el Instituto

Nacional de la Seguridad Social u organismo competente o, en su caso, por el Órgano

Jurisdiccional competente.

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Art. L3-34. Cuantía de las prestaciones.

La cuantía de la prestación será igual al Derecho Consolidado de cada Partícipe o

Partícipe en Suspenso en el momento de producirse el hecho causante de las mismas.

Art. L3-35. Forma de cobro de las prestaciones.

1. Las prestaciones del Plan derivadas de las anteriores contingencias tendrá, a

opción del Beneficiario, la forma de:

a) Renta Financiera: consistente en la percepción de dos o más pagos sucesivos

con periodicidad regular, incluyendo al menos un pago en cada anualidad.

El pago de estas rentas podrá ser inmediato desde la fecha de la contingencia o

diferido a un momento posterior.

La renta se percibirá hasta el agotamiento de los derechos económicos del

Beneficiario, quien deberá determinar la cantidad anual a percibir, número de pagos

anuales y fecha de inicio del cobro de la renta.

En caso de fallecimiento del Beneficiario quedará en suspenso el pago de la Renta

hasta que las personas designadas por este o, en su caso, las personas herederas

legales, determinen, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la muerte o

declaración judicial de fallecimiento, la forma de percepción de los derechos económicos

remanentes.

b) Capital, pudiendo percibir la prestación en forma de un único pago inmediato o

diferir en un único pago la percepción de la prestación a un momento posterior.

c) Mixta que consistirá en la combinación de cualquiera de la modalidad de renta

con un único cobro en forma de capital, debiéndose ajustar ambos a lo establecido en

los apartados anteriores.

d) Pagos sin periodicidad regular, pudiendo solicitar pagos sucesivos sin constituir

una renta.

2. En el supuesto de haber optado por percibir del Plan, una prestación diferida o

en curso de pago podrá solicitar la anticipación de vencimientos y cuantías inicialmente

previstos, en los términos siguientes:

− Cuando se haya optado por percibir la prestación en forma de capital diferido, se

podrá anticipar el vencimiento del capital en su totalidad.

− Cuando se haya optado por percibir la prestación en forma de renta, podrá: a)

anticipar, en cualquier momento, el capital equivalente a los derechos remanentes

totales; b) anticipar en cada ejercicio las rentas pendientes de cobro en el año natural.

− Cuando se haya optado por percibir la prestación de forma mixta (capital-renta),

podrá: a) anticipar el capital equivalente a los derechos remanentes totales por ambos

conceptos; b) anticipar, únicamente, la totalidad del capital predeterminado; c) anticipar,

únicamente las rentas pendientes en su totalidad; d) anticipar en cada ejercicio las rentas

pendientes de cobro en el año natural.

3. El importe de los derechos económicos obrantes en el Plan y mientras

permanezcan en el mismo, serán ajustados con la rentabilidad neta (positiva o negativa)

del Fondo de Pensiones imputable al patrimonio de este Plan hasta la fecha de su

completa liquidación.

Art. L3-36. Solicitud de la prestación y documentación acreditativa.

1. El Beneficiario solicitará la prestación mediante escrito dirigido a la Comisión de

Control del Plan para su traslado a la Entidad Gestora señalando la forma elegida para el

cobro de la prestación y presentando la correspondiente documentación.

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2. Para el reconocimiento de las prestaciones será necesario aportar la siguiente

documentación:

a) En los casos de jubilación:

D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Residencia del Partícipe.

Certificado o documento de su Entidad Promotora acreditativo de haber cesado en

su relación laboral con la misma.

Certificado o documento de la Seguridad Social acreditativo de tener reconocido a su

favor el cobro de la pensión pública de jubilación o, en su caso, de no poder percibir la

pensión pública de jubilación.

Certificado o documento de la Seguridad Social acreditativo de no hallarse cotizando

para la contingencia de jubilación en ningún régimen de la Seguridad Social.

b) En los casos de fallecimiento del Partícipe o Beneficiario: certificado de

defunción, documento acreditativo de su condición de Beneficiario. En defecto de

designación expresa de beneficiarios, se deberá acreditar su condición de heredero.

En los supuestos de parejas de hecho, resultará suficientemente acreditada tal

situación con su comunicación previa realizada a la Comisión de Control del Plan. En su

defecto, será válida la inscripción en un Registro Administrativo o la formalización

notarial de estas situaciones o las pruebas razonables que acrediten tal situación de

convivencia.

c) En los casos de incapacidad permanente: DNI, copia de la propuesta y

resolución definitiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso,

sentencia del órgano jurisdiccional social.

3. La Entidad Gestora del Fondo en el que esté integrado el Plan notificará por

escrito al Beneficiario el reconocimiento de su derecho a la prestación, dentro del plazo

máximo de siete días hábiles a contar desde la presentación de toda la documentación

correspondiente, indicándole los elementos definitorios de la prestación de acuerdo con

la opción señalada por aquél y debiendo realizar el pago mediante transferencia bancaria

a la cuenta corriente indicada por el Beneficiario, siendo necesario que figure como titular

de la misma.

Si la prestación se percibe en forma de capital inmediato, se abonará al Beneficiario,

dentro del plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación a la Entidad Gestora

de toda la documentación correspondiente.

TÍTULO VI

Organización y control

Art. L3-37. Composición de la Comisión de Control del Plan.

1. La Comisión de Control del Plan estará constituida por ocho miembros, cuatro en

representación conjunta de los Partícipes, de los Partícipes en Suspenso y Beneficiarios,

y cuatro en representación de las Entidades Promotoras adheridas al Plan de Pensiones.

2. Los miembros de la Comisión de Control del Plan de Pensiones serán

designados directamente por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo General del

Sector de la Construcción. La designación podrá recaer en los miembros de la citada

Comisión Paritaria.

3. Los miembros de la Comisión de Control designarán entre sí a quienes hayan de

ejercer la Presidencia, dos Vicepresidencias y la Secretaría, con las funciones inherentes

a sus cargos.

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4. La Presidencia será rotatoria y se ocupará de forma sucesiva por periodos de

veinticuatro meses siguiendo las siguientes normas:

a) La secuencia rotatoria se iniciará con la persona elegida como Presidente entre

los representantes de las Entidades Promotoras en dicho órgano y a propuesta de éstos.

b) Finalizada dicha Presidencia, los representantes en la Comisión de los

Partícipes, Partícipes en suspenso y Beneficiarios elegirán, a propuesta de ellos, al

nuevo Presidente quien, asimismo, desempeñará el cargo durante otro periodo de

veinticuatro meses.

c) Una vez finalizada esta segunda Presidencia, serán de nuevo los representantes

de la Comisión de Partícipes, Partícipes en suspenso y Beneficiarios quienes elijan, a

propuesta de ellos, a quien vaya a desempeñar la nueva y tercera Presidencia, e

igualmente por un periodo cuya duración será la fijada de veinticuatro meses.

d) Agotada esta Presidencia, se iniciará de nuevo el sistema rotatorio en el orden

indicado.

5. El Secretario de la Comisión será elegido de entre los miembros que constituyan

la Comisión de Control, estableciéndose en el acuerdo correspondiente la duración de su

mandato.

6. Dada la estructura directiva señalada en el apartado 3 del presente artículo,

cuando el designado como Presidente finalice la duración de su mandato pasará de

forma automática a ocupar una Vicepresidencia, de forma tal que siempre habrá de

forma permanente un Presidente, dos Vicepresidentes y un Secretario.

7. La duración del mandato de los miembros de la Comisión de Control del Plan de

Pensiones será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos en sucesivas convocatorias, así

como revocados y sustituidos por el órgano que los designó.

8. No podrán ser miembros de la Comisión de Control del Plan de Pensiones las

personas incursas en cualquier incapacidad o incompatibilidad conforme a las

disposiciones legales.

9. Con objeto de facilitar la actuación de los miembros de la Comisión de Control,

cada una de las dos representaciones establecidas en el apartado 1 dispondrá, en

relación con sus respectivos integrantes que haya designado, de los permisos

necesarios que precisen para ejercer su función.

Art. L3-38. Funcionamiento de la Comisión de Control del Plan.

1. La Comisión de Control del Plan se reunirá con carácter ordinario dentro de los

primeros quince días de cada bimestre de cada ejercicio económico, debidamente

convocada por su Presidente o por el miembro de la Comisión de Control del Plan en

quien éste delegue tal función. También podrá reunirse con carácter extraordinario

cuantas veces sea convocada a iniciativa propia del Presidente o a solicitud de la

mayoría de cada una de las dos representaciones, la de los Partícipes, Partícipes en

Suspenso y Beneficiarios, o la de las Entidades Promotoras adheridas al Plan de

Pensiones.

2. Las convocatorias de las reuniones de la Comisión de Control del Plan deberán

contener el Orden del Día de los asuntos a tratar y realizarse con al menos una semana

de antelación a la fecha previa para su celebración.

3. La Comisión de Control del Plan quedará válidamente constituida cuando,

debidamente convocada, concurra, al menos, el 75 por 100 de cada una de las dos

representaciones, la de los Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios, y la de las

Entidades Promotoras adheridas al Plan de Pensiones, directamente o por

representación. No obstante lo anterior, si se hallasen congregados todos los miembros

de la Comisión de Control del Plan y, al menos, el 75 por 100 de cada una de las dos

representaciones, la de los Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios, y la de las

Entidades Promotoras adheridas al Plan de Pensiones decidieran celebrar una reunión,

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determinando los asuntos a tratar en la misma, podrán hacerlo válidamente

prescindiendo de la previa convocatoria.

4. La asistencia a la Comisión de Control del Plan podrá ser personal o por

representación conferida a otro miembro de la Comisión de Control del Plan. La

representación se ejercitará mediante delegación previa, expresa y escrita para cada

reunión.

5. Cada miembro de la Comisión de Control del Plan tendrá un voto. El derecho de

voto puede ejercitarse a través de otro miembro mediante la representación delegada

antes referida.

6. La Comisión de Control del Plan adoptará todos los acuerdos por, al menos,

el 75 por 100 de cada una de las dos representaciones, la de los Partícipes, Partícipes

en Suspenso y Beneficiarios, y la de las Entidades Promotoras adheridas al Plan de

Pensiones.

7. De cada reunión se levantará por el Secretario la correspondiente acta con el

visto bueno del Presidente.

8. Los acuerdos de la Comisión de Control deberán ser ejecutados por el

Presidente o, en su defecto, por la persona en quien éste último haya delegado

expresamente la facultad de ejecutar un acuerdo concreto.

9. Los miembros de la Comisión de Control, individual o colectivamente, están

obligados a guardar absoluta confidencialidad y reserva en lo inherente a su cargo,

manteniendo secreto sobre las informaciones de carácter reservado relativas al presente

Plan, a las Entidades Promotoras y personas trabajadoras autónomas adheridas al

mismo, así como sobre los datos individuales o colectivos sobre Partícipes, Partícipes en

Suspenso y/o Beneficiarios que puedan llegar a conocer en virtud de su cargo. Esta

obligación permanece incluso después de cesar en sus funciones.

Art. L3-39. Funciones de la Comisión de Control del Plan.

La Comisión de Control del Plan tendrá las siguientes funciones:

a) Decidir el Fondo de Pensiones de Empleo en el que se integra el Plan de

Pensiones.

b) Supervisar el cumplimiento de las cláusulas del Plan en todo lo que se refiere a

los derechos de sus Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios en relación con el

resto de elementos personales del mismo, así como en relación con el Fondo y con las

Entidades Gestora y Depositaria que intervengan en la administración.

c) Seleccionar al actuario o sociedad de actuarios y demás expertos que deban

certificar la situación y dinámica del Plan conforme al artículo 23 del Reglamento de

Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de

febrero.

Con relación a lo indicado en el párrafo anterior, el sistema financiero y actuarial del

Plan deberá ser revisado por un actuario, o sociedad de actuarios y, en su caso, de

aquellos otros profesionales independientes, distintos al que pudiere intervenir en el

desarrollo normal del Plan, al menos cada tres años, debiendo éste/os certificar sobre la

situación y dinámica del Plan, todo ello de acuerdo con el Reglamento de Planes y

Fondos de Pensiones.

d) Nombrar los representantes de la Comisión de Control del Plan en la Comisión

de Control del Fondo de Pensiones al que esté adscrito, salvo que ambas coincidan

porque al Fondo sólo esté adscrito el presente Plan de Pensiones de Empleo

Simplificado del Sector de la Construcción.

e) Acordar modificaciones al Plan conforme a lo previsto en el artículo 42 de este

Reglamento de Especificaciones.

f) Supervisar la adecuación del saldo de la Cuenta de Posición del Plan en el Fondo

de Pensiones a los requerimientos del régimen financiero del propio Plan, así como el

estricto cumplimiento por las Entidades Gestora y Depositaria de sus obligaciones para

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con los intereses de los Partícipes y beneficiarios del Plan, de conformidad con los

contratos que a tal efecto se establezcan.

g) Tomar decisiones relativas a la política de inversiones del Plan que la legislación

vigente le atribuya, y las recogidas en el artículo 38.6 del presente Reglamento de

Especificaciones.

h) Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de los Partícipes,

Partícipes en Suspenso y Beneficiarios del Plan ante el Fondo de Pensiones, las

Entidades Gestora y Depositaria y, en general, ante cualesquiera terceros, sean

personas físicas o jurídicas.

i) Acordar la movilización de la Cuenta de Posición del Plan a otro Fondo de

Pensiones, público o privado.

j) Informar trimestralmente a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo General

del Sector de la Construcción sobre las decisiones adoptadas como consecuencia de las

funciones reguladas en el presente artículo, así como de la situación de la Cuenta de

Posición del Plan.

k) Acordar la terminación del Plan de conformidad con lo que se establece en el

presente Reglamento de Especificaciones.

l) Admitir los Derechos Consolidados de los Partícipes provenientes de otros

Planes de Pensiones, Planes de previsión asegurados o Planes de previsión social

empresarial, siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos al efecto.

m) Acordar la presencia en las reuniones de cualquier asesor, Partícipe, Partícipe

en Suspenso, Beneficiario o tercera persona necesaria para el esclarecimiento de los

temas a tratar.

n) Ser oída, con carácter preceptivo, en los procesos de externalización de

funciones o actividades por parte de la gestora recogidas en el artículo 30 sexies del

Real Decreto Legislativo 1/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

o) Delegar en los sistemas de control interno de la Entidad Gestora, entre tanto no

acuerde su asunción directa, el sistema de control interno que facilite la gestión de la

actividad del Plan y Fondo de Pensiones y, en especial, el cumplimiento de las

obligaciones en materia de gestión de riesgos y de auditoría interna

p) Proponer y, en su caso, decidir en las demás cuestiones sobre las que las

disposiciones generales aplicables y el presente Reglamento de Especificaciones le

atribuyen competencia.

Art. L3-40. Funciones del Presidente y de los Vicepresidentes de la Comisión de

Control del Plan.

Las funciones del Presidente y de los Vicepresidentes de la Comisión de Control del

Plan serán:

a) La representación legal de la Comisión de Control del Plan en interés de los

Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios, ejercitando cuantas acciones

administrativas y judiciales se estimen oportunas, y sin perjuicio de la posibilidad de

otorgar poderes a terceros, conforme decida la propia Comisión de Control del Plan.

b) La presidencia de las reuniones de la Comisión de Control del Plan, actuando de

moderador en las mismas.

c) La convocatoria de toda clase de reuniones, previa elaboración y comunicación a

todos los miembros del Orden del Día.

d) Conjuntamente con el Secretario, ostentar la firma del Plan de Pensiones,

autorizando su correspondencia oficial y cuantos documentos requieran tal requisito,

firmar cuantos otros documentos, públicos o privados, hayan de efectuarse a nombre del

Plan de Pensiones y comparecer ante notarios y demás autoridades públicas a fin de

otorgar o de suscribir ante los mismos cuantas actas, documentos, requerimientos,

escrituras, poderes generales y/o especiales, notificaciones, contestaciones,

-- 140 of 214 --

subsanaciones de defectos y cualesquiera otros documentos públicos en los que fuera

parte o pudiera estar interesado el Plan de Pensiones.

e) Las demás que pueda delegarle la Comisión de Control del Plan.

Art. L3-41. Funciones del Secretario de la Comisión de Control del Plan.

1. Las funciones del Secretario de la Comisión de Control del Plan serán:

a) Levantar el acta correspondiente de cada reunión con el visto bueno del

Presidente, dando fe de la misma.

b) Llevar registro de las actas, así como de toda clase de escritos dirigidos a la

Comisión de Control del Plan.

c) Custodiar la documentación relativa al Plan.

d) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Presidente, sobre las actas y

sobre las comunicaciones que se hayan de realizar a Partícipes, Partícipes en Suspenso

y Beneficiarios.

e) Las demás que puedan delegarle el Presidente o, en su caso, la misma

Comisión de Control del Plan.

2. La Comisión de Control del Plan de Pensiones colaborará y se coordinará con

las Entidades Promotoras del Plan de Pensiones, la Entidad Gestora y Depositaria del

Fondo de Pensiones en que se integra el Plan y, en particular, con la Fundación Laboral

de la Construcción para que ésta pueda efectuar el seguimiento del acuerdo sectorial

adoptado en materia de contribuciones empresariales a Planes de Pensiones de empleo.

TÍTULO VII

Modificación del Plan

Art. L3-42. Requisitos y procedimiento.

El Plan podrá modificarse por la Comisión de Control del mismo, a instancia e

indicación de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo General del Sector de la

Construcción, con el régimen de adopción de acuerdos previsto en el artículo 38 del

presente Reglamento de Especificaciones.

No obstante, para la modificación de condiciones particulares contenidas en los

Anexos de cada Entidad Promotora o persona trabajadora autónoma se estará al

procedimiento previsto en ellas, sin que los correspondientes acuerdos puedan modificar

o dejar sin efecto las condiciones generales del presente Reglamento de

Especificaciones.

TÍTULO VIII

Terminación y liquidación del Plan

Art. L3-43. Terminación del Plan.

1. Serán causas de terminación del Plan:

a) El incumplimiento de los principios básicos de Planes y Fondos de Pensiones.

b) La paralización de su Comisión de Control del Plan de modo que resulte

imposible su funcionamiento y de conformidad con lo que establezca la normativa

reglamentaria de Planes y Fondos de Pensiones.

c) La ausencia de Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios en el Plan

durante un plazo superior a un año.

d) La decisión adoptada en la negociación colectiva general del sector de la

Construcción.

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e) Por imposibilidad manifiesta de llevar a cabo las variaciones necesarias

derivadas de la revisión financiero-actuarial del Plan.

f) Las demás causas que pueda establecer la normativa vigente en materia de

Planes y Fondos de Pensiones.

2. En todo caso serán requisitos previos para la terminación del Plan la garantía

individualizada de las prestaciones causadas y la integración de los Derechos

Consolidados de los Partícipes en otro Plan de Pensiones en el que el mencionado

Partícipe ostente tal condición o, en su defecto, en un Plan de previsión asegurado o en

un Plan de previsión empresarial.

3. En caso de concurrir alguna de las causas de terminación expresadas, se

comunicará a los Partícipes y Beneficiarios, en su caso, la concurrencia de la causa

específica de terminación del Plan y el inicio de los trámites de liquidación.

4. Cuando alguna de las causas de terminación afecte exclusivamente a una de las

Entidades Promotoras, la empresa, junto con la representación de sus personas

trabajadoras, deberá acordar su separación y la liquidación de los derechos económicos

para, en su caso, su traslado a otro Plan de Pensiones, Plan de previsión asegurado o

Plan de previsión social empresarial. En su defecto, dicho acuerdo deberá ser adoptado

por la Comisión de Control del Plan en el plazo de dos meses desde la concurrencia de

dicha causa.

Art. L3-44. Liquidación del Plan.

Decidida la terminación del Plan de Pensiones, se procederá a su liquidación, con

observancia de lo establecido en las disposiciones generales aplicables y con arreglo a

las siguientes normas:

1. El procedimiento de liquidación del Plan de Pensiones se llevará a cabo por la

Comisión Liquidadora, elegida por unanimidad por la Comisión de Control del Plan bajo

cuya supervisión actúa, con observancia de lo establecido en las disposiciones legales,

correspondiéndole las siguientes funciones:

a) Comunicar a los Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios la fecha de

terminación, con al menos seis meses de antelación.

b) Tramitar las movilizaciones de los Derechos Consolidados de los Partícipes y

Partícipes en Suspenso.

c) Tramitar para los Beneficiarios las garantías para sus prestaciones.

d) Elegir un Plan que integre los Derechos Consolidados y pague las prestaciones,

respectivamente, de aquellos Partícipes, Partícipes en Suspenso y Beneficiarios que no

ejerciten alguna opción conforme a las dos letras anteriores.

e) Supervisar la actuación de la Entidad Gestora en todo el proceso de integración

y garantía.

2. Se considerará fecha de liquidación a todos los efectos la del acta de la

Comisión de Control que decida iniciar el proceso liquidador.

3. Tendrán la consideración de Beneficiarios todos aquellos que justifiquen un

hecho causante de contingencia cubierta por el Plan anterior a la fecha de liquidación.

4. Se liquidarán o garantizarán individualmente las prestaciones causadas que

estén pendientes de satisfacer por el Fondo con respecto a Beneficiarios del Plan. Las

prestaciones correspondientes a Beneficiarios se abonarán en el proceso de liquidación

con carácter preferencial a los Derechos Consolidados de los Partícipes.

5. Una vez abonadas las prestaciones de los Beneficiarios se cuantificarán los

Derechos Consolidados correspondientes a cada Partícipe, movilizándose éstos al Plan

de Empleo donde los Partícipes puedan ostentar tal condición o Plan de previsión social

empresarial en el que puedan ostentar la condición de asegurados, o, en su defecto, a

un Plan de Pensiones individual, o Plan de previsión asegurado. La designación del

vehículo seleccionado deberá hacerse durante el siguiente mes a la fecha de liquidación;

-- 142 of 214 --

transcurrido este plazo, si algún Partícipe no hubiera comunicado su deseo de

movilización, se procederá a la misma transfiriendo los Derechos Consolidados a otro

Plan de Pensiones que haya sido seleccionado por la Comisión de Control de este Plan.

6. Los gastos a que den lugar las operaciones de liquidación serán a cargo del

propio Plan. Una vez integrados todos los Derechos Consolidados y garantizadas todas

las prestaciones causadas, se procederá a la disolución de la Comisión de Control.

No obstante, con carácter previo a lo indicado con anterioridad, se dispondrá por la

Comisión de Control de una reserva a detraer del valor patrimonial de la cuenta de

posición para hacer frente a los gastos que se produzcan en el proceso de liquidación. El

sobrante, si existiese, se prorrateará entre los Partícipes en proporción a las cuantías de

sus Derechos Consolidados.

TÍTULO IX

Fondo de Pensiones

Art. L3-45. Fondo de Pensiones.

El Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción se

integrará en un Fondo de Pensiones de Empleo de promoción privada.

Disposición adicional primera. Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en

Disposición adicional primera. Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en

materia de mutualidades no integradas en la Seguridad Social.

De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional duodécima del Real

Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en el supuesto de que un

Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción, o la empresa o la persona

trabajadora autónoma que dé ocupación a personas trabajadoras por cuenta ajena,

hubiesen hecho, o hicieren, uso de la opción a favor de instrumentos propios de

previsión social de la Comunidad Autónoma correspondiente, las personas trabajadoras

incluidas en los ámbitos de aplicación de dicho convenio colectivo provincial no tendrán

la consideración de elementos personales del Plan de Pensiones de Empleo Simplificado

del Sector de la Construcción.

Asimismo, no tendrán la consideración de Entidades Promotoras las empresas y

personas trabajadoras autónomas que den ocupación a personas trabajadoras por

cuenta ajena que, a tenor de lo establecido en la citada Disposición adicional duodécima,

hubiesen optado por su adhesión a los instrumentos propios de previsión social de la

Comunidad Autónoma.

Disposición adicional segunda. Modificaciones de la legislación reguladora de los

Disposición adicional segunda. Modificaciones de la legislación reguladora de los

Planes y Fondos de Pensiones con vigencia posterior a la fecha de formalización del

presente Reglamento de Especificaciones.

En el supuesto de que se produjeran modificaciones en la legislación reguladora de

los Planes y Fondos de Pensiones, con entrada en vigor posterior a la fecha de

formalización del presente Reglamento de Especificaciones, la Comisión Negociadora

del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción adoptará los acuerdos

necesarios para adaptar aquél a la legalidad vigente en cada momento.

Si las modificaciones afectasen, directa o indirectamente, al régimen, sistema o

diferenciación de contribuciones empresariales a realizar por las entidades promotoras al

Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción, se estará a lo

dispuesto en la Disposición adicional séptima del Convenio Colectivo General del Sector

de la Construcción.

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Disposición adicional tercera. Facilitación de datos por parte de las Entidades

Disposición adicional tercera. Facilitación de datos por parte de las Entidades

Promotoras a la Comisión de Control del Plan.

En relación con lo dispuesto en el artículo 10, apartado b), del presente Reglamento

de Especificaciones, y en aras a una mayor operatividad y agilidad del proceso, los datos

que fuesen requeridos por la Comisión de Control a las Entidades Promotoras serán

remitidos por éstas directamente a la Entidad Gestora.

Disposición transitoria primera.

Disposición transitoria primera.

Las modificaciones del Procedimiento para la homologación de las acciones

formativas en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo XIV) y del Reglamento

de condiciones para el mantenimiento de la homologación de las acciones formativas en

materia de la prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el

Convenio General del Sector de la Construcción (Anexo XV) se aplicarán a los

expedientes que se inicien a partir de los seis meses de la entrada en vigor del presente

Convenio, siendo de aplicación y plena vigencia hasta ese momento la redacción de los

Anexos XIV y XV contenidos en el VI Convenio General del Sector de la Construcción.

Disposición adicional primera.

Disposición adicional primera.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 apartado b) del Real

Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el

procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de

jubilación en el sistema de la Seguridad Social, las organizaciones firmantes del presente

Convenio, sensibles con la situación en la que se desarrollan los trabajos en las obras

del sector de la construcción, consideran conveniente instar a la administración

competente el establecimiento de coeficientes reductores, o en su caso, la anticipación

de la edad de acceso a la jubilación de las personas trabajadoras afectadas siempre que

ello no comporte para las personas trabajadoras o empresas modificación de las bases o

tipos de cotización establecidos con carácter general.

Disposición adicional segunda. Vigencia de los incrementos económicos

Disposición adicional segunda. Vigencia de los incrementos económicos

Los incrementos pactados tanto en el artículo 55 como en el artículo 53 del presente

Convenio general estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, 2023 y 2024,

quedando sin efecto hasta la negociación y aprobación de los incrementos salariales que

puedan pactarse para el año o años 2025 y/o 2026.

Disposición adicional tercera. Funciones del vigilante de obra

Disposición adicional tercera. Funciones del vigilante de obra

Las funciones, que de acuerdo con la normativa vigente podrá realizar un Vigilante

de obra, taller o fábrica, integrado en el GRUPO 2 del área funcional de servicios

transversales de la clasificación profesional del presente convenio, consistirán en:

– Información y/o control en los accesos a la obra, comprendiendo el cuidado y

custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas

o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de la obra y ejecución de tareas

auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en el ámbito de la

obra, sea de edificación u obra civil.

– Recepción, comprobación de personal, tanto propio como ajeno a la obra, y

orientación de los mismos.

– Comprobación de documentos en obra (tarjeta profesional de la construcción,

carnés, albaranes u otros documentos).

– Cumplimiento de la normativa interna de las obras donde presten dicho servicio.

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– Control de tránsito en el interior de la zona acotada por la obra así como, si las

hubiera, en zonas reservadas o de circulación restringida dentro de la misma en

cumplimiento de la normativa interna de los mismos.

– Comprobación y control del estado y funcionamiento de bienes e instalaciones en

general, en obra, para garantizar su conservación y funcionamiento, sobre todo de cara a

tener todo en perfecto orden y apto para su funcionamiento en todo momento, y

especialmente con la llegada diaria de los trabajadores las personas trabajadoras al

centro de trabajo.

Disposición adicional cuarta. Plus de conservación, guardias, retén, disponibilidad y

Disposición adicional cuarta. Plus de conservación, guardias, retén, disponibilidad y

sistemas de viabilidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras.

1. Se establece un Plus de Conservación en Contratas de Mantenimiento de

Carreteras que se configura de la siguiente forma:

a) Concepto y cuantía.–Se trata de un complemento salarial de puesto de trabajo,

que retribuye las especiales características que concurren en la prestación de servicio

del personal de conservación y mantenimiento de carreteras, encuadrados en los grupos

profesionales del 1 al 5 del presente Convenio general que desempeñen el trabajo de

forma habitual en autopistas, autovías y carreteras, de forma que dicho plus retribuye

todas las peculiaridades y circunstancias propias e inherentes que concurran o puedan

concurrir en la realización de trabajos en autopistas, autovías y carreteras, (trabajos a la

intemperie, con tráfico rodado, climatología adversa, con cortes parciales o totales del

tráfico, etc.); así como todas aquellas exigencias funcionales o que se deriven de la

forma, organización, condiciones, o sistema de trabajo que deba implementarse para la

adecuada conservación y mantenimiento de este tipo de infraestructuras.

En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, se abonará un plus anual

por día efectivo de trabajo de 4 euros, o la parte proporcional que corresponda si la

jornada ordinaria efectivamente trabajada fuese inferior a la de una persona trabajadora

equivalente a jornada completa.

Dicho importe permanecerá invariable durante toda la vigencia del presente

Convenio general y, en todo caso, durante la vigencia de la contrata que corresponda.

b) Compensación y absorción.–Cualquier empresa que a la entrada en vigor del

presente Convenio Colectivo, de forma voluntaria, mediante práctica habitual, acuerdo

individual o colectivo, pacto de centro, o por sentencia, resolución o acuerdo judicial, ya

viniese abonando o tuviera que abonar, mediante cualquier concepto o fórmula

retributiva, una compensación económica por las circunstancias descritas con

anterioridad, dichas compensaciones económicas quedarán compensadas y absorbidas

con el abono del citado plus de conservación, total o parcialmente según corresponda.

c) Regulación transitoria.–El personal al que se refiere el apartado 1.a) que a

fecha 1 de enero de 2023 estuviese prestando servicios en contratas de conservación de

mantenimiento de carreteras licitadas con anterioridad al 27 de septiembre de 2017, y

que no estuviese percibiendo el Plus de Conservación en Contratas de Mantenimiento

de Carreteras, comenzará a percibir a partir del 1 de enero de 2023 los indicados 4 euros

por día efectivo de trabajo, o la parte proporcional que corresponda si la jornada

ordinaria efectivamente trabajada fuese inferior a la de una persona trabajadora

equivalente a jornada completa; le será igualmente de aplicación lo establecido en el

párrafo tercero del apartado 1.a).

2. En aquellos centros de trabajo, cuando por necesidades del servicio y decisión

organizativa de la empresa, se hubiera implantado o fuera necesario establecer un

sistema de guardias, retén, disponibilidad y/o sistemas de vialidad invernal en contratas

de mantenimiento de carreteras, se pactará entre la empresa y la representación legal de

las personas trabajadoras el sistema de compensación para las personas trabajadoras

afectadas por estas circunstancias.

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En el caso de que la empresa ya viniese compensando por cualquier concepto o

denominación a las personas trabajadoras por las circunstancias descritas en el párrafo

anterior, en virtud de acuerdo, pacto o práctica habitual, se entenderá cumplida la

estipulación anterior, manteniéndose vigentes dichas compensaciones.

Disposición adicional quinta. Acreditación de la formación en materia de prevención de

Disposición adicional quinta. Acreditación de la formación en materia de prevención de

riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas.

Lo dispuesto en el artículo 153 respecto de la acreditación en materia de prevención

de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas entrará en vigor a partir

del 1 de enero de 2018.

Disposición adicional sexta. Sistema de Cualificación Profesional del Sector de la

Disposición adicional sexta. Sistema de Cualificación Profesional del Sector de la

Construcción.

Los firmantes entienden que es necesario conocer las necesidades de formación del

sector a efectos de dotarlo de una apropiada oferta formativa que cubra la demanda de

profesionales. Para ello, con el apoyo técnico y administrativo de la Fundación Laboral

de la Construcción, se plantea mejorar la evaluación de necesidades mediante un

estudio integrado sectorial de formación y certificación de la profesionalidad cuyo

objetivo sería identificar las obsolescencias o ausencias en relación con las unidades de

competencia de las cualificaciones del Sistema Nacional de las Cualificaciones y

Formación Profesional (SNCFP) y de los certificados de profesionalidad del sector de la

construcción.

Asimismo, en los supuestos de competencias relevantes para el sector en las que no

exista certificación de carácter oficial, la Fundación Laboral de la Construcción hará una

propuesta de un sistema complementario de certificación basado en estándares de

procedimiento y evaluación reconocidos a nivel nacional e internacional.

Por último, las partes se comprometen a impulsar la certificación de la

profesionalidad de las personas trabajadoras, permitiendo su participación en las

pruebas de evaluación que se convoquen por los organismos públicos competentes, de

este modo la Comisión Paritaria, solicitará, entre otros organismos, al Servicio Público de

Empleo competente la convocatoria de las pruebas de evaluación, reconocimiento y

acreditación de la competencia profesional que se consideren necesarias de acuerdo

con el artículo 10.5 del Real Decreto 1224/2009, de reconocimiento de las competencias

profesionales adquiridas por experiencia laboral, o normativa vigente de aplicación.

Disposición adicional séptima. Modificación de disposiciones legales relativas a planes

Disposición adicional séptima. Modificación de disposiciones legales relativas a planes

y fondos de pensiones

1. Si se modificasen las disposiciones legales relativas a planes y fondos de

pensiones, y ello afectase, directa o indirectamente, al régimen, sistema o diferenciación

de contribuciones empresariales a realizar por las entidades promotoras al Plan de

Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción, la Comisión

Negociadora del presente Convenio se reunirá en el plazo máximo de treinta días, a

contar desde la publicación de la disposición legal en el «Boletín Oficial del Estado»,

para adecuar el presente Convenio a la norma resultante de la modificación.

Si finalmente no se lograse un acuerdo en el plazo de quince días:

a) Se procederá a la terminación y liquidación del Plan de Pensiones, decisión que

se encuentra atribuida a la comisión negociadora del presente Convenio en el

artículo 43.1.d) del Reglamento de Especificaciones.

-- 146 of 214 --

b) Se dará nueva redacción al artículo 55 del presente Convenio, quedando de la

siguiente manera:

«Artículo 55. Incrementos económicos.

1. Las tablas provinciales del año 2021 y vigentes durante el ejercicio se

actualizarán en un 4,00 por 100 con efectos desde el día 1 de enero de 2022, las

vigentes en 2022 se actualizarán en un 3,00 por ciento con efectos del día 1 de

enero de 2023 y las vigentes en 2023 se actualizarán en un 3,00 por ciento con

efectos del día 1 de enero de 2024.

2. El importe de las dietas y medias dietas de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 82.6 del presente Convenio se fijará en el marco de los respectivos